El país vive momentos de tensión y efervescencia social. La causa fundamental de las protestas y movilizaciones de los últimos días, además del repudio a las actuaciones represivas policiales, militares y parapoliciales, es el gran descontento popular que se viene acumulando como consecuencia de la grave crisis económica y social, que el gobierno trata de […]
El país vive momentos de tensión y efervescencia social. La causa fundamental de las protestas y movilizaciones de los últimos días, además del repudio a las actuaciones represivas policiales, militares y parapoliciales, es el gran descontento popular que se viene acumulando como consecuencia de la grave crisis económica y social, que el gobierno trata de enfrentar aplicando un ajuste que descarga la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo. La devaluación aplicada por el gobierno del presidente Maduro representa un duro golpe a los ya demacrados salarios de los trabajadores, en un contexto de hiperinflación. La congelación de los contratos colectivos en el sector público y el incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de los patronos públicos y privados, se apoya de igual forma en el desconocimiento de los sindicatos y la criminalización de las luchas que libran los trabajadores en defensa de sus derechos.
Centenares de trabajadores, indígenas, campesinos y estudiantes se encuentran con juicios abiertos por protestar, como parte de una escalada represiva que busca frenar el proceso de movilización que se ha expresado en 15.231 protestas sociales en los últimos tres años. Nuestra corriente sindical, por su incondicional compromiso con los intereses de los trabajadores, ha sufrido directamente los embates del sicariato y la persecución de los patronos públicos y privados. El más reciente ataque por parte del gobierno de la boliburguesía es la apertura de un juicio a José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros y dirigente de nuestra corriente, y nueve trabajadores petroleros más, como represalia por impulsar la movilización en la Refinería de Puerto La Cruz en defensa de su participación democrática en la discusión del contrato colectivo petrolero.
A la inflación del 56,2%, registrada en el año 2013, se añade un elevado índice de desabastecimiento, que se ubicó según el Banco Central de Venezuela en 28% el mes de enero de este año, 26,2% en el rubro de los alimentos. Todas las expectativas generadas por el gobierno sobre una supuesta política de «precios justos» resultaron defraudadas, y la inflación continuó corroyendo los salarios, ubicándose en el 3,3% en enero de este año. El aumento del salario mínimo del 10% decretado a comienzos de año resulta una compensación pírrica de apenas 10 bolívares diarios, mientras que se requieren, según el propio presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri, más de dos salarios mínimos para cubrir la canasta básica.
El movimiento estudiantil, por su parte, ha levantado consignas democráticas contra la utilización de grupos parapoliciales en la represión de las manifestaciones y contra los excesos represivos de los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana. Ciertamente, el gobierno ha enfrentado las movilizaciones recientes reprimiendo a través del Sebin y la GNB, y utilizando bandas parapoliciales, que ya han cobrado la vida de al menos diez personas y centenares de heridos y detenidos. Consideramos que estas exigencias deben incorporarse a un conjunto de reivindicaciones sociales y económicas que den respuesta al descontento de millones de personas que padecen las crudas consecuencias de la crisis económicas y las políticas de ajuste gubernamentales, pero que hoy en día no se movilizan debido a la justificada desconfianza que tienen en las direcciones políticas de la MUD, que ya gobernaron al país durante el período puntofijista de espaldas a las aspiraciones populares y que representan intereses patronales y proimperialistas. Por eso, con plena autonomía frente a los dos bloques partidistas que actualmente hegemonizan la política venezolana, debemos unificar los esfuerzos desde abajo por visibilizar nuestras exigencias ante el desabastecimiento, la inflación, las violaciones a los derechos laborales, la crisis del sistema público de salud, el déficit de vivienda, y el deterioro de los servicios públicos. De igual forma, incorporar reivindicaciones propias de los estudiantes, como un presupuesto justo para la educación, la democratización de las instancias de gobierno universitario, entre otras, y en general, los problemas más sentidos por los trabajadores y el conjunto del pueblo.
Lamentablemente la mayoría de las direcciones sindicales han optado por cerrar filas con el gobierno o la MUD, dificultando que los trabajadores hagan valer sus propias reivindicaciones en el contexto actual. La marcha convocada por el gobierno y la burocracia sindical la semana pasada para justificar la entrega del contrato petrolero es un ejemplo de ello. Por su parte, algunas de las direcciones sindicales que forman parte de la Unidad de Acción Sindical han suscrito un manifiesto por el diálogo social en el que correctamente repudian la represión policial y parapolicial, llaman a la disolución del Sebin y a que cese la criminalización de la protesta. Pero de igual forma llaman a proteger los intereses de los inversionistas, propugnando una alianza entre trabajadores y capitalistas, planteamiento que desvirtúa el carácter de clase del pronunciamiento, y lo que es más preocupante, no plantean ninguna exigencia socioeconómica. Debido a estas diferencias, ni la C-cura ni la Unete han firmado este manifiesto.
Nosotros estamos a favor de una amnistía general para todos los luchadores sociales con juicios abiertos por protestar. Demandamos una investigación con participación de organizaciones de defensa de DDHH que determine la autoría material e intelectual de los asesinatos y lesiones producidas por los ataques armados contra manifestaciones.
Llamamos a la solidaridad con los comunicadores sociales y demás trabajadores de los medios de comunicación privados y estatales, repudiando las presiones del gobierno para restringir el derecho a la información. De igual forma estamos por un Plan Económico y Social Alternativo, para que la crisis no la paguen los sectores populares, sino quienes la generaron, la burocracia gubernamental y sus aliados del sector empresarial. Exigimos un aumento general de sueldos y salarios, un salario mínimo igual a la canasta básica, la discusión de los contratos colectivos vencidos, la ejecución de los reenganches no acatados por los patronos, la eliminación del IVA, la nacionalización de la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales; el rescate de las empresas básicas de Guayana y las empresas cementeras, y que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Con la unidad de los trabajadores y los sectores populares, es posible presentar una alternativa desde abajo ante las agendas que se pretenden imponer desde el poder, a contravía de las aspiraciones democráticas, económicas y sociales de la mayoría de la población.
Llamamos a todas las direcciones sindicales a defender los intereses de la clase trabajadora e impulsar una agenda autónoma de reivindicaciones para contraponerla a las agendas del gobierno y la oposición patronal. Realicemos un Encuentro Sindical y Popular en la ciudad de Caracas, la primera mitad del mes de marzo, para fijar posición de manera autónoma ante la crisis nacional. Así, en los hechos avanzaremos hacia la refundación del movimiento sindical y superando la estéril polarización que ha castrado la iniciativa política del movimiento obrero en estos años.
http://laclase.info/movimiento-obrero/los-trabajadores-ante-la-crisis-economica-y-social