A la sombra de la guerra, el gobierno ucraniano está impulsando reformas laborales que se habían planeado durante más de dos décadas, pero que, por diversas razones, nunca llegaron a concretarse. Y estas no son las reformas por las que luchaban los sindicatos. Quizás el término “contrarreformas” sería más adecuado: si el mercado laboral ucraniano no era un espacio favorable para los trabajadores mucho antes de la guerra, ahora se desestabilizará aún más, se desregulará y se adaptará aún más a las expectativas de los empleadores.
En marzo, el parlamento votó y el presidente Volodymyr Zelensky firmó el proyecto de ley 2136, «ley sobre relaciones laborales en condiciones de guerra». Oficialmente, la ley es una medida temporal que busca ayudar a aquellas empresas que se vieron fuertemente afectadas por el conflicto y no pueden seguir operando en la escala anterior. Sin embargo, la ayuda del Estado no consiste en subsidios, préstamos o tasas impositivas preferenciales. El estado ucraniano parece sugerir que no tiene recursos para ninguna de estas medidas. En cambio, da a los empresarios mano libre para explotar a los trabajadores.
El proyecto de ley 2136 otorga al empleador el derecho de “suspender el contrato de trabajo”. Significa que el trabajador no es ni despedido, ni pagado. Además, el proyecto de ley da a los empleadores la oportunidad de no pagar por el trabajo que ya se ha hecho. Bastará con que digan que por hechos de guerra no pudieron pagar a tiempo. No hay ninguna institución que pueda obligarlos a pagar – explica Vitaliy Dudin, experto en derecho laboral y uno de los líderes de la organización de izquierda ucraniana Sotsialny Rukh (Movimiento Social). Y esto no es todo: el empleador ahora también tiene derecho a renunciar a cualquier convenio colectivo que existiera en el lugar de trabajo. No se necesita justificación.