Concluye el II Encuentro de Profesionales del Asesoramiento Laboral y Social, en el que se han abordado cuestiones fundamentales para el ejercicio del sindicalismo.
Juristas, expertos del mundo laboral y representantes de sindicatos han participado este viernes en la segunda y última jornada del Encuentro de Profesionales del Asesoramiento Laboral y Social que se ha celebrado en la Facultad de Relaciones Laborales de la UPV-EHU. Al igual que ocurriese el jueves, los debates han girado en torno temas esenciales para el desarrollo efectivo de la acción sindical.
De hecho, una de las mesas redondas ha tenido como protagonistas a los gabinetes jurídicos y económicos de distintos sindicatos. Enrique Lillo (CCOO), Niko Iriarte (ELA) Pazis García (LAB), Raúl Maíllo (CGT), Héctor Mata (Consultoría Primero de Mayo) y Jaume Garcia (Col·lectiu Ronda de Barcelona) han dado sus puntos de vista sobre la «perspectiva profesional de los fundamentos económico-jurídicos para abordar la negociación colectiva y el control sindical económico».
En ese marco, los participantes coincidieron en destacar los distintos problemas que enfrentan los sindicatos en la negociación colectiva, definida por Pazis García como una «cuestión de correlación de fuerzas». «Por eso mismo, es necesario repensar a qué intereses debe responder esa negociación», apuntó la representante de LAB, quien advirtió también sobre los perjuicios causados en este ámbito por las sucesivas reformas laborales.
Durante esta mesa redonda también se denunciaron las dificultades que suelen atravesar los sindicatos para ejercer medidas de control sobre las empresas. «Es un desazón no poder acceder a la información de los precios de transferencia, porque normalmente no nos lo dan», señaló Niko Iriarte. En otras palabras, aseguró que los empresarios, en muchas oportunidades, «buscan marear para no darte la información».
Durante la mañana de este viernes se habló de trampas, pero también de ilegalidades laborales «puras y duras». Lo hizo Enrique Lillo, quien se refirió a las situaciones que atraviesan los becarios en distintos medios de comunicación, donde son obligados a trabajar como personal de plantilla, o los casos de trabajadores autónomos en empresas que «están externalizando el riesgo». «O esto se combate, o dentro de cincuenta años seguiremos con becarios que aún están esperando un contrato fijo en un periódico», ironizó.
Mientras tanto, Maíllo denunció la «tolerancia» por parte de juzgados y tribunales que «asumen los documentos empresariales como fe cierta». Además, el abogado de CGT sostuvo que en los casos de empresas con beneficios «no se pueden asumir reestructuraciones», por lo que reivindicó el control sindical como freno a estas arbitrariedades. «La información -indicó- la queremos para generar un contrapoder».
En ese contexto, Mata también incidió en la necesidad de ejercer un «contrapoder sindical». El representante de la Consultoría Primero de Mayo reclamó introducir en la negociación colectiva «el acceso por parte de la representación de los trabajadores a la documentación, en conexión con medidas de anticipación y vigilancia», algo que -según subrayó- también resulta necesario «para evitar la corrupción y el fraude empresarial».
Por su parte, Jaume García mencionó algunas prácticas habituales por parte de las empresas en los periodos de negociación de cierre. En tal sentido, llamó a extremar la vigilancia en torno a las manipulaciones patrimoniales y las salidas irregulares de dinero. «Vivimos en un país de pillos», resumió. El integrante del Col·lectiu Ronda también habló sobre las dificultades que suelen registrarse ante los denominados «precios de transferencia». Sobre este punto, citó casos de máxima actualidad, como el de la multinacional Apple. «Esa empresa derivaba beneficios hacia Irlanda para pagar menos o, mejor dicho, casi nada», recordó.
Negociación colectiva y control sindical
Un poco antes, Eva Garrido Pérez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cádiz, y Pedro Juez Martel, profesor de Economía Aplicada de la UNED y director del curso del Consejo General del Poder Judicial sobre «operaciones fraudulentas a través de sociedades», participaron en una mesa redonda que abordó aspectos relacionados con «la información para la negociación colectiva y el control sindical económico desde la perspectiva de la auditoria socio-laboral».
Juez habló sobre las prácticas habituales de fraude que se registran en el mundo de las empresas. En ese sentido, el experto reivindicó el papel de los sindicatos a la hora de detectar esos casos, para lo cual juega un papel fundamental el derecho de información, que calificó como «vital» para quienes ejercen como representantes de la plantilla. «Si se conocieran mejor estas herramientas, los trabajadores tendrían posibilidad de poner un parapeto» a esas prácticas, apuntó.
Por su parte, Eva Garrido aprovechó su intervención para recordar que los derechos de información «no son una opción de la empresa». Por el contrario, indicó que en el Estado español existe «una estructura jurídica de base» que obliga a proporcionar esos datos a los sindicatos. Frente a ello, puso el ejemplo de EEUU, donde la ausencia de normas permite que las empresas decidan «bajo sus criterios» si proporcionan o no la información requerida. Según señaló Garrido, sólo el 3% de las empresas estadounidenses accede a ofrecer datos.
Volviendo a la realidad local, la experta incidió en la importancia de «controlar la política de las empresas en torno a la información». «Es importante saber si la política que lleva cada empresa en este asunto tiene resultados en la gestión de las relaciones laborales, o cómo se proyecta a la hora de desarrollar procesos de consulta con los representantes de los trabajadores», indicó.
Presentación de informes
Durante estas jornadas también se presentaron una serie de comunicaciones sobre diferentes aspectos económicos, jurídicos, laborales y sindicales. De esta manera, los economistas Lluis Rodríguez Algans y Eduardo Gutiérrez Benito analizan en su trabajo los «mecanismos de fraude económico-contable y causalidad provocada como estrategia empresarial: efectos en la jurisdicción social», mientras que los abogados Ana Isabel Fernández y Luis Ocaña Escolar, integrantes de la Cooperación Autonomía Sur (Sevilla) se centraron en las «excepciones negociadas a las normas reguladoras de la jornada y tiempo de trabajo: el caso del personal de los servicios públicos de prevención y extinción de incendios».
Otra de las ponencias presentadas ha estado a cargo de Jon Las Heras (Universidad de Manchester – Global Political Economy), quien dio a conocer el documento «United we stand, divided we fall: poder de clase, cadenas globales de valor y estrategias sindicales en el parque de proveedores de Mercedes-Benz». Por su parte, Beltrán Roca Martínez, integrante del Departamento de Economía de la Universidad de Cádiz, presentó junto a Rodríguez Algans una comunicación sobre «revitalización sindical en Euskal Herria: debates, experiencias y propuestas».
Asimismo, José Pablo Calleja Jiménez, miembro del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, analizó las «estrategias para la recuperación del poder sindical en España», mientras que Unai Oñederra, integrante de Koop57, presentó una comunicación sobre «cooperativismo de finanzas cómo una herramienta más para la lucha sindical y la economía social».
Las jornadas han terminado con una valoración final a cargo del director de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV-EHU, Ángel Elías, quien calificó este tipo de encuentros como «imprescindibles». En ese sentido, anunció que se trabajará en una nueva edición de este foro para el próximo año.
Por su parte, Miguel Perera, en representación de la Consultoría Primero de Mayo -impulsora de estas jornadas-, remarcó la importancia de que «las ideas que aquí se desarrollen se puedan llevar a cabo en las batallas cotidianas» por parte de quienes trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos de la clase trabajadoras. Además, agradeció a todas aquellas personas que llegaron al Campus de Leioa desde distintos puntos del Estado.