Hace unas semanas Merkel y Sarkozy anunciaban su voluntad de iniciar una dictadura económica en el seno de la Unión Monetaria. Su anuncio para avanzar en la creación de un auténtico gobierno para la zona monetaria no era sino un eufemismo para encubrir el escenario real hacia el que pretenden abocar a los estados miembros […]
Hace unas semanas Merkel y Sarkozy anunciaban su voluntad de iniciar una dictadura económica en el seno de la Unión Monetaria. Su anuncio para avanzar en la creación de un auténtico gobierno para la zona monetaria no era sino un eufemismo para encubrir el escenario real hacia el que pretenden abocar a los estados miembros de la Unión Monetaria: democracias representativas vaciadas de la posibilidad de que los ciudadanos decidan sobre su bienestar porque se encuentran constreñidas por reglas al servicio de la oligarquía financiera y sus intereses.
Dicho y hecho: con ‘agosteidad’ para aprovechar el menor nivel de contestación social; con la falta de legitimidad de plantearlo con la fecha de las elecciones fijada; con la pusilanimidad demostrada ante los mercados y la sumisión con la que se acatan las «sugerencias» germanas, la intangible Constitución española va a ser modificada para dar la puntilla al Estado social por obra y gracia del último gran anuncio de Zapatero. Y es que no otra va a ser la consecuencia. Veamos por qué.
En primer lugar, por la peculiar definición de estabilidad presupuestaria elegida: el déficit estructural, esto es, el déficit no vinculado al ciclo económico. Esta definición se aleja de la establecida en el Pacto de Estabilidad y Convergencia europeo en donde se prohíbe superar el 3% del déficit público total. Por tanto, la restricción fiscal europea es más rígida que la española y, por consiguiente, forzará a ésta a adecuarse a la misma, invalidando operativamente a la española. ¿Qué sentido tiene, entonces, fijar una regla a nivel estatal que es mucho más laxa que la asumida a nivel europeo si no es establecer una doble pinza en la que la restricción nacional operará sobre el déficit estructural y la europea sobre el déficit coyuntural?
Segundo, porque a pesar de que la reforma se apruebe con esta urgencia, el horizonte para su cumplimiento es 2020. De hecho, así lo reconoce la última revisión del Programa de Estabilidad del Ministerio de Economía, donde se señala que el equilibrio presupuestario no podrá alcanzarse, dada la coyuntura actual, antes de esas fechas por las escasas expectativas de crecimiento. Lo malo es que para lograrlo se tendrá que recurrir a una política fiscal muy restrictiva que repercutirá negativamente sobre la tasa de crecimiento del PIB y, por tanto, alejará aún más la recuperación económica. Es decir, estamos abocados durante una década a unas tasas de crecimiento muy reducidas y de todos es conocido que la economía española necesita unos elevados niveles de creci- miento para poder generar empleo.
Tercero, porque ineludiblemente esa política estará centrada en el recorte de prestaciones sociales de cara a evitar que, si se entra en una nueva recesión, el componente cíclico del gasto público se dispare. Es decir, se tratará de eludir por todos los medios reconocer nuevos y/o mejores derechos sociales para la ciudadanía no vaya a ser que, llegada la crisis, el gasto público se dispare y el déficit se convierta nuevamente en un problema.
Y cuarto, porque a pesar de que exista una restricción similar a nivel europeo, su incumplimiento ha sido generalizado, incluso por Alemania y Francia. Por tanto, ¿qué credibilidad puede tener esta reforma para calmar a los mercados si ese fuera su fin tal y como parece que lo es? Quienes creen que con una reforma legal se consigue credibilidad olvidan que ésta sólo se construye con reputación y para generar ésta hay que actuar sobre el verdadero origen del problema, la crisis. No basta con declarar ni reformar textos legales a espaldas de la ciudadanía.
http://www.diagonalperiodico.net/Los-peligros-de-la-reforma.html