La Revolución Bolivariana está siendo sometida últimamente a uno de los ataques más despiadados por parte del capital transnacional y el cipayaje interno. La caída tendencial de la tasa de ganancia del capital imperial, así como los altos costos del petróleo no convencional extraído en los países desarrollados, empujan a los países hegemónicos del capitalismo, […]
La Revolución Bolivariana está siendo sometida últimamente a uno de los ataques más despiadados por parte del capital transnacional y el cipayaje interno. La caída tendencial de la tasa de ganancia del capital imperial, así como los altos costos del petróleo no convencional extraído en los países desarrollados, empujan a los países hegemónicos del capitalismo, a clavar sus garras en el territorio venezolano, fuente inagotable de recursos naturales apetecidos por el aparato productivo del capital céntrico, siendo el petróleo, la joya más preciada que persigue el capital en estas latitudes. El costo de un barril de petróleo extraído con la técnica del fracking anda rondando los 100 dólares y, en la medida que se pase a yacimientos más difíciles de penetrar, este costo se elevara indiscutiblemente. Con semejante precio del barril, la recuperación de la tasa de ganancia en las economías centrales resulta ilusoria. Esta realidad echa por tierra la teoría conspirativa que intenta explicar la caída de los precios petroleros como producto de una política yanqui destinada a perjudicar los grandes productores de crudo como Rusia, Irán y Venezuela. Por consiguiente, la caída estrepitosa del barril en los últimos meses sólo se explica por la dinámica de la producción capitalista, donde la caída tendencial de la tasa de ganancia resulta insoslayable a la hora de explicar dicho fenómeno.
Frente a la prolongada recesión de las economías desarrolladas que se viene produciendo desde 2008, el poder hegemónico del capital, con el fin de darle solución de continuidad a la misma, ha dictado la orden de capturar los recursos energéticos de la periferia del sistema, utilizando la llamada «estrategia integral de guerra», donde se combinan todos las modalidades de combate, o sea, Guerra de Cuarta Generación, donde el terrorismo económico es uno de los expedientes más eficaces. Los casos de Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, entre otros, son indicativos de que el imperialismo está decidido a llevarse por delante las soberanías nacionales de los pueblos poseedores de recursos naturales, como expediente para abaratar la composición orgánica del capital y revertir la caída de la tasa de ganancia
En atención a lo expuesto hasta aquí, resulta urgente declarar la Guerra de Todo el Pueblo en defensa de la Independencia de suelo patrio, tal como lo plantea el Plan Patria 2013-2019 en su primer Objetivo Histórico. El imperio viene a liquidar la soberanía territorial para apoderarse de las inmensas reservas petroleras que anidan en subsuelo venezolano. Obviamente, esta defensa debe descansar en la más sólida alianza cívica-militar que implemente todas las modalidades de guerra, para darle sustantividad a la defensa militar del país. En este orden de ideas, la formación teórica del pueblo en relación a la dimensión histórico-económica de nuestra sociedad debe ser prioritaria. Un soldado armado del conocimiento histórico y de la economía política petrolera será un David frente al Goliat imperial. Igualmente, el sector civil armado con estas herramientas teóricas, podrá fácilmente develar los intereses estratégicos y coyunturales de los enemigos históricos de la patria. De no dársele esta formación ideopolìtica al pueblo, serán muchos los civiles y militares seducidos por el discurso ideológico neoliberal, barnizado de democracia y xenofobia.
Históricamente, la defensa de la soberanía de nuestros recursos naturales ha estado en manos del estamento militar principalmente. En tal sentido, fue el gobierno del General Juan Vicente Gómez(1908-1935) el que inició la batalla por nuestra soberanía petrolera, promulgando la Ley de Hidrocarburos de 1920, donde se dejó sentado el principio jurídico de la propiedad nacional estatal, facultando al estado venezolano a cobrar una renta del suelo a todos los empresarios extranjeros que explotasen este recurso natural. Con semejante precepto jurídico la nación se armó institucionalmente para comenzar un conflicto con el capital arrendatario petrolero, que se decidiría a favor de nuestro país en la séptima década del pasado siglo. Petróleo gratis para los nacionales y caro para los extranjeros, ese fue el legado de la dictadura gomecista del que hoy es beneficiaria la Revolución Bolivariana.
El gobierno del General Eleazar López Contreras (1936-1941) dio un paso más en la defensa de la soberanía petrolera, cuando intentó arrancarle más renta del suelo a las compañías concesionarias, con el fin de invertirla en el desarrollo económico del país (siembra del petróleo). Sin embargo, aunque no pudo lograr su cometido, dejó sembrada en la conciencia nacional, la idea de que el país poseyendo soberanía política podía legislar sin trabas la materia petrolera en beneficio de los altos intereses nacionales. Esta idea sería acogida por su sucesor, el General Isaías Medina Angarita.
Con la administración medinista (1941-1945), la defensa de la soberanía petrolera llegó a los altares. Siendo todavía un pobre país de poca población y débil integración territorial, este gobierno obtuvo sobre del capital imperialista, uno de los más sonados triunfos en materia de defensa de nuestro recurso natural exportable. La concreción de esta gesta fue la Reforma Petrolera de 1943, cuyas variables ideopolìticas y económicas fueron las siguientes:
1.-Se del impuso al capital imperialista la ideas de que nuestro estado poseía soberanía política, y en consecuencia podía darse una legislación petrolera sin pedirle permiso a ningún poder foráneo.
2.-Se le impuso al capital imperialista la soberanía jurídica de nuestro país. En otras palabras, los conflictos entre el Estado y las concesionarias se resolverían en los tribunales nacionales.
3.-Se le impuso al capital imperialista la soberanía impositiva petrolera del Estado venezolano. El estado podía decretar impuestos petroleros cuando los considerara pertinentes, sin pedirle permiso a ningún hegemòn. Con este fin había promulgado la Ley de Impuesto Sobre la Renta en 1942.
4.-Se obligó al capital imperialista petrolero a refinar una cantidad de crudo en territorio nacional. De aquí nacieron las refinarías de Cardón y Amuay en Paraguaná.
5.-Por vez primera en la historia, los obreros petroleros hicieron a un lado sus luchas gremiales y se sumaron a la batalla del gobierno medinista por la defensa del recurso natural petróleo.
6.-El General Medina fue el primer presidente venezolano que utilizó el petróleo como arma geopolítica, cuando amenazó a los Aliados que luchaban contra Hitler, de no mandarles más petróleo si no reconocían la soberanía venezolana en la Cuestión Petrolera. Frente a tal amenaza, los poderes imperiales obligaron a sus compañías petroleras, a negociar con la administración medinista, un nuevo arreglo petrolero.
7.-Con la Ley Petrolera de 1943, la participación fiscal del estado venezolano en el negocio petrolero llegó a un 60 por ciento a su favor; participación que se vería desmejorada a partir de 1945, con el 50/50 propuesto por la Standard de Rockefeller y defendido por los adecos.
Al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), le toco enmendar los entuertos de la política petrolera del Trienio Adeco (1945-1948). La política petrolera adeista fue un salto atrás, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, si la comparamos con la del general Medina Angarita. En relación a la participación fiscal del Estado, los adecos, obedeciendo los dictados de la Standard, la rebajaron a un 50/50, cuando el Medinismo la había llevado a un 60/40 a favor de la nación. Pero lo más grave fue que los adecos se comprometieron con las compañías concesionarias, a no modificar el régimen impositivo si consultarles previamente, perdiéndose así, la soberanía impositiva del Estado, lograda en el gobierno anterior. Ese entuerto se supo en 1958 cuando el presidente Edgar Sanabria elevó de nuevo la participación del Estado en los ingresos petroleros a un 60/40.
Le correspondió al gobierno perezjimenista, ponerle fin a la política de NO MAS CONCESIONES, que los adecos hicieron pasar como bandera nacionalista petrolera, cuando en realidad, esta también fue una consigna de las Siete Hermanas que persiguió cerrarle el paso al capital petrolero independiente competidor, achicando de paso las posibilidades de un incremento de la renta a favor del Estado. Cuando Pérez Jiménez abrió una nueva etapa de concesiones petroleras a las compañías independientes en los años cincuenta, no solamente liquidó una de las conquistas del capital imperialista petrolero en estas tierras, sino que también, logró regalías hasta de un 25 por ciento del crudo extraído; muy por encima del 16 1/3 por ciento que pagaban la Siete Hermanas. El perezjimenismo intento así, rescatar la soberanía impositiva y política petrolera que los adecos habían comprometido en su Gobierno. Aun más, se le exigió al capital concesionario que aumentara la cuota de crudo a refinar en el país. Por último, correspondió también al perezjimenismo echar las bases de la futura OPEP, cuando en 1949 el gobierno envió una misión(integrada por antiguos medinistas) al Cercano Oriente, con la finalidad de dar a conocer a los países árabes exportadores de petróleo, las ventajas que había logrado nuestro país en sus arreglos con el capital monopolista petrolero. La prehistoria de la OPEP, fue también un logro de la política petrolera del general Marcos Pérez Jiménez. Por estas circunstancias, el régimen perezjimenista perdió el apoyo del imperio.
De esta tradición militar-hidrocarburera, silenciada hasta el presente, se va a nutrir el nacionalismo petrolero adeco/copeyano del periodo puntofijista para rematar con éxito, la culminación del periodo concesionario, basado en las empresa internacionales. Sin embargo, este nacionalismo fue menos radical que el de Medina Angarita. La misma creación de la OPEP de indiscutible origen militar y de naturaleza anticapitalista, ha sido escamoteada por la historiografía adeco e izquierdista del país.
En el primer lustro de la década del setenta de la pasada centuria, la OPEP llevo la renta absoluta a limites siderales, cuando producto de las guerras arabe-israeli y del embargo petrolero árabe, los precios petroleros alcanzaron niveles prohibitivos para la acumulación de capital en los países desarrollados. La reacción del imperio ante semejante amenaza, fue decretar el fin del periodo concesionario, en el cual habían sido absolutamente derrotados por los países exportadores y en su lugar, imponer el régimen petrolero ingles del Mar del norte, de raigambre neoliberal y totalmente a favor de los países consumidores de petróleo.
En Venezuela, el capital imperialista petrolero puso fin al periodo concesionario, cuando en 1983 le propuso al presidente Rafael Caldera, la nacionalización de la industria petrolera. Por consiguiente, la nacionalización no fue producto de un movimiento de fuerzas internas, sino que fue un dictado de los intereses imperialistas. La nacionalización devino así en toda una declaración de guerra del capital imperial al Estado venezolano. A partir de 1976 las compañías transnacionales petroleras, afincándose en la empresa nacional petrolera (PDVSA) y su gerencia meritocratica, comenzarían la implementación del régimen petrolero inglés, sepultando la soberanía política, jurídica, impositiva alcanzada entre 1920 y 1975. Por supuesto, la implementación de este nuevo régimen significó que la renta petrolera percibida por el Estado se redujera a su mínima expresión en beneficio de la tasa de ganancia del capital arrendatario. La regalía fue rebajada del 16 2/3 al 0,0-1,0 por ciento. El impuesto sobre la renta que pagaban las empresas en el periodo concesionario fue rebajado al 34 por ciento. Esta fue la época de la PDVSA aperturista que regaló el petróleo venezolano a los países ricos consumidores, empezando por la Faja del Orinoco que a fin de cederla a precio de gallina flaca al capital imperial, la denominaron Faja Bituminosa para venderla como carbón. Si esta política petrolera no fue una traición a la patria, estuvo bastante cerca de serlo.
El desmadre antinacional de la meritocracia petrolera, apoyado por el bipartidismo adecocopeyano agonizante, no encontró resistencia en el mundo militar, a pesar del nacionalismo radical del militarismo precedente. Entre 1976 y 1992 un manto de silencio cubrió la actividad petrolera nacional y PDVSA se convirtió en una caja negra. Las universidades y los medios de comunicación fueron ganados por la meritocracia petrolera para que no denunciaran su entreguismo de pedazos de soberanía nacional. La ilusión de armonía social creada por el bipartidismo adecocopeyano parece que adormeció la conciencia nacionalista del estamento militar.
Sera a partir de 1992 con la rebelión del 4 de febrero cuando reapareció el viejo militarismo nacionalista petrolero de la mano de los llamados COMACATES, mas pasional que científico, pero nacionalista al fin, enfrentado a la meritocracia cipaya. Todavía por estos años nuestros militares patriotas y rebeldes, consideraban que el problema petrolero de la patria, estaba más en el destino de la renta que en el origen de la misma. Consideraban que Venezuela era un país rico pero en manos de una clase política corrupta. PDVSA era concebida como una empresa estatal consustanciada con los altos intereses nacionales. Una vez alcanzado el poder en las elecciones de 1998, el comandante Chávez se llevó la sorpresa de su vida: descubrió que PDVSA era una empresa del imperio.
A partir del golpe militar y del paro petrolero, el comandante Chávez comenzó a descifrar la ecuación petrolera del país; entendió que con la PDVSA meritocràtica y aperturista no podía gobernar y lo que fue aun más importante, entendió que sus planes de redención social del pueblo venezolano, reclamaban una política petrolera enraizada en las mejores tradiciones del militarismo petrolífero venezolano. De nuevo la vieja idea de la propiedad nacional estatal nacida en el Gomecismo de la mano del coriano Pedro Manuel Arcaya, fue rescatada, pero ahora para ponerla al servicio de las clases más humildes del país. La concreción de este nuevo jalón de nuestra historia petrolera dirigida por la mano militar, se plasmó en la Ley de Hidrocarburos de 2001 y el Plan Patria 2013-2019. De nuevo la nación rescataba la soberanía política, jurídica e impositiva que nos habían legado nuestros militares del siglo XX. Con la Revolución Bolivariana el nacionalismo petrolero fue llevado a los altares y la defensa de la OPEP alcanzó ribetes religiosos. El petróleo volvió a esgrimirse como arma geopolítica pero ahora en beneficio de todos los pueblos del continente americano y en contra de los poderes imperiales; la renta petrolera fue puesta al servicio del pago de la deuda social del pueblo. Con Chávez la historia se hizo ingeniería social.
Si tenemos en cuenta el devenir petrolero venezolano, entonces debemos admitir que a los militares bolivarianos del presente hay que formarlos en la historia y en la economía política petrolera; con esta formación la conciencia nacionalista de nuestros militares avanzaría hacia la conciencia de clases, en defensa de las clases humildes de este país, que desde los tiempos coloniales vienen luchando por su definitiva redención social. Definitivamente, un soldado sin cultura petrolera será fácilmente vencido por los enemigos de la patria.
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