Un año más, la prestigiosa fundación de Washington, Pew Hispanic Center, ha presentado su estudio sobre el impacto de la inmigración ilegal en la fuerza laboral estadounidense. Y, un año más, los datos de estos expertos muestran que continúa la tendencia al alza. Y a muy buen ritmo, en 2005, el mercado del trabajo de […]
Un año más, la prestigiosa fundación de Washington, Pew Hispanic Center, ha presentado su estudio sobre el impacto de la inmigración ilegal en la fuerza laboral estadounidense. Y, un año más, los datos de estos expertos muestran que continúa la tendencia al alza.
Y a muy buen ritmo, en 2005, el mercado del trabajo de EEUU se vio reforzado por otros 400.000 ilegales, lo que habría llevado a este grupo a suponer ya el 5% de la población activa del gran país norteamericano. Las estimaciones del Pew Hispanic Center cifran en unos 12 millones de personas la dimensión total de este grupo de hombres y mujeres fuera de la ley. Aunque por la fuerte temporalidad de los puestos a los que pueden acceder, sólo el 60% de esta cifra, unos 7,2 millones tendría trabajo en cada momento concreto. Además, su aportación resulta vital e irremplazable para muchos sectores productivos.
Por ejemplo, el agrícola. En este sector cerca del 20% de los trabajadores serían ya inmigrantes ilegales. Pero no es el único. También se beneficia la limpieza donde los ilegales ya suponen el 17% del total, la construcción, un 14%, o la hostelería, un 12%. Y, a pesar de esa realidad los legisladores estadounidenses se disponen a aprobar una proposición de ley que penalizaría a los empresarios que contrataran a los trabajadores extranjeros que habiten en EEUU y que no tengan permiso de residencia. Una iniciativa que no comparten, por supuestos, los afectados.
Desde algunos sectores, como la Asociación Nacional de Restauradores, por ejemplo, se ha contestado con virulencia esta iniciativa. En un comunicado oficial, los dueños de los restaurantes estadounidenses han explicado que » a ellos les gustaría cumplir la ley», pero la situación se lo impide. En su sector, trabajan ahora mismo más de 12,5 millones de personas y, según sus previsiones, este número va a aumentar un ritmo del 15% anual en los próximos tres años. Simplemente no hay estadounidenses puros y duros interesados en los puestos.
De ahí la situación irregular de unos trabajadores que podrían dejar de ser ilegales con un simple cambio en la ley que ligara los permisos de residencia a los contratos de trabajo. Eso es lo que, según estos empresarios, marcaría la lógica. Pero los tiempos políticos son otros y la oposición al proceso de «afloramiento y regularización» de la mano de obra ilegal que se propone desde muchos ámbitos tiene ahora mucha fuerza en el Congreso y el Senado, donde las mayorías republicanas quieren ahora imponer una ley aún más restrictiva que la actual, contra la que ya ha habido manifestaciones numerosas en todo el país.
Washington, incluido. Otros datos del informe del Pew Hispanic Center muestran que el 93% de los ilegales consigue trabajar al mes de haberse introducido en el país, lo que demostraría que el mercado laboral estadounidense necesita a estos operarios. También que el 56% del total de los ilegales ha llegado desde México y otro 22% desde el resto de Latinoamérica. Pero en los últimos años han aumentado de nuevo los flujos migratorios procedentes de Asia y este grupo ya alcanza el 10%.