José Luis Martínez no pudo asistir el martes 28 de febrero de 1989 a su lugar de trabajo. Él vivía en la parte alta de Petare, una popular barriada caraqueña, la más grande de Latinoamérica, y debía trasladarse hasta Guarenas. Pero es que en esa ciudad industrial, ubicada a las afueras de Caracas, el día […]
José Luis Martínez no pudo asistir el martes 28 de febrero de 1989 a su lugar de trabajo. Él vivía en la parte alta de Petare, una popular barriada caraqueña, la más grande de Latinoamérica, y debía trasladarse hasta Guarenas.
Pero es que en esa ciudad industrial, ubicada a las afueras de Caracas, el día anterior sus pobladores, impotentes por el aumento del costo del pasaje del transporte público, iniciaron una revuelta social que se manifestó también en Caracas y se conoció como el Caracazo.
Y es que la subida del precio de la gasolina, decretada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, desbordó la paciencia del pueblo venezolano que cada día se sumía más en la pobreza.
Los alimentos no se conseguían, porque, esperando un aumento del precio de estos, los comerciantes los tenían acaparados. Además, el presupuesto de los venezolanos ya no alcanzaba para vivir.
El lunes 27 de febrero de 1989 la gente estaba en la calle, el transporte público no prestaba servicio y los locales comerciales eran violados para conseguir alimentos.
Ese día José Luis pudo llegar a Guarenas sin problemas, aunque le costó volver a su casa, porque ya en la tarde no había transporte.
Al día siguiente, el 28 de febrero, la situación empeoró. Intentó tomar un autobús en la parte baja de Petare, pero ya no habían. En su lugar encontró a la gente en la calle saqueando locales de alimentos.
Se devolvió caminando hasta su casa y a su paso observó, en medio de los disturbios generados por las políticas económicas de CAP que hundían a los venezolanos en más pobreza, a jóvenes muy parecidos a él, uniformados de verde oliva y de azul, pertenecientes al ejército y a la Policía Metropolitana, quienes disparaban contra la gente que estaba en la calle.
«Vi a una señora caminando muy rápido con dos niños, luego a una unidad de la metropolitana que se detuvo y salieron dos funcionarios que comenzaron a dispararle a la señora. Hirieron a un niño, la señora lo recogió, eso me dio indignación y les empecé a gritar asesinos. La gente cercana a mí también lo hizo. Uno de los tipos miró hacia arriba y, como vio que yo estaba agitando a la gente, guardó la escopeta en el carro, sacó una arma larga, apuntó un solo tiro y en ese momento le dije a mi hermano: me dieron», relató Martínez.
Cayó desmayado, su hermano y un grupo de amigos salieron a su rescate, lo montaron en una camioneta y se dirigieron hacia el hospital más cercano, el Pérez de León, en Petare.
Mi hermano cuenta que me salvé de milagro. Cuando llegué al hospital decían que estaba muerto, pero no sé cómo desperté, le agarré la mano a mi hermano y le dije: no me dejes morir. Martínez ingresó el 28 de febrero de 1989 al Pérez de León por una herida de bala en el abdomen.
Ese día le dejaron una herida que aún, 20 años después, no ha sanado. Perdió el riñón izquierdo. Estuvo casi un año hospitalizado.
De haber muerto, además de no poder contar lo que pasó ese día en Petare, quizás su cuerpo estaría desaparecido, porque en esos días a las personas que morían o ingresaban sin vida a los hospitales de la capital no las registraban. A Martínez lo registraron en el Pérez de León días después de haber ingresado.
Otras personas no corrieron con la misma suerte y hoy sus familiares, después de 20 años, aún exigen les devuelvan sus cuerpos.
Y es con las exhumaciones que la Fiscalía General de la República ordenó realizar en 2009 a los nichos de La Peste, en el Cementerio General del Sur, por disposición de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2002, la cual responsabiliza al Estado venezolano por esta masacre, familiares que no volvieron a ver a su ser querido desde los sucesos del Caracazo por lo menos tendrán la certeza de saber dónde están y enterrarlos donde y como lo deseen.
La sentencia de la CIDH establece que el Estado debe localizar, exhumar e identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos idóneos, a las víctimas y entregar a sus familiares los restos mortales de las 18 víctimas que fueron al juicio, pero, el Estado venezolano irá más allá y dará respuesta a todas las personas que fallecieron durante los hechos por decreto del gobierno de Hugo Chávez, quien admite la demanda.
Primera investigación
En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dejó constancia de que el 5 de noviembre de 1990 el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó una inspección judicial en el Cementerio General del Sur para determinar presuntas irregularidades en la tramitación del ingreso de cadáveres inhumados en las fosas comunes.
Pero para que se lograra esta inspección, recuerda José Luis Martínez, los familiares de las víctimas del Caracazo debieron encadenarse en el Palacio de Miraflores.
Funcionarios del Estado inicialmente negaron públicamente la existencia de las fosas comunes, pero los familiares de las víctimas presentaron ante los órganos jurisdiccionales internos de Venezuela una serie de pruebas que demostraban la existencia de fosas comunes en el Cementerio General del Sur, dice la sentencia.
Las informaciones de que se habían cavado fosas comunes en este camposanto provenían de los mismos trabajadores, quienes denunciaron a la prensa y a los familiares en busca de sus desaparecidos y muertos que en las noches posteriores al Caracazo veían entrar camiones y excavadores.
Decían que habían abierto una zanja de noche y ahí metían los restos de la personas en bolsas negras de basura.
Exhumaciones de 1991
Luis Machado, coordinador de la Asociación de Sobrevivientes y Víctimas de Yumare, quien participó en la búsqueda de desaparecidos posterior al Caracazo, recuerda que el trabajo de exhumaciones en La Peste fue muy lento y, cuando se abrió la primera fosa común, lo primero que encontraron fue una bolsa negra de basura con cuatro cuerpos sin cabeza, manos ni piernas. Y los cuerpos que mantenían su cabeza tenían un tiro en la frente, típico de un tiro de FAL.
Cuenta que los familiares de las víctimas y testigos de esta masacre hacían guardia y hasta dormían en el Cementerio General del Sur para que no le pasara nada a los cadáveres ahí depositados.
La idea era evitar que fueran a sabotear las fosas comunes, robar los cuerpos o echar cal para dañar las evidencias.
La sentencia de la CIDH reflejó que se efectuaron 130 exhumaciones de cadáveres, de las cuales sólo 68 correspondían a personas cuya fecha de muerte era febrero y marzo de 1989.
De esos 68 cuerpos sólo tres fueron identificados, 14 fueron caracterizados, es decir, aún se encuentran en la medicatura forense esperando por ser identificados y el resto los enterraron en unos nichos cercanos a la fosa común.
En el proceso pasó algo que yo desconozco, aseguró el antropólogo Francisco Fernández, quien participó en estas exhumaciones, al ser consultado sobre por qué volvieron a enterrarse los cuerpos que no se caracterizaron o identificaron.
Para principios de los años 90, Fernández acababa de graduarse de antropólogo en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su participación en las exhumaciones de 1991 consistió en extraer de la mejor forma posible, sin pérdida de evidencia, los restos humanos que se encontraban en fosas comunes denunciadas en La Peste.
El trabajo de exhumaciones duró un año, desde noviembre de 1990 hasta el mismo mes de 1991, pero no fue continuo, se iba de dos a tres veces por semana a La Peste, porque los antropólogos trabajaban al ritmo de los fiscales a cargo del caso. No podíamos hacer las exhumaciones sin la presencia de ellos, dijo Fernández.
En La Peste se excavaron tres fosas comunes, de las cuales, posteriormente, dos se unieron e hicieron una sola.
Víctimas identificadas
De los 68 cuerpos exhumados de las fosas comunes entre 1991 y 1992, ubicadas en La Peste, sólo se identificaron a tres víctimas José del Carmen Pirela, Rubén Javier Rojas Campos y Jesús Calixto Blanco.
Pirela León tenía 16 años. Su madre, Francisca León, lo sigue dando por desaparecido, debido a que su cuerpo fue entregado a la tía del muchacho y no a ella.
Francisca cuenta que Pirela salió de su casa, en La Vega, la mañana del 28 de febrero de 1989, a la residencia de su tía y no supo más de él.
No te puedo decir que está muerto, está desaparecido, expresó.
Francisca denunció que el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic) actuó a sus espaldas.
Cofavic hace constar en su página web que el 28 de febrero de 1989, a las 10:00 de la mañana, el joven salió a hacer unas compras en la calle El Retiro de San José del Ávila, de donde nunca regresó.
Sus familiares lo buscaron incansablemente en los hospitales de la capital durante seis días. Fue el 7 de marzo cuando en el Instituto de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial le informó a los familiares que el cuerpo de Pirela había sido enterrado en una fosa común en La Peste, en el Cementerio General del Sur.
Un testigo del asesinato declaró que José Pirela se encontraba en la esquina de Santa Isabel en San José, observando lo que ocurría en las inmediaciones, cuando recibió un disparo proveniente de un grupo de funcionarios de la Policía Metropolitana que disparaba indiscriminadamente.
El cuerpo de la víctima fue exhumado e identificado en noviembre de 1990 por orden del Tribunal Décimo Penal de Caracas.
La otra víctima identificada, Jesús Calixto Blanco, tenía 54 años. La información que Cofavic comparte en su portal dice que el 2 de marzo de 1989, a las 2:00 de la tarde, Jesús se dirigía a su casa en las cercanías de la estación del Metro Agua Salud en Catia, cuando recibió un disparo en el rostro.
Un testigo del hecho señala como responsables a los efectivos del Ejército.
El 5 de marzo los familiares fueron informados del asesinato de la víctima mediante una llamada telefónica, no obstante, cuando acudieron a la Morgue del Instituto de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial el cuerpo ya había sido enterrado. Hasta la fecha, los restos de la víctima no han sido entregados a sus familiares.
La concubina de Blanco, Ana Mary García, asegura lo antes mencionado por Cofavic.
Al cuerpo de Jesús Blanco le practicaron dos experticias para determinar su identidad, una autopsia y una necrodaptilia, y en ambas resultó ser él. Sin embargo, su familiar no retiró el cadáver y éste se encuentra en los nichos.
Cofavic también describe la muerte de Rojas Campos, quien tenía 27 años. El 1 de marzo de 1989 salió a la calle para llamar a su trabajo e informar que no podía cumplir con su horario debido a los disturbios que se registraban en la zona. Cerca de las 11:00 de la mañana, mientras usaba el teléfono público ubicado en la zona 1 del barrio José Félix Ribas de Petare, Rubén Javier recibió un impacto de bala de parte de funcionarios del Ejército.
La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital Pérez de León, pero ingresó sin vida. El cadáver fue sepultado en la fosa común La Peste, en el Cementerio General del Sur.
Por petición de sus familiares y de Cofavic el cuerpo de la víctima fue exhumado e identificado en noviembre de 1990 por orden del Tribunal Décimo Penal de Caracas.
Segunda investigación
El lunes 21 de septiembre de 2009 la Fiscalía General de la República dio inicio al proceso de exhumación e identificación de las víctimas del Caracazo que fueron enterrados en los nichos ubicados en los alrededores de la fosa común La Peste, ubicada el Cementerio General del Sur.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el anuncio de estas exhumaciones, precisó que este proceso, planificado por el Ministerio Público a mediados de 2009, permitirá a los familiares de estas víctimas darles sepultura en las condiciones exigidas por la dignidad humana.
El director de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carlos Martín, y la coordinadora nacional de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Julieta Centeno, son los responsables de un equipo de expertos antropólogos, forenses y arqueólogos del proceso de exhumación e identificación de la víctimas halladas en los nichos.
Para este proceso, como primer paso, fueron convocados por el Ministerio Público los familiares de las víctimas del 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, a fin de que suministraran a esta institución la documentación de sus seres queridos desaparecidos.
Por esta convocatoria acudieron al Ministerio Público familiares de 115 fallecidos, a quienes se les explicó el trabajo de la Fiscalía para el proceso de identificación de los cadáveres que se encuentran en los nichos de La Peste.
Exhumaciones de 2009
Las exhumaciones de las víctimas del Caracazo enterradas en los nichos de La Peste fue completada en tres días. Las mismas comenzaron el lunes 21 y culminaron el miércoles 23 de septiembre del presente año.
En los nichos encontraron 125 esqueletos, los cuales fueron embalados en bolsas para cadáveres con enumeración y trasladados a un laboratorio acondicionado en los espacios del Fuerte Tiuna, en Caracas, donde son examinados por los expertos desde el pasado lunes 28 de septiembre.
La caracterización de víctimas de los sucesos del 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989 forma parte de la segunda fase del proceso ordenado por la Fiscalía General de la República para cumplir la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En esa fase se establece el color de piel de la persona, tipo de cabello, estatura, algún tipo de fractura o pérdida dental.
Esta etapa no tiene una fecha fijada de culminación. El antropólogo Francisco Fernández dejó ver que puede durar semanas o meses.
Finalmente, la tercera fase del proceso es la de identificación, la de colocar nombre y apellido a los cuerpos y entregar los restos a sus familiares. En esta etapa se requiere de la información pre mórtem (algún tipo de fractura, pérdida dental y estatura) que sólo pueden dar los familiares, para que sea comparada con los hallazgos científicos.
Igualmente, a todos los cuerpos encontrados en los nichos se les realizará una toma de tejido para hacer una prueba de ADN, esto para hacer un banco de información con ello, de manera que cuando algún familiar aparezca a reclamar a una víctima no sea necesario exhumar de nuevo los cadáveres.
Imputados por el Caracazo
La Fiscalía General de la República dictó la medida de prohibición de salida del país y de presentación periódica ante el tribunal de control del general retirado de la Guardia Nacional (GN) Freddy Maya Cardona, por su presunta responsabilidad en los sucesos ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días del mes de marzo de 1989.
El militar en situación de retiro fue imputado el pasado 11 de septiembre, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales debidamente suscritos por la República.
De igual forma son imputados por este hecho el ex ministro de la Defensa Ítalo Del Valle Alliegro y el ex jefe del Comando Estratégico de Caracas Manuel Heinz Azpúrua, quien también tienen medidas cautelares de prohibición de salida del país y de presentación periódica.
Y más recientemente el Ministerio Público imputó al ex director de la Policía Metropolitana (PM) general retirado de la GN José Rafael León Orsoni.
El ex funcionario policial fue imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales debidamente suscritos por la República.
Igualmente, el Ministerio Público presentó una orden de captura a Interpol contra el ex presidente de la República Carlos Andrés Pérez.
Fuente: http://abn.info.ve/reportaje.php?articulo=1147