Desde el 11-S, «paraísos fiscales» y «sociedades off shore» son conceptos que han entrado en el vocabulario común, como los instrumentos que permiten a los terroristas financiar sus actividades. Sin embargo hay quien opina que el terrorismo no es único mal que propician. La tesis que defiende el libro «Los paraísos fiscales», de Juan Hernández […]
Desde el 11-S, «paraísos fiscales» y «sociedades off shore» son conceptos que han entrado en el vocabulario común, como los instrumentos que permiten a los terroristas financiar sus actividades. Sin embargo hay quien opina que el terrorismo no es único mal que propician. La tesis que defiende el libro «Los paraísos fiscales», de Juan Hernández Vigueras, es que los servicios que las sociedades domiciliadas en estos lugares ofrecen a los hombres de negocios de traje y chaqueta son también dañinos para el conjunto de la sociedad.
Para escribir su obra, Vigueras se ha basado en datos disponibles en informes públicos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Pagos (BIS) e incluso la Oficina Antiterrorismo del Gobierno de EEUU, «entidades que no son sospechosas de izquierdismo», según las palabras del autor en la presentación de libro en Madrid, el pasado día 26.
Cada año entre 11.000 y 12.000 millones de dólares (90.091 y 9.917 millones de euros) acaban en los paraísos fiscales, lo que supone una pérdida de recaudación por parte de los Estados calculada en más de 250.000 millones, según datos ofrecidos por Vigueras quien citó una investigación de la Red de Justicia Fiscal. Estas cifras se refieren únicamente a los fondos transferidos por individuos cuyo capital supere el millón de dólares. Es decir, que no incluye el dinero gestionado por las sociedades off shore instrumentales de las grandes corporaciones internacionales.
Los datos esgrimidos por Vigueras son iluminadores. En las Islas Vírgenes Británicas, donde viven 21.000 personas, en 2003 estaban registradas cerca de 350.000 de estas compañías entre cuyas particularidades, además de la exención fiscal, está también la falta de obligación de identificar a sus accionistas. En el mismo año, las tasas de registro de estas compañías suponía el 55% del total del PIB de las islas inglesas, donde se concentra el 45% del mercado mundial off shore.
Desde 1994 se han introducido dos limitaciones a las actividades que pueden realizar estas sociedades: no pueden hacer negocios en las Islas y deben tener por lo menos un representante en el territorio. Sin embargo, según un informe de la CIA, en 1994 en las Vírgenes Británicas había tan solo 90 representantes.
Debate ideológico. Vigueras es miembro de la sección madrileña de Attac, el movimiento social conocido como impulsor de un impuesto global sobre las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin. En la presentación de su libro le acompañaban el presidente de Attac Madrid, Ricardo García Zaldívar, y el periodista Joaquín Estefanía, ex director del diario español El País. Los tres coincidieron en que el discurso sobre los paraísos fiscales tiene que enmarcarse en una reflexión más general sobre la sostenibilidad del modelo económico que prevalece actualmente a lo largo y ancho del planeta. Attac cree que este modelo no es sostenible y vierte sus críticas en tres ámbitos. Desde el punto de visto económico, según este movimiento, se está produciendo un traspaso de los recursos de los sectores productivos a los financieros y especulativos. Las sociedades off shore, que no producen nada y ni siquiera tienen una plantilla de trabajadores, son un ejemplo perfecto de esta situación.
En el ámbito social, la vigente interpretación y aplicación del modelo neoliberal está profundizando las diferencias entre ricos y pobres dentro de los países y también entre naciones. El síntoma más evidente de esta situación es el incremento de los flujos migratorios hacia los llamados países del primer mundo, pero también los que se están produciendo en el África subsahariana, donde millares de personas fustigadas por la sed andan kilómetros a través del desierto en búsqueda de un sitio donde sobrevivir.
Finalmente, desde el punto de vista medioambiental, el actual modelo económico está llevando a la disipación de los recursos naturales, mientras los intereses consolidados de los grandes potentados económicos impiden el desarrollo de fuentes de energías renovables o modelos de producción menos contaminantes.
La globalización, según indicó Estefanía, atribuye grados diferentes de libertad de movimiento a los distintos componentes del sistema. Dicha libertad es absoluta para el capital, relativa para bienes y servicios y limitada para las personas. Ahora bien, los eventos recientes demuestran que tanto la libertad de movimiento de las personas como las de bienes y servicios está sufriendo recortes. El miedo a la avalancha migratoria está provocando que incluso la UE, tradicionalmente mejor dispuesta a acoger extranjeros en sus fronteras, está pensando en medidas cada vez más drásticas para limitar los flujos de inmigrantes. Paralelamente, los países son más propensos a poner en marcha medidas proteccionistas para defender sus productos de la competencia extranjera. Sin embargo, el movimiento de capitales sigue sin sufrir prácticamente ninguna restricción y esto pese a que la «guerra contra el terrorismo» emprendida por Washington tras los ataques a las Torres Gemelas incluyera el combate a las fuentes de financiación del terrorismo.
Impotencia. El libro de Vigueras sostiene la tesis que los propios Estados son cada vez menos competentes para atacar este problema, cuya dimensión global traspasa los confines de Estados y países. Los organismos internacionales han dejado de ofrecer el dato relativo a cuánto dinero se mueve diariamente en el mercado de divisas, pero las últimas cifras disponibles hablaban de dos billones de dólares. Estos movimientos de capitales son especulativos, pero no ilegales. La voluntad de los Estados de impedir la financiación terrorista mediante los paraísos fiscales choca con que cualquier limitación a las libertades de estos territorios conllevaría recortes a las ganancias de los capitales especulativos. Una opción que la mayoría de los gobiernos no parece dispuesta a aceptar.
Como ejemplo de esta situación, Vigueras afirmó que tras el 11-S el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Paul O’Neel, tuvo que viajar personalmente a Liechtenstein, un pequeñísimo Estado de los Alpes y que goza de la cobertura del secreto bancario y de opacidad fiscal, para que las autoridades locales accediesen a revelar a EEUU los nombres de los propietarios de una cuenta bancaria sospechosa de haber acogido dinero terrorista.
Los medios, cómplices. Otro de los aspectos de este problema analizado en el libro de Vigueras es la manera en la que es tratado en los medios de comunicación. Para empezar, el autor critica la propia definición de paraíso fiscal, que se contrapone a la de «infierno fiscal que se aplica a las economías más avanzadas del norte de Europa, donde la carga fiscal» es muy elevada. «¿Paraíso e infierno para quién?» es la pregunta retórica de Vigueras, quien destaca cómo los medios confunden la ventajas de unos pocos con el bienestar general. En la perspectiva de Attac, si las rentas de capitales no pagan impuestos, los Estados contarán cada vez con menos recursos y esto provocará la desaparición del llamado Estado del bienestar.
Pero hay más. A veces, en vez de hablar de paraísos se habla de refugios fiscales, otra expresión que da la idea de algo que se pone a salvo de una agresión. De nuevo, serían los Estados con sus peticiones recaudatorias «el mal» del que hay que escapar. Por esta razón, Vigueras concluyó su intervención dejando claro que los paraísos fiscales «no son un problema económico, sino político e ideológico».