Traducción: CLAN
«Una vez que cobraron sus sueldos, los trabajadores ocuparon las instalaciones y exigieron que la empresa se retirara. Ocuparon las oficinas y exigieron que Sincreba saliera de la planta», relató Simón Rodríguez Porras a Green Left Weekly (GLW), al hacer un recuento de la toma pacífica de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida, en Septiembre del año pasado.
La toma fue propiciada por una serie de disputas alrededor de las violaciones patronales a las leyes laborales, luego de que centenares de trabajadores fueran despedidos y puestos a laborar bajo un régimen de subcontratación que empeoró sus condiciones de trabajo.
«La empresa movilizó a la policía, diciendo que su personal había sido secuestrado por los trabajadores, pero la situación era la opuesta, los trabajadores no retenían a nadie, más bien le exigían a los representantes de la empresa que se retiraran. Al cabo de un par de horas, la empresa se retiró… con más de cien trabajadores movilizados, la policía no pudo actuar en su contra».
Rodríguez es uno de los dirigentes del Colectivo Libre Aquiles Nazoa, y militante de la Unidad Socialista de Izquierda, que ha estado trabajando con los trabajadores de la planta, estableciendo vínculos con otras organizaciones obreras, colectivos populares, y medios alternativos, promoviendo la solidaridad con esta lucha. GLW conversó con él acerca del caso.
Control obrero
Los trabajadores tomaron la planta luego de que todas las conversaciones y las negociaciones fracasaran; declararon la salida de los administradores y directores a las órdenes del presidente de Sincreba, Ricardo Vielma, y tomaron el control de la planta el 22 de Septiembre de 2007. La planta funcionó bajo control obrero por dos semanas, aproximadamente.
«Todos ganaban igual, incluyendo a las dirigentes, e hicieron inversiones para reparar camiones y maquinaria que había sido abandonada y deteriorada por la empresa. Durante la primera semana, la clasificación de la basura se hizo manualmente, pues la maquinaria estaba averiada. Ya en la segunda semana lograron que los procesos mecanizados operaran a un 50% de su capacidad», dijo Rodríguez.
Vielma respondió utilizando mercenarios para sabotear la planta, destruyendo maquinaria, interrumpiendo el servicio de agua y electricidad, y dejando a cinco trabajadores heridos. La policía no atendió las exigencias de seguridad hechas por los trabajadores, y más bien participó, junto con mercenarios, en el desalojo de la planta del 19 de Octubre. La planta fue recuperada por los trabajadores el 22 de Octubre, y al día siguiente el Municipio Libertador rescindió la conseción otorgada a Sincreba.
Sin embargo, las autoridades locales y regionales no tomaron pasos hacia la formalización del control obrero de la planta, ni a favor de la protección de los trabajadores. El 11 de Noviembre, un grupo fuertemente armado atacó y sometió a los trabajadores que custodiaban la planta. Uno de los trabajadores fue torturado, al tiempo que los agresores buscaban a Sonia Mejías, una de las líderes obreras.
Finalmente, el 19 de Noviembre, mercenarios de Sincreba y efectivos policiales tuvieron éxito en expulsar a los trabajadores de la planta, saqueando posteriormente maquinaria y camiones, los cuales eran propiedad pública. Desde entonces, los trabajadores no han accedido a la planta.
Rodríguez explicó que varios de estos mercenarios eran ex trabajadores de Sincreba, pobladores de la comunidad, quienes «no actuaron por razones ideológicas, sino por el pago del empresario». «Hay que tomar en cuenta que muchos de los que trabajaron en la planta eran ex reos, desempleados y en una situación de necesidad económica… La empresa le sacó provecho a esta debilidad económica de una parte de sus trabajadores y extrabajadores.»
Antes de la construcción de la planta, alrededor de 30 obreros de Sincreba eran recicladores informales en los botaderos, recolectando plástico y otros materiales comercializables. «Una de las justificaciones para la construcción de la planta era la de terminar con este tipo de reciclaje informal, pues es muy peligroso. Pero ahora estos trabajadores han tenido que regresar al trabajo en el botadero».
¿Por qué los cuerpos policiales y los alcaldes- todos los cinco son chavistas y dicen apoyar el proceso de cambios liderizado por el Presidente Hugo Chávez- no han apoyado a los trabajadores?
Rodríguez argumenta que «aquí las instituciones y las leyes garantizan los principios básicos del capitalismo». Señaló que el abogado de Sincreba forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un partido de masas pro-Chávez que tiene 5,7 millones de personas registradas para ser militantes. Rodríguez también argumentó que el PSUV «es un partido policlasista, no es un partido obrero». Dijo que «algunos militantes del PSUV han apoyado la lucha individualmente», pero los alcaldes «sólo usan camisas rojas».
También planteó que cuando estas autoridades «median» desde una declarada posición «neutral», de hecho dan su apoyo a la parte más fuerte en la confrontación.
Los alcaldes llegaron a un acuerdo con el Consejo Comunal de Puente Viejo (estos son comités de base que promueven la democracia participativa), para entregarle la responsabilidad de resguardar la planta. La cooperativa de trabajadores formalmente solicitó reunirse con el Consejo para reabrir la planta, con la participación de la comunidad, pero hasta ahora no ha accedido a esta solicitud. «Las autoridades usan al Consejo Comunal para tercerizar el conflicto, como una manera de evadir su propia responsabilidad», planteó Rodríguez.
El Colectivo Libre Aquiles Nazoa exige la intervención estatal, citando recomendaciones de la Asamblea Nacional, para permitir a los trabajadores gestionar el funcionamiento de la planta. El CLAN plantea que una empresa que clasifica y recicla los residuos sólidos debería ser, por su naturaleza, una empresa pública, y que debe ser manejada bajo control obrero. Plantean que esto permitiría desarrollar un experimento avanzado en materia de reciclaje, al igual que un modelo socialista de gestión obrera.
También conocí a Sonia Mejías. Llevaba algunas carpetas de manila, y nos mostró los documentos que los obreros han redactado y las cartas que han entregado. «Nadie responde… no entiendo por qué no abren la planta, está prácticamente abandonada».
Rodríguez concluyó: «Nosotros entendemos que en el marco de un Estado burgués que defiende la propiedad privada de los medios de producción, una lucha como esta siempre es difícil. La posibilidad de ganar esta lucha depende de cómo podemos aprovechar las coyunturas políticas para poner la presión del lado de las autoridades para que den una respuesta favorable a las exigencias de los trabajadores».
(Extracto del original, el cual se puede leer en: http://www.greenleft.org.au/2008/755/38997)