«Los acuerdos de Doha [de 2001], que permiten que un país se salte una patente cuando se declara una crisis sanitaria, están ahí. Lo que hace falta es que se empiecen a cumplir. No puede ser que los países más poderosos y la industria hagan de grupo de presión para saltárselos y no permitan que […]
«Los acuerdos de Doha [de 2001], que permiten que un país se salte una patente cuando se declara una crisis sanitaria, están ahí. Lo que hace falta es que se empiecen a cumplir. No puede ser que los países más poderosos y la industria hagan de grupo de presión para saltárselos y no permitan que lleguen fármacos baratos a quienes los necesitan». Vanessa López, directora de la ONG GlobalSida -organización centrada en la ayuda a los países pobres-, cree que la disputa entre India y Novartis debe marcar un «punto de inflexión» en el acceso de los países pobres a los medicamentos.
López, como los representantes de otras ONG -como Médicos sin Fronteras (MSF) e Intermón Oxfam, que lideran la campaña contra la farmacéutica- no dudan del derecho de las compañías a proteger sus productos. Pero cree que deben ceder cuando hay una situación de crisis en países pobres. «La India fabrica muchísimos de los genéricos que utiliza. Si gana Novartis y se le prohíbe fabricarlos, el precedente cortaría esa vía a otros países con graves problemas sanitarios, pero con capacidad para fabricar genéricos, como Brasil, Suráfrica o China».
López -que no tiene proyectos en India- admite también que puede que el Gobierno indio esté defendiendo a su industria nacional, como los laboratorios Ranbaxy o Cipla, que consigue beneficios fabricando genéricos -en verdad, lo que hace al saltarse la patente es producir las llamadas «copias», moléculas que aún no están libres de protección industrial-. «El resultado está ahí: el tratamiento contra el VIH ha pasado de costar más de 8.000 euros al año a menos de 140», afirma. Cree que en este debate los laboratorios no juegan limpio. «Patentan por 20 años, pero antes de que se cumpla el plazo sacan una variedad para extender el periodo de protección: una trampa», dice la directora de GlobalSida.
La solución, aparte del caso del Glivec, está en «respetar los acuerdos ADPIC [Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio]», que permiten que un país en determinadas circunstancias se salte una patente. «Pero esto no ha ocurrido nunca», afirman portavoces de MSF. Según las ONG, desde que se firmaron en 2001 no se han implementado en ningún momento. Las presiones de los países ricos y de sus laboratorios siempre han abortado los intentos de los países pobres de aplicarlos. Otras veces han actuado otras fuerzas de presión, como los acuerdos bilaterales, en los que se condiciona la ayuda al desarrollo a que los países firmantes respeten los derechos de patente.
Además, los laboratorios ofrecen muchas veces productos a bajo precio, pero que las ONG no consideran suficientes. «No basta con que den los tratamientos de primera línea [los que se recetan al principio]. Necesitamos también medicamentos de segunda línea contra el sida o la tuberculosis, y los laboratorios no los rebajan porque son los últimos que han sacado y es donde obtienen sus beneficios», afirman en MSF.