Un informe desvela las influencias y relaciones de PWC, Deloitte, Ernest & Young y KPMG con los órganos europeos encargados de luchar contra la elusión y evasión fiscal.
«¿Si estas empresas trabajan tan duro para socavar el poder del Gobierno por qué les concedemos contratos públicos?». Esta pregunta fue lanzada por Richard Murphy, de la Tax Research Network, una organización que se dedica a investigar y denunciar los sistemas fiscales a nivel mundial, tras investigar la gran influencia que tienen las grandes firmas de auditoría sobre la toma de decisiones de los órganos europeos y supranacionales encargados de luchar contra la evasión fiscal, al mismo tiempo que diseñan sistemas y estructuras fiscales para sus clientes que sirven para evadir esas mismas normas.
El informe Auditar para influir publicado por Corporate Europe Observatory (CEO) ha desvelado cuáles son las vías usadas para ejercer esa influencia por parte de estas empresas, y no son pocas, al mismo tiempo que han ingresado millones de euros en contratos públicos en materia fiscal encargados por esas mismas instituciones europeas.
Solo durante el mes de enero de 2018 tres de las grandes auditoras, PWC, Deloitte y KPMG recibieron 10,5 millones de euros para realizar estudios sobre «cuestiones fiscales y aduaneras», sin tener en cuenta los conflictos de intereses que puede suponer el hecho de que estas compañías trabajen directamente para las mismas empresas que intentan evitar a toda costa esas barreras fiscales y aduaneras. CEO denuncia algunos de los casos más llamativos, como el contrato a Deloitte para realizar estudios sobre la fijación de precios de transferencia, una de las principales prácticas de elusión fiscal, a pesar de que la consultora asesora a sus clientes sobre este mismo tema y había utilizado su posición dentro de varios lobbies para presionar en contra de que se abordaran medidas más estrictas para la lucha contra estas prácticas.
En el informe le han puesto nombre a esas herramientas de presión sobre los que deben legislar en Europa, los lobbies. El registro de transparencia de la Unión Europea, en el que se deben registrar las empresas que ejercen de lobby en Bruselas, muestra que Deloitte tiene diez entidades diferentes registradas, de nueve supuestas procedencias diferentes. Además han declarado en ese mismo registro que se gastan entre 975.000 y 1.400.000 euros al año en este tipo de prácticas.
PWC es sin duda la empresa con una mayor influencia sobre algunos de los grandes lobbies. La consultora con sede en el Reino Unido dirige la European Business Initiative on Taxation, una organización dedicada a presionar sobre la legislación fiscal europea y que cuenta con miembros como BP, Pfizer o Airbus. La Accountancy Europe, la federación de profesionales de la auditoría, tiene un consejo repleto de figuras de las cuatro grandes y a PWC presidiendo su grupo de política fiscal. Esta empresa auditora también preside la Cámara Americana de Comercio con la UE, una asociación de lobbies para multinacionales estadounidenses como ExxonMobil, Facebook y Monsanto, y firme opositor a los movimientos europeos hacia una mayor transparencia fiscal. El registro de transparencia contempla que PWC tiene 11 lobistas y un gasto de entre 700.000 y 800.000 euros anuales en estas prácticas. Este mismo registro también muestra que Ernest & Young (EY) y KPMG tiene seis lobistas cada una y gastan alrededor de medio millón de euros anuales en ejercer presión sobre las instituciones europeas.
NORMAS DE TRANSPARENCIA PARA ASESORES FISCALES
En junio de 2017, la Comisión Europea presentó una propuesta de nuevas normas de transparencia para los asesores fiscales que les obligaba a informar a las autoridades financieras de los sistemas fiscales «agresivos» de los que se valen estas mismas empresas y sus clientes para evitar pagar impuestos. Según el informe de CEO, las dos auditoras con un mayor poder, KPMG y PWC, presionaron a favor de que se estableciera un criterio voluntario. Cuando esto fracasó, los esfuerzos de los grupos de presión se centraron en el Consejo Europeo, donde el acuerdo final diluyó la propuesta de manera que se parecía mucho a las exigencias de PWC.
Esta misma empresa también sugirió que se redujeran los criterios de lo que se considera «agresivo», para suavizar las exigencias de transparencia y que se reportaran menos fraudes. También presionaron para que se requiriera un voto unánime para agregar o cambiar estos criterios.
INFORME PAÍS POR PAÍS
Una de las principales herramientas propuestas por las autoridades fiscales y organizaciones comprometidas con la justicia fiscal ha sido el informe país por país. Con este método se pretende exigir a las grandes corporaciones que hagan públicas sus ganancias en todos los países en los que operan, desgranando cuánto y cómo se obtiene de cada uno de los territorios por separado. Con esta técnica se intenta evitar el uso de paraísos fiscales o ingeniería fiscal en ciertos territorios para disminuir su factura fiscal global. Antes de que la Comisión Europea realizara una propuesta en abril de 2016, las cuatro auditoras presionaron en contra de que esa información se hiciera pública ya que, como dijo EY, es «información comercialmente sensible». Deloitte por su lado presionó para que el enfoque de estas normas siempre sea de carácter voluntario. La publicación de los Panama Papers endureció la propuesta final de la Comisión.
La publicación oportuna de los documentos de Panamá significó que la propuesta final de la Comisión fue más fuerte de lo esperado. Los esfuerzos se trasladaron al Parlamento Europeo, donde, tras un aluvión de presiones corporativas, los eurodiputados añadieron una cláusula de salida que permite mantener en secreto los datos «sensibles desde el punto de vista comercial», lo cual puede dejar las cosas exactamente como estaban antes.
@econocabreado