“En todo el mundo, diferentes movimientos se oponen a la apropiación por parte de una pequeña oligarquía de los recursos naturales, los espacios y los servicios públicos, los conocimientos y las redes de comunicación. Estas luchas plantean todas ellas una misma exigencia, se basan en un mismo principio: lo común” [1]
Europa occidental, sus distintos gobiernos nacionales, desarrollaron y pusieron en práctica, después del desastre de la II Guerra Mundial, sistemas de salud universales y con financiación y gestión pública, diferenciándose netamente de modelos como el estadounidense, ligados tanto al aseguramiento privado, como al hecho de tener trabajo.
Después del desastre de la II Guerra Mundial, el capitalismo “canalizado y con rostro humano” trataba de preservar la vuelta a los desastres sociales, económicos, políticos y militares, y por medio de políticas redistributivas y sociales, se implantan los Sistemas de Salud Pública europeos, los cuales pasan a ser la joya de la corona, que se exhibe como un modelo más democrático y que sustenta la base central de su cacareado estado de bienestar, para reducir las desigualdades y que nadie quede desprotegido ante situaciones de necesidad.
Pero sus crisis cíclicas de los años 70 y 80 del siglo pasado arrastran a las políticas públicas, especialmente las políticas fiscales, a una vía en sentido contrario a la preservación de los bienes comunes y se impone la lógica de la competencia a toda la sociedad.
Desde la crisis de los 70 a niveles europeos y desde la década de los 80 a niveles del Estado español, han sido demasiados años contemplando cómo los servicios esenciales para la comunidad y las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios-patrimonio de toda la sociedad, eran convertidos en negocio y expropiados a la mayoría[2].
Unas veces, directamente empresas multinacionales y, otras, los distintos gobiernos[3], transfieren lo público a la voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”[4], expoliando derechos subjetivos de las personas, esenciales para la vida social: la salud, la comunicación, la enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, y en parte, los sistemas públicos de Seguridad Social en capítulos tan esenciales como las pensiones.
La lógica de la competencia[5] que tenemos metida hasta el tuétano, ha logrado que nos creamos que lo importante no es quien te atienda, te cure o te eduque (privada, concertada o pública), sino que seas curado (o reparado para seguir siendo un sujeto que produce), formado (educado como individuo no autónomo sino competitivo), cuidado/a (en residencias-cárcel), etc., y esta lógica nos ha hecho olvidar que lo público[6] se opone a lo privado y lo común se opone a lo propio[7].
Nuestro derecho público se fundamenta en dos principios: el de suficiencia y el de eficiencia.
La suficiencia la encontramos en los recursos (riqueza) que generamos de manera colectiva y se debe redistribuir entre todas las personas para que sus derechos esenciales les permitan una vida digna.
La eficiencia se basa en una buena utilización de esa riqueza (bienes comunes), sin despilfarros, sin corrupciones[8], para que sean lo más útiles para la comunidad.
Las actuales políticas sociales niegan nuestros derechos sociales, convirtiéndoles en retórica, escarnio y burla en los últimos tiempos.
La vivienda para todos y todas, el transporte sostenible y en equilibrio con la naturaleza, las pensiones suficientes para todos, la política de cuidados a las personas dependientes que se resuelven fuera del mercado, la educación, la erradicación de la exclusión social, la pobreza… han sido trasladadas al “mercado libre”, conllevando una clara apuesta por su recorte y transformando su naturaleza: de necesidades sociales, las cuales hay que cubrir universal y suficientemente, hemos pasado a servicios, y quienes los usan deben tener capacidad económica para sufragarlos.
El capitalismo no volverá a invertir en los Sistemas de Salud universales y de calidad, que ha dejado los mismos a niveles europeos occidentales en un estado lamentable y criminal, al abandonar la “obligación de proveer” con suficiencia para preservar la salud de sus poblaciones.[9]
La pregunta que nos hacemos es si es posible mantener los Sistemas de Salud universales (la joya de la corona del Estado de bienestar europeo), cuando el capitalismo dejó hace décadas de invertir dineros suficientes a través de las políticas fiscales, es decir políticas keinesianistas de redistribución de la riqueza, o por el contrario, tendremos que dar un paso hacia adelante, dejar de sentirnos impotentes ante el colapso y cambiar las conciencias del fin de la civilización, de las especies, hasta del propio capitalismo y coger el futuro posible que autoconstruyamos, saliendo de nuestras parálisis individuales y colectivas, asumiendo los riesgos que contraen autogestionar la vida común, frente al individualismo y la competencia.
La vida entendida de forma colectiva es una cuestión de solidaridad entre grupos sociales, territorios y generaciones. Quien no entiende la solidaridad bajo estos parámetros, confunde intencionadamente el bienestar social de todos con el bienestar privado que cada cual pueda pagarse.
Notas:
[1] De la contraportada del libro Común de Christian Laval y Pierre Dardot, editorial Gedisa.
[2] Las privatizaciones llevadas a efecto en estas décadas, pasar de la propiedad estatal a la propiedad de grupos/corporaciones particulares -en su inmensa mayoría oligárquicos-, todo lo que se debe considerar fruto del trabajo común y además, en correspondencia con el uso común, lo que mostraron es que la propiedad pública no es garantía de lo común, sino una posible fuente de negocio para la clase dominante, la cual puede disponer de esa propiedad pública según convenga a su tasa de ganancia particular.
[3] Referente a la gestión de la salud en el Estado español, la ley 15/97 sienta las bases para la entrada del mercado privado en la Sanidad. Ley votada por todos los partidos políticos PP, PSOE, Ciu, PNV, etc., con excepción del BNG e IU.
[4] La utilidad común, el bien común, no es sino el acuerdo social entre lo justo y lo ventajoso. Cicerón cuando utiliza esta expresión está destacando de manera muy particular … «la dimensión del deber que incumbe a los magistrados en el ejercicio de su función… todos aquellos que ostentan un cargo público deben servir, no a su propio interés (privado), sino a la utilidad común…” (Cicerón, Sobre los deberes, Alianza).
[5] … “el negocio hospitalario, en cifras inéditas, se beneficia de un auge de los conciertos públicos. Mientras el gasto público sanitario no superó sus niveles anteriores a la Gran Recesión hasta 2019, los conciertos ya lo habían hecho en 2017, según datos del Ministerio de Sanidad. Desde 2016 esta partida sube sin parar: de 7.550.66 a 8.586,67 millones, un 13,72%. Supone un 10% del gasto sanitario total y alimenta un 35% del mercado hospitalario”.
“Hay once comunidades en las que más del 60% de sus hospitales privados tienen conciertos con la sanidad pública, con datos de IDIS de 2020. Sobresalen Murcia, Aragón, País Vasco, Madrid y Canarias, todas ellas con porcentajes por encima del 70%. En el caso de Murcia, llega al 94%. En Andalucía, donde este porcentaje se sitúa en el 63%, el Gobierno del PP prevé un fuerte incremento de las derivaciones a centros privados” (InfoLibre).
[6] La lógica de lo Público se mueve por el objetivo de satisfacción de necesidades sociales y estas son universales, nos afectan a todos y a todas a lo largo de nuestra vida. No son objetivos económicos, ni de rentabilidad.
[7] No existe un interés privado, particular, sino colectivo porque todas las personas tenemos las mismas necesidades y nadie debe lucrarse o apropiarse de manera egoísta y por interés particular, más que otras.
[8] Volviendo a Cicerón… “la primacía de la utilidad común autoriza al sabio a confiscar los bienes de un hombre que parasita la comunidad”.
[9]Según el informe de la OMS para Europa, en lo referente a los problemas de los Sistemas de Salud, que todos los países de la región europea tienen de manera común, se sustentan en bases tan sencillas como falta de personal sanitario y asistencial, insuficiencia de inversiones (gasto público) y advierte que de no acometerse medidas urgentes, el Sistema Sanitario empeorará y colapsará.
Países como Francia, Italia, España, Alemania, etc., tienen menos médicos que el 2012; plantillas de médicos y médicas y personal sanitario muy envejecidas (el informe constata que en un tercio de los países de la región al menos el 40% de los médicos tenían 55 años o más), y las políticas de sustitución del personal que se jubila, muy insuficientes y con alta precarización de sus condiciones de trabajo, en salarios, horarios, tiempo de atención, etc., y uno de los problemas más serios se encuentra que el necesario aumento de los jóvenes para entrar en el mercado de trabajo sanitario, está padeciendo el “efecto abandono” de la profesión, ante el agobio, la mala salud y la insatisfacción general de esos trabajos tan precarizados y explotadores.
Falta de personal sanitario; millones de personas que carecen de médicos/as de cabecera y/o pediatras; porcentajes altos de la población con accesos poco adecuados a los servicios sanitarios, especialmente las zonas rurales y/o poblaciones pequeñas; miles de puestos del sector que no se cubren; saturaciones hospitalarias; gravedad de puestos insuficientes de enfermería (Alemania, Reino Unido, etc.); listas de espera para ser atendidas en distintas especialidades.
Desiderio Martín Corral. Gabinete de Estudios Confederal de la CGT