Los socialistas revolucionarios tenemos nuestra propia valoración sobre el tema de las inhabilitaciones, como también la tenemos sobre el tema de la corrupción en general. Esta última es inherente al sistema capitalista y es uno de los mecanismos que permite que la burocracia funcione al servicio del mejor postor, en otras palabras, la burguesía, aquella […]
Los socialistas revolucionarios tenemos nuestra propia valoración sobre el tema de las inhabilitaciones, como también la tenemos sobre el tema de la corrupción en general. Esta última es inherente al sistema capitalista y es uno de los mecanismos que permite que la burocracia funcione al servicio del mejor postor, en otras palabras, la burguesía, aquella clase conformada por grandes banqueros, terratenientes, empresarios nacionales y transnacionales, en fin, los propietarios del capital. Para combatir la corrupción no basta con perseguir individualmente a algunos ladrones de cuello blanco; además de propinar castigos ejemplarizantes a los corruptos es necesario combatir la raíz de esta lacra, y ella se encuentra en la división de nuestra sociedad en clases, en propietarios y desposeídos, explotadores y explotados. Una sociedad fundada sobre el robo legal de la gran mayoría del pueblo por parte de una minoría de capitalistas, siempre tenderá a tolerar el robo ilegal. La explotación y la corrupción son dos cabezas de la misma hiedra.
El debate público sobre las inhabilitaciones ha estado lleno de hipocresía, pues en él se enfrentan hasta ahora caimanes del mismo pozo. La derecha defiende a sus corruptos y candidatos, en su mayoría, personajes siniestros que organizaron el golpe proimperialista, el sabotaje a PDVSA y las guarimbas, mientras el gobierno dice que pelea contra la corrupción, pero mantiene a sus propios corruptos a buen resguardo de las inhabilitaciones y de cualquier otra sanción, mientras que pasa factura inhabilitando a los que no siguen a «pie juntillas» las órdenes del comandante y del PSUV.
Frente a la derecha y al reformismo del «socialismo del siglo XXI», los revolucionarios planteamos que es ridículo que los golpistas y corruptos derramen lágrimas de cocodrilo por la suerte de sus candidatos sancionados, pues carecen de la moral necesaria para defender unas reivindicaciones democráticas que han hecho todo por destruir a lo largo de este proceso revolucionario. Pero al mismo tiempo subrayamos que las inhabilitaciones no forman parte de lucha alguna contra la corrupción, y no merecen la confianza del pueblo trabajador.
Vale recordar que este gobierno llegó al poder poniendo como una de sus principales banderas la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no ha habido la voluntad política en todos estos años para tomar medidas significativas en contra de la corrupción administrativa, al punto en que hoy nadie puede sostener que a nueve años de gobierno tengamos un Estado menos corrupto. Como tampoco se hizo absolutamente nada frente a los golpistas que intentaron liquidar la revolución el 11 y 12 de abril; que asesinaron a centenares de personas en esos aciagos días; los mismos que con un Cristo en la mano el Presidente perdonó para que luego organizaran el paro patronal y el sabotaje a PDVSA, causando inmensas penurias a nuestro pueblo. El decreto de amnistía promulgado el pasado diciembre es el «punto final» del gobierno fernte a este tema. Este es el marco de impunidad que reina en el país, y del cual se benefician corruptos y golpistas.
La ratificación de Clodosvaldo Russián en la Contraloría es una de las muestras más claras de que el gobierno no sólo no quiere «revisar, «rectificar», o «reimpulsar» nada en esta materia, sino que ratifica la política de «hacer y dejar hacer». Por absurdo que pueda parecer, a los ojos del gobierno, Russián hizo tan bien su trabajo que mereció la ratificación en el cargo.
El gobierno no tiene una política contra la corrupción, pero sí tiene una política contra la participación política de líderes sindicales independientes, como Orlando Chirino, William Díaz, Armando Guerra, entre otros, a quienes a través de despidos ilegales se les impide hacer vida sindical en sus espacios naturales. Esta no es la única manera en la que se impide la participación política de los revolucionarios. La inscripción en el CNE de nuestro partido, la Unidad Socialista de Izquierda, ha sido rechazada arbitrariamente, pese a que hemos consignado todos los requisitos necesarios para tal fin.
Aún cuando hoy las inhabilitaciones se usen en contra de algunos golpistas y corruptos de la derecha y de los partidos del gobierno, no confiamos en que quienes toman esas medidas no puedan buscar nuevamente algún subterfugio para impedir la participación política de líderes obreros y populares, y para ello valerse del precedente que sientan las actuales inhabilitaciones. En rigor, el gobierno limita la participación política de los revolucionarios y de todos los que luchan por sus derechos, a través de medidas administrativas. Esta tendencia tiende a profundizarse mientras avanza la llamada «alianza estratégica con la burguesía», ese conjunto de concesiones y pactos con el empresariado y los partidos de la derecha. Una muestra clara de lo que se trae esa alianza la vimos en el acto del 11 de junio con la crema de la burguesía venezolana, y ya en diciembre el anunciado pacto se expresó en la amnistía a los golpistas que han atentado contra el pueblo e intentado liquidar el proceso revolucionario.
Los golpistas y corruptos, de la IV y de la V, blancos, azules, amarillos, o rojos, rojitos, no sólo deberían estar inhabilitados, sino presos, con sentencias ejemplares.
Sólo los trabajadores, campesinos, estudiantes y el pueblo luchador, con nuestros sindicatos y organizaciones independientes, estamos llamados a continuar la lucha por nuestras reivindicaciones y por ejercer realmente el poder político, como única forma de hacer justicia y terminar con la impunidad reinante en el país. Confiando en nuestras propias fuerzas y energías revolucionarias será que podremos castigar a los golpistas vendepatrias y proimperialistas, así como a los corruptos y burócratas de la IV y de la V. Esta lucha comienza hoy, en la movilización por nuestras más importantes reivindicaciones; por salario digno, escala móvil, por vivienda, por educación y salud para todos y todas, por el derecho a la contratación colectiva, por empleo genuino y no precario, por el derecho a la sindicalización. Y esa pelea cotidiana empalma con la lucha por el socialismo, por acabar con la explotación capitalista, por el control obrero de las empresas, tierras y bancos. Para dirigir este proceso es urgente construir una organización política democrática de los trabajadores y el pueblo explotado, independiente del gobierno y los patronos, que enfrente todos los días, y en todos los terrenos, a los explotadores y a la burocracia corrupta. De esta manera daremos cuerpo a una política verdaderamente socialista frente a la estrategia de colaboración de clases del gobierno, la cual favorece por igual a golpistas y corruptos. Se trata, en definitiva, de una política de defensa de nuestros derechos en la perspectiva de la lucha por el socialismo sin patronos, burócratas, ni corruptos.