Sumándonos a la fiebre del fútbol, se podría decir que los inversores que demandaron a España ante tribunales internacionales van ganando por goleada. Son ya cuatro los casos perdidos por el gobierno, que, hasta el momento, ha sido condenado a pagar 357,5 millones de euros. Desde 2011, España ha sido golpeada por 40 demandas de […]
Sumándonos a la fiebre del fútbol, se podría decir que los inversores que demandaron a España ante tribunales internacionales van ganando por goleada. Son ya cuatro los casos perdidos por el gobierno, que, hasta el momento, ha sido condenado a pagar 357,5 millones de euros.
Desde 2011, España ha sido golpeada por 40 demandas de inversores extranjeros que, invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), reclamaron 8.500 millones de euros por los recortes a los subsidios de energía renovable, medidas que el gobierno conservador del PP impuso en medio de una dura crisis financiera y sucumbiendo al cabildeo de grandes empresas como Endesa.
El TCE es un tratado de los años noventa que, actualmente, es aplicable a casi 50 países. Vale resaltar que España encabeza la lista de los 27 países demandados al amparo del TCE.
El arbitraje de inversión: ¿un mecanismo para proteger el medio ambiente?
Aquellos que consideramos que el abandono de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) y la transición energética hacia energías renovables son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático, podríamos llegar a pensar que el hecho de que los inversores demanden al Estado en estos casos es positivo, ya que penalizan al gobierno por retirar los incentivos a los inversores en energía limpia.
Sin embargo, esta idea parte de dos premisas erróneas. Una, que el arbitraje de inversiones es un sistema justo e independiente. Y dos, que las empresas que demandan buscan beneficiar al cambio climático y es justo que reclamen que se las compense porque las nuevas condiciones afectaron a sus expectativas de ganancias.
En realidad, el arbitraje de inversiones es un sistema de justicia paralelo, al servicio solo de las grandes corporaciones, que son las únicas que pueden iniciar un pleito. Quienes resuelven las demandas son árbitros que cobran por caso y que, según demuestra la experiencia, suelen interpretar las leyes de protección de las inversiones a favor del inversor y no del interés publico. Este es un régimen totalmente inadecuado para hacer frente al cambio climático.
Por otro lado, las empresas que demandan, lejos de ser inversores interesados en impulsar la lucha contra el cambio climático, se caracterizan por ser empresas del sector financiero, que también invierten en combustibles fósiles, y que realizaron en España unainversión especulativa, siendo conscientes de los riesgos, pero dispuestas a asumirlos dado el gran margen de posibles ganancias.
Los cinco secretos de las empresas que demandaron a España
Un análisis detallado de los 110 inversores que demandaron a España en los 40 casos, revela cinco secretos de estas empresas:
Secreto 1 – En el 88 % de estas 40 demandas, el inversor demandante no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero. Entre los ejemplos se encuentran Masdar (un fondo estatal de Abu Dhabi) y RREEF (parte de DWS, un fondo del gigante financiero alemán Deutsche Bank). La empresa Antin, que ganó el último caso contra España y a quien se le otorgaron 112 millones de euros en compensación, es un fondo de capital que hasta el 2012 pertenecía parcialmente al banco francés BNP Paribas.
Secreto 2 – En el 53 % de los 40 casos, la compañía que demanda también invierte en energía contaminante (sector del carbón, el petróleo, el gas y/o la energía nuclear). Ejemplos contundentes son las empresas alemanas de carbón y nucleares E.ON y RWE (esta última demanda a través de su filial Innogy, ahora también parte de E.ON) y los fondos de inversión RREEF y Masdar (ambos también invierten en combustibles fósiles).
Secreto 3 – Varias de las empresas que han demandados a España son en realidad empresas fantasma o sociedades pantalla, que por lo general solo existen sobre el papel y se suelen usar para la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Por ejemplo, Isolux Infrastructure y Charanne, empresas registradas en Holanda, pertenecen en realidad a dos de los empresarios españoles más ricos: Luis Delso y José Gomis. Antin, la empresa que se llevó 112 millones en compensación, también es una empresa fantasma, con sede en Holanda pero sin actividad económica en este país.
Secreto 4 – 63 de las 110 empresas que demandaron no contaban con un largo recorrido en el país, sino que invirtieron en España después de 2008, cuando el país ya estaba en plena crisis económica y ya se habían introducido cambios en los programas de subsidios a las renovables y, por lo tanto, eran plenamente conscientes de los riesgos. Por lo menos 8 de las demandantes continuaron invirtiendo a pesar de los cambios normativos. Esto no privó a los inversores de argumentar que el Gobierno había violado «sus expectativas legitimas». El TCE ha sido una vía de escape para saquear fondos públicos cuando sus inversiones de riesgo no estaban dando los frutos esperados. Para estas empresas, que especularon al invertir, el TCE no fue una mera póliza de seguro, sino una fuente adicional de beneficios.
Secreto 5 – Los inversores que demandaron a España no solo reclaman la recuperación de su inversión inicial, sino que piden compensación por ganancias futuras imaginarias. El tribunal en el caso Eiser condenó a España a pagar una indemnización de 128 millones de euros por la «pérdida de flujos de caja futuros». Estas son ganancias imaginarias que el fondo afirma que hubiera ganado con sus plantas de paneles solares en el transcurso de 25 años, en un escenario hipotético donde no se recortaran los subsidios. El Tribunal Supremo español ha rechazado demandas similares por considerarlas de carácter meramente especulativo. Pero los tribunales arbitrales deciden entregar a las empresas fondos públicos sobre la base de esos sueños corporativos. ¿Quién pagará la factura? Los ciudadanos españoles, que ya han sido golpeados por severas medidas de austeridad, y algunos de los cuales también están luchando para pagar los préstamos que pidieron prestados para construir techos y campos solares. Para ellos, no hay compensación.
Los riesgos latentes
España todavía enfrenta 33 demandas pendientes por un valor de más de 7.490 millones de euros. Con este monto, se podría pagar el sueldo promedio anual a 162.900 médicos españoles.
A pesar de que, hasta ahora, los casos contra España se han dado en razón de los recortes a los subsidios a las energías renovables, el TCE ha sido muy usado por grandes compañías de petróleo, gas y carbón para impugnar políticas que favorecían la energía limpia, prohibían la explotación de petróleo, aplicaban impuestos a los combustibles fósiles o introducían reglamentaciones ambientales.
Si el nuevo gobierno socialista español desea dar un giro real a las políticas del país y apostar por lo que llaman ‘transición ecológica’, el TCE podría dar lugar a muchos más casos y convertirse así en un costoso impedimento para avanzar con medidas robustas para responder al cambio climático y la pobreza energética.
¿Hora de decir adiós?
El TCE ha traído más perjuicios que beneficios a España. No hay evidencia de que haya contribuido a atraer inversiones, pero les ha costado a los ciudadanos españoles millones de euros.
Italia ya dio el paso de abandonar el TCE después de ser demandada por millones de euros. ¿A qué espera el gobierno español para seguir el ejemplo?