Los paraísos fiscales y su relación con las empresas españolas

Por todos es sabido que las grandes empresas suelen derivar parte de sus ingresos en los paraísos fiscales. En su opinión esto es una competencia desleal hacia las pequeñas y medianas. ¿En qué sentido?

El tema arranca de que los grupos empresariales y las corporaciones transnacionales, que tienen sucursales y filiales en diversos países, desarrollan una planificación global de su producción, de sus ventas y de sus recursos; y también una estrategia global para reducir sus costes fiscales, es decir, para disminuir al máximo el pago de impuestos, en particular en los países donde tienen sus sedes centrales o donde los impuestos son más altos. Para lo cual, entre otras cosas, constituyen sociedades instrumentales, ficticias, en paraísos fiscales; y a una de estas sociedades filiales, registrada en un país o territorio donde no pagan impuestos, como Jersey, imputan los beneficios obtenidos por la corporación o el grupo empresarial en diferentes países. Es lo que se llama «transferencia de precios». En otros casos, esa reducción de costes la logra la corporación o grupo empresarial obteniendo financiación barata, a través de diversos mecanismos que ofrecen esos llamados centros «offshore», como se detalla y se explica en mi libro «Los paraísos fiscales», con el que he intentado que se conozca la trascendencia económica de todo esto que esta pasando en perjuicio de la economía productiva. Por tanto, cualquiera que sea el sector, las empresas pequeñas y medianas que intervienen solamente en el mercado local o nacional, carecen de esas posibilidades y sufren la competencia desleal de los grandes grupos y corporaciones transnacionales que logran, por esa vía, reducir sus costes y sus precios de venta; es decir, evadiendo legalmente los impuestos que las pymes sí tienen que pagar.

¿Tiene algún dato sobre si las pequeñas y medianas españolas «transfieren» parte de sus capitales a estos lugares?

Las pequeñas y medianas empresas, como tales, no son los clientes habituales de estas islas y enclaves geográficos considerados paraísos fiscales. Aunque puedan utilizarlos alguno de sus propietarios, que individualmente dispongan de elevados capitales propios. En todo caso, no se dispone de información financiera tan precisa que se pueda desglosar por la dimensión de la empresa. De las grandes empresas y bancos si, se dispone de datos tomados de sus memorias anuales. Precisamente, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, el problema es su falta de transparencia y la aplicación rigurosa del secreto bancario en esos centros financieros para no residentes, lo que da lugar a que formen parte de las redes que se crean para la falsear la contabilidad, como nos cuentan en los escándalos tan conocidos como Enron y Parmalat.

¿Cuánto dinero ha podido perder España en este sentido durante 2004?

Esos son los datos que ATTAC, la Asociación a la que pertenezco, lleva solicitando al Ministerio de Economía desde hace años. Falta información sobre los movimientos financieros que pasan por los centros llamados «offshore»; porque de esa información podría deducirse la cuantía que supone la evasión fiscal vía paraísos fiscales, que la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda considera que son uno de los «coladeros» del sistema fiscal español. Desde luego, se considera que está dentro del 21% de PIB que alcanza la economía sumergida en nuestro país. Hace dos años, el periódico Financial Times estimaba que la evasión fiscal en España generada por los paraísos fiscales estaba en torno al 10 % del PIB, del orden de los 60,000 millones de euros. Pero son sólo aproximaciones.

En el mundo existen 48 paraísos fiscales. En su opinión, ¿cuáles son los más «peligrosos» y por qué?

En el estudio que acaba de realizar un equipo de expertos para la Red por la Justicia Fiscal se contabilizan 70 centros financieros considerados paraísos fiscales. Desde luego, hay que aclarar qué se entiende por paraíso fiscal, antes de cuantificar el número. Porque esta expresión se utiliza a menudo creyendo que se sabe de qué se trata. «Paraíso fiscal» es un calificativo que se da a ciertos países y territorios que son técnicamente centros financieros «offshore» o extraterritoriales, porque ofrecen un marco legal especial, con bajos o nulos impuestos, para que las empresas, bancos o personas no residentes puedan, no sólo depositar dinero en sus bancos, sino realizar desde allí operaciones financieras mediante sociedades instrumentales para adquirir acciones, obtener o conceder préstamos a personas o entidades en otros países; y también para supuestas exportaciones comerciales con la finalidad de evadir el pago de impuestos en su país de origen. La OCDE publicó en el año 2000 una lista oficial de 35 países y territorios considerados paraísos fiscales porque aplicaban unos condiciones fiscales que resultaban perjudiciales para los demás países y que tenían que comprometerse a suprimir antes de acabar este año 2005, aunque no incluyó a Las Caimán, San Marino y a otros, porque comunicaron anticipadamente que iban a modificar su legislación para suprimir esos rasgos típicos. Cada Paraíso Fiscal esta especializado en un tipo de operaciones transnacionales. Andorra y Mónaco están especializados en la gestión de patrimonios de personas acaudaladas, lo que se llama banca privada o personalizada. Las Bermudas tienen registrada la mayor parte de las reaseguradoras, sobre todo, las aseguradoras llamadas cautivas, porque prestan servicio a un grupo de empresas como filiales de la casa matriz, porque la legislación local es más flexible, se requiere menos reservas y las primas apenas pagan impuestos. Otros, como las Bahamas, se especializan en las banderas de conveniencia para que los buques registrados en otro país se gestionen sin trabas legales, sin controles sobre la seguridad del buque y sin normas laborales para las tripulaciones; un ejemplo es el caso del Prestige. Mucha gente no repara en que los llamados paraísos fiscales forman una red mundial de centros financieros especializados para no residentes, todo un sector integrado en los mercados globales del dinero.

Las empresas españolas ¿por cuáles se decantan más y, en su opinión, a qué es debido?

Como es sabido, en estos últimos años la economía española se ha liberalizado y se ha integrado en los mercados mundiales; y naturalmente los grandes grupos, las corporaciones y la banca española se han incorporado a los mercados financieros globales y sus acciones se cotizan en las grandes bolsas y tienen filiales en muchos países. En las memorias anuales se puede ver que todos los grandes bancos españoles y las grandes corporaciones tienen sucursales o filiales en unos u otros paraísos fiscales, para aprovecharse de sus ventajas fiscales y de la opacidad en las operaciones, en función de la especialización que ofrecen para cada tipo de operaciones. Tal vez en las islas Caimán y en la isla de Jersey sea donde hay mayor presencia de entidades controladas desde España para beneficiarse de sus facilidades y exenciones fiscales en grandes operaciones de préstamos internacionales o compras de acciones e inversiones financieras, sin necesidad de tener allí una residencia; incluso para poder realizar operaciones que no son legales en España. Por ejemplo, cuando se busca libertad de acción al margen de los accionistas para conceder pensiones exorbitantes a ex directivos se registra una sociedad en Jersey, como en el caso del BBVA.

En Europa contamos con 11. A grandes rasgos podría definirme las características de los mismos? ¿Cuáles son los más fructíferos?

Juntando las relaciones en los informes del FMI y la OCDE, aparecen 18 paraísos fiscales para no residentes en el entorno europeo, si incluimos a Suiza y Luxemburgo. En mi libro dedico un capitulo para informar de la falta de una política de la Unión Europea para poner fin a estas situaciones que perjudican la integración económica y fomentan la competencia desleal del mercado europeo, además de fomentar la evasión fiscal y la corrupción. Eso se ha visto a la hora de la aplicación de la Directiva europea sobre la fiscalidad del ahorro, que tras veinte años de negociaciones, se ha extendido a Suiza, Mónaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino y las Dependencias de Estados miembros, pero mediante acuerdos que tienen trampa. El Financial Times del 1 de Julio pasado relataba que en los últimos meses cientos de millones de libras esterlinas habían abandonado los paraísos fiscales europeos, según informaciones de bancos y sociedades inmobiliarias que operan en las islas de Man, Jersey y otras del Canal, cuantificando las salidas en efectivo en un 5% de los fondos depositados en cuentas «offshore». La causa inmediata había sido la entrada en vigor de esa Directiva europea que, aunque tímida, requiere intercambio de información fiscal sobre los clientes foráneos con las autoridades fiscales del país de origen o la aplicación de una retención fiscal del 15%. Unas medidas que suscitan inquietud entre aquellos «ahorradores» que tienen fondos ocultos frente al fisco. En Junio de 2004 había en las islas del Canal y de Man unos 250.000 millones de libras en depósitos bancarios, la mayor parte perteneciente a residentes en el Reino Unido -del cual no forman parte esas Dependencias británicas en materia tributaria- y de expatriados. Para colmo, con la ayuda de prestigiosas consultoras, las islas de Jersey y de Man preparan una hábil aplicación en dilatados plazos de las normativas europeas sobre fiscalidad de las empresas.

En el caso de España está Gibraltar, ¿qué podemos decir al respecto?

Desde los años noventa, Gibraltar se ha desarrollado como centro financiero «offshore», una vez que perdió los ingresos que le proporcionaba la base naval británica. Incluso en el año 2002 el Gobierno español le ayudó concediéndole 100,000 líneas de teléfono fijo. Pero la reciente operación judicial-policial en marzo pasado reveló la maraña de sociedades creadas en Gibraltar para operaciones de blanqueo de dinero en la Costa del Sol, donde las mafias rusas y conocidas inmobiliarias venían especulando mediante esas sociedades gibraltareñas. Pero se tardará muchos años para que se celebren los juicios de todos los profesionales implicados y procesados. La razón es sencilla: Gibraltar no cumple, en la práctica, la norma internacional de la identificación del cliente por parte de los bancos y las entidades financieras. Es decir, la legislación gibraltareña requiere formalmente esa identificación; pero para el registro allí de una sociedad exenta de impuestos, puede designarse como director no a una persona física sino a otra sociedad «offshore», digamos registrada en Jersey; por tanto, llegado el caso a nuestros magistrados le resultará largo y complicado descubrir quién es el responsable de las operaciones imputadas a esa sociedad gibraltareña. Esa es una de las razones por las que, en abril pasado, Attac en España presentó al Ministerio de Economía la petición de que no se reconozcan por el ordenamiento jurídico español esas falsas sociedades mercantiles registradas en paraísos fiscales, donde no realizan ninguna actividad económica, siendo meras ficciones legales; o, en su defecto, que se excluya de la contratación pública española a todos aquellos bancos y grupos empresariales que disponen de sucursales o filiales en países y territorios catalogados como paraísos fiscales.

En su opinión ¿qué deberían hacer los gobiernos -y más concretamente el español- para erradicar estas prácticas?

Lo dicho anteriormente sería una medida eficaz, ya que el Estado español tiene capacidad y libertad para aplicarla, porque esas mal llamadas empresas domiciliadas en paraísos fiscales, a las que se permite operar en las Bolsas y mercados españoles no cumplen los requisitos que la ley española les exigiría si se constituyeran en España. Evidentemente no basta eso sólo. Pero el gobierno español podría exigir en el Consejo europeo acciones más contundentes y una política seria y clara de la UE para que esos microestados, como Liechtenstein, tengan legislaciones que no perjudiquen las economías de los demás países. Pero, ante todo, hay que adquirir conciencia de la gravedad del problema de la evasión fiscal y de la delincuencia financiera que se apoya en esas islas y territorios. Por ejemplo, es asombroso que este verano el Gobierno español haya firmado un acuerdo sobre intercambio de información tributaria, directamente con el gobierno local de la isla Jersey, que es una dependencia británica, es decir, no lo ha firmado con el Gobierno Blair, como representante del Estado británico, sino con unas autoridades locales dándoles un trato de Estado independiente. Esas actuaciones fortalecen a estos paraísos fiscales y les dan cobertura para tener una relevancia en el mundo financiero, que económicamente no tendrían por sus escasos recursos y dimensiones.

Para saber más… En su libro «Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias», Juan Hernández Vigueras denuncia el fenómeno de los paraísos fiscales como un subproducto de globalización de los mercados financieros. El libro, que es fruto de una amplia investigación y recopilación de datos, trata desde el fenómeno de estos «paraísos», las consecuencias negativas que tienen para los países, o una visión crítica y detallada de las acciones emprendidas por diferentes organismos nacionales e internacionales sobre los paraísos nacionales e internacionales.

¿Ha iniciado algún gobierno español alguna medida?

No tenemos noticia de que el Gobierno español se haya planteado seriamente las repercusiones que tienen para la recaudación fiscal, por ejemplo, los paraísos fiscales en que operan las grandes empresas y bancos españoles. Probablemente porque sigue predominando la idea de la libertad de los mercados del dinero y de la desregulación de los movimientos internacionales de capitales. Un asunto preocupante es el crecimiento en España de las inversiones puramente financieras, de cartera, que compran acciones de una empresa española en Bolsa y las venden cuando han logrado que suba la cotización, sin preocuparse de qué produce esa empresa, sino de lo que llaman creación de valor bursátil para especular por parte de fondos y entidades, muchas veces domiciliadas en las Caimán o en la isla de Man, sin que nadie conozca sus verdaderos propietarios.

En su opinión, ¿qué medidas antiblanqueo se deberían tomar en nuestro país?

Primero diseñar una política y programas de medidas a adoptar. Que se hagan publicas las memorias de la Comisión y del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo para que deje de ser un oscuro y clandestino organismo del que ignoran su existencia muchos medios de comunicación. En segundo lugar, sustituir el reciente Reglamento de prevención del blanqueo, que admite excepciones en la obligación de identificación del cliente de las transacciones financieras internacionales provinientes de otro país de la Unión europea o de terceros países que pueden ser Suiza, Mónaco, la isla de Aruba o cualquier otro paraíso fiscal. Sólo hay que fijarse en los artículos 3 y 4 del RD 54/2005, de 21 de Enero, que entró en vigor el pasado 22 de Abril. Alguien tendría que explicar por qué se deja esa puerta tan grande abierta al blanqueo del dinero sucio de la droga o de la financiación del terrorismo. ¿Para qué establecer listas de organizaciones terroristas si luego pueden remitir dinero a su gente en territorio español sin tener que identificarse?

¿En qué medida esto está empobreciendo a España?

Que los paraísos fiscales están contribuyendo fuertemente a reducir los ingresos fiscales de los Estados ya no lo discute nadie. Es causa, en parte, del déficit fiscal de Alemania. La gravedad está en que la disminución de la recaudación fiscal genera una menor disposición de dinero para costear servicios y prestaciones sociales, etc. Recientemente, una voz tan autorizada como el profesor Viçens Navarro señalaba que España se gasta en sanidad, pensiones o ayudas a las familias y vivienda mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Ejemplo de ello es nuestra carencia de escuelas infantiles, de residencias para mayores y de servicios a las personas discapacitadas o ancianas, cuya atención pesa sobre las familias. Por consiguiente, para la obtención de recursos que financien ese déficit social, más que plantear rebajas fiscales, habría que combatir en serio la evasión fiscal como una prioridad ante cualquier reforma tributaria. Las reiteradas denuncias de los inspectores de Hacienda han señalado deficiencias graves en la gestión tributaria de los últimos años.

Características de algunos paraísos fiscales A lo largo de la entrevista hemos hablado de algunos paraísos fiscales. A continuación hacemos un breve resumen de las características de un reducido número de ellos: · Andorra: Impuestos bajos con predominio del secreto bancario. Exención de impuestos. · Bahamas: Apenas tiene impuestos. Escasez de requisitos a la hora de crear una empresa. · Isla de Man: Uno de los paraísos fiscales más interesantes. · Islas Vírgenes: Archipiélago formado por unas cuarenta islas con un sistema legislativo como el del Reino Unido. Para crear una empresa allí debe figurar un dirigente que no necesita vivir en este entorno del Caribe. · Islas Caimán: No sólo no hay que pagar impuestos, sino que los consejeros de las compañías allí registradas no necesitan ser residentes y sus cuentas no serán auditadas. · Principado de Liechtenstein: Con un número de empresas igual al de ciudadanos, las compañías extranjeras que allí operan sólo tienen que pagar en impuestos un 0,1%. Otro factor a tener en cuenta es que los bancos no informan de la titularidad de las cuentas.

¿En qué medida las TIC e Internet están fomentando la evasión de capitales hacia paraísos fiscales? ¿Cómo se opera a través de estos medios?

Evidentemente el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sobre todo Internet, permite el funcionamiento continuo de los mercados financieros, incluidos los centros «offshore», sin que sea necesario desplazarse; por eso tienen estos una legislación especifica para no residentes. La libertad absoluta para los movimientos de capitales a nivel mundial, y la comunicación electrónica, permiten que las operaciones se realicen desde cualquier oficina de un banco o de una corporación. Por eso, para el último capítulo del libro Los paraísos fiscales, he tomado como título la expresión de un veterano inspector de Hacienda, que dice que «Los paraísos fiscales están en la Castellana»; y, efectivamente, la operativa bancaria y de las grandes corporaciones con los paraísos fiscales se localiza en la práctica en las oficinas centrales de Madrid, Londres o de cualquier sede central, aunque aparezcan formalizadas en los centros financieros extraterritoriales de Jersey o de las Caimán; de ahí, que el aislamiento de Liechtenstein en los Alpes, sin aeropuerto ni estación de ferrocarril, no haya sido obstáculo a su desarrollo financiero «offshore», ni la lejanía de la isla Nauru en el Pacifico impida su estrecha relación con Moscú. La movilidad actual del dinero es una ficción porque las transacciones monetarias son simples apuntes electrónicos, entre equipos informáticos de las diferentes entidades bancarias, financieras o de sociedades donde quedan registrados. El «papel», los títulos de valores o los documentos quedan depositados en origen o en las cámaras de compensación y liquidación. Más aún, muchas veces los potentes equipos se sitúan en otros países. Como en el caso de los llamados «call centers» o plataformas de atención al cliente, de Telefónica, deslocalizados desde hace años en Marruecos; o para el abanderamiento de un petrolero en Liberia no es necesario desplazar el buque hasta Monrovia, sino que el registro está disponible en Nueva York, en Hong Kong o en Londres.