Después de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), el gobierno federal da señales de que va a defender más vehementemente una propuesta para la regulación de los medios de comunicación, en especial los medios de radiodifusión (radio y TV), y ya comienza a atraer críticas de la oposición […]
Después de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), el gobierno federal da señales de que va a defender más vehementemente una propuesta para la regulación de los medios de comunicación, en especial los medios de radiodifusión (radio y TV), y ya comienza a atraer críticas de la oposición y de los medios de comunicación oligárquicos, que afirman que la medida es una censura a la libertad de expresión. Para el gobierno, la regulación del sistema democrático de los medios de comunicación, al lado de la reforma política, es una de las prioridades del nuevo mandato.
De acuerdo con la presidenta Dilma, «en Brasil, se intenta confundir esta regulación económica con el control de contenido, y una cosa no tiene nada la ver con la otra; el control de contenido es típico de las dictaduras; la regulación del punto de vista económico sólo impide que las relaciones de oligopolio se instalen». Actualmente en Brasil las concesiones de radio y TV se concentran en las manos de sólo cinco grandes grupos controlados por familias (Globo, SBT, Record, Band y Red TV), cuando el artículo 220 de la Constitución Federal veda cualquier tipo de monopolio u oligopolio en la radio y en la TV.
En entrevista con Adital, el secretario ejecutivo del Forum Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC), Pedro Vilela, explica lo que dispone el Proyecto de Ley de Iniciativa Popular (PLIP), que apunta a instituir la Ley de los Medios de Comunicación Democráticos en Brasil. Según Pedro, es preciso combatir la propiedad privada de los medios de comunicación, pues «esa concentración económica impide la pluralidad de voces, así como la falta de contenido viola la diversidad.» Cuando se habla de democratizar los medios de comunicación, los sectores más conservadores como los empresarios de la comunicación, la tachan como censura, lo que es falso. Es preciso ampliar el derecho a la comunicación, preservando la libertad de expresión, resalta Pedro.
Argentina
Batalla semejante viene siendo enfrentada hace ya algunos años por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, con el grupo de comunicación Clarín. En Argentina, la nueva Ley de Medios de Comunicación cumplió cinco años, ahora en octubre. Uno de los objetivos de la Ley es combatir los monopolios de los medios de comunicación, facilitando el acceso de nuevos grupos a canales de radio y/o TV, principalmente en el interior del país. Como resultado, ya se otorgaron 1.200 nuevas autorizaciones y licencias para funcionamiento de radios (AM o FM) y TVs (abiertas o cerradas) en Argentina.
«La sociedad necesita entender que la comunicación, así como la salud y la educación, es un derecho garantizado, es un derecho a la diversidad y a la pluralidad. Siendo derecho, no puede ser objeto de concentración. Son necesarias políticas públicas para superar este modelo», refuerza Vilela, reforzando que entregó el PLIP a todos los presidenciables, durante las últimas elecciones.
Irregularidades
Actualmente, sin la debida fiscalización, se observan irregularidades variadas en la actuación de los medios de comunicación, como más del 25% del tiempo de programación (radios y TVs) destinadas a publicidad (cuando la ley prevé un límite de 20%), licencias vencidas hace más de 20 años sin pedido de renovación y subalquiler de horarios (por ejemplo, los canales que difunden cultos religiosos o ventas de productos las 24 horas).
El artículo 54 de la Constitución prohíbe, por ejemplo, el control de concesionarias por políticos, pero, según el estudio Dueños de Medios de Comunicación (2010), más de 270 políticos eran socios o directores de emisoras de radiodifusión. Muchos canales también difunden contenido comercial y se declaran educativos, como una forma de burlar la legislación y no pasar por licitación. Otra ocurrencia común es el subalquiler de la programación, cuando lo previsto en la ley vigente es sólo el lucro a través de la publicidad.
Cambios necesarios
Los principales cambios, según Vilela, del FNDC, serían: la reglamentación de los artículos 5, 21, 221, 222 y 223 de la Constitución Federal. «Es preciso, por ejemplo, estimular cupos para programas educacionales y regionales, ya que, actualmente, las producciones están muy concentradas en el eje Río de Janeiro-San Pablo», destaca.
Conforme lo propuesto en el PLIP, las concesiones, que son autorizadas por el Estado, tendrían validez de 15 años para las TVs y 10 años para las radios, siendo renovadas en proceso público, siempre que las emisoras respeten las reglas.
También es presentada una división de los sistemas de comunicación en tres tipos: público (emisoras de carácter público o asociativo-comunitario); privado (emisoras de entidades privadas) y estatal (emisoras vinculadas al Estado, que no atiendan a requisitos definidos para el sistema público, y responsables de transmitir actividades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Conozca el Proyecto de Ley de Iniciativa Popular y la Campaña Ley de Medios de Comunicación Democráticos, propuestos por el FNDC y apoyados por decenas de entidades de la sociedad civil. Cualquier persona puede participar directamente y bajar los materiales de la campaña.
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=83158