Luiz Inácio Lula da Silva sí es un transgresor, pero no de las leyes de su país, ni de los valores éticos que más admiran las personas de bien en el mundo. Por su conducta pública y personal, parte importante de su pueblo desea llevarlo, por tercera vez, a la presidencia de Brasil, una de […]
Por su conducta pública y personal, parte importante de su pueblo desea llevarlo, por tercera vez, a la presidencia de Brasil, una de las naciones con mayores potencialidades de desarrollo material y humano.
Lo que Lula transgredió fue uno de los dogmas más sagrados para el capital transnacional que hoy enarbola las ideas del neoliberalismo: el Estado no está para promover programas asistenciales de largo aliento a favor de los pobres.
Durante sus dos mandatos como Presidente, cometió el «crimen» de redistribuir enormes riquezas del Estado brasileño, con el noble fin de mitigar el hambre y la pobreza de millones de sus compatriotas.
Cumplió en un altísimo grado esta promesa que asumió al tomar posesión de la Presidencia, en enero de 2003: «Si termino mi mandato y todo brasileño desayuna, almuerza y cena, habré cumplido la meta de mi vida».
Eran en ese momento 54 millones de personas las que necesitaban satisfacer el derecho humano a la alimentación segura. Cuando concluyó su segundo mandato presidencial, el país había sacado de la pobreza a cerca del 30% de las familias que vivían en esa condición, casi eliminó la pobreza extrema y sacó a Brasil del Mapa del Hambre, que elabora la ONU.
En un contexto económico internacional favorable que supo aprovechar, impulsó la generación de más de 20 millones de empleos formales, el cuádruple de los generados en el período 1990-2002. Creó programas sociales de amplia cobertura nacional, como Bolsa Familia y otros que llegaron a favorecer a más de 79 millones de personas, más de un tercio de las que tiene el país.
Solo estos hechos, en uno de los países más desiguales del mundo, merece el máximo respeto. También explica el odio de la derecha que prioriza las ganancias del capital sobre la justicia social.
Asimismo, incurrió en otros dos «delitos», igualmente «graves» para las clases dominantes locales y para las que dominan la política en Washington, Londres, Berlín y otras capitales del llamado primer mundo.
El primero fue impulsar una política exterior activa y altiva, de paz y cooperación, que potenció el liderazgo brasileño como actor global constructivo en el sistema de relaciones internacionales, entre 2003 y 2010. Todo ello con una autonomía vista con preocupación por los patrocinadores de la Doctrina Monroe en el continente.
Su segundo «delito» fue preocuparse y ocuparse en promover que Brasil, con medios económicos y tecnológicos propios, desarrollase una estrategia de defensa nacional concebida para enfrentar, en caso de necesidad, las apetencias externas por los excepcionales recursos naturales que posee el país.
Por todo ello, las clases dominantes tradicionales que nunca perdieron los resortes del poder, mientras el Partido de los Trabajadores (PT) estuvo en la presidencia del país, optaron por pasar a la contra-ofensiva. Ello se hizo claro desde los primeros meses en que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, asumió la presidencia en el 2011.
El plan subversivo fue más beligerante y público luego de las elecciones presidenciales del 2014. Sacar al PT de la Presidencia pasó a ser el primer paso para el logro del objetivo mayor: fragilizar el Estado brasileño y someterlo a la condición de pieza funcional a los intereses globales del gran capital y, sobre todo, de su centro hegemónico, los Estados Unidos. Esta operación sólo podría concretarse mediante la eliminación política de Lula. La derecha golpista así lo percibió.
Sabía y sabe que el PT es, en un altísimo grado, la importante fuerza política que es, en virtud del liderazgo cohesionador de Lula. Conoce que la izquierda y los sectores nacionalistas del país lo ven como al único líder con experiencia, méritos y condiciones para facilitar acuerdos conjuntos. Y reconoce en silencio que los más pobres, pese a todas las calumnias contra él, le siguen percibiendo como su único líder nacional.
Todas estas razones unidas explican por qué para las clases dominantes brasileñas es irrelevante si hay, o no, pruebas convincentes para sustentar las innumerables acusaciones que le han fabricado al expresidente petista. Basta con que los flamantes jueces tengan la convicción de las sospechas son creíbles. Los absurdos procesales poco importan.
El estado de derecho que exaltan los ideólogos de la derecha, ha sido y sigue siendo vulnerado todos los días. Tal conducta confirma que los representantes del gran capital, cuando ven sus ganancias y su poder en peligro, no tienen escrúpulos de ningún tipo para actuar en pos de las ventajas a las que aspiran.
Esta impunidad podría tornarse mayor si está ausente, o es débil, la movilización de masas en contra del golpe, cuya más cruda expresión actual lo es la situación política y judicial que vive Lula.
Los dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y de otras fuerzas de izquierda tienen plena conciencia de esto, así como los coordinadores del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), pieza central de las movilizaciones en desarrollo a favor del expresidente
Lula es el rostro visible y mayor de las injusticias que hoy se comenten a nombre de la «justicia». Merece estar libre y los que le apoyan deberían ser respetados en su derecho soberano de tenerlo, de nuevo, en la Presidencia.
Es evidente que la derecha le teme. Como acusado es, en realidad, el gran acusador de una democracia representativa puesta al servicio, en los hechos, de los intereses de la élite neoliberal que comanda al país. Ello explica que crezca el número de juristas prestigiosos, no vinculados al PT ni a la izquierda, expresándose en contra de la actuación selectiva de Sergio Moro y de los que le apoyan en el poder judicial.
En estas condiciones, por cada día que pase Lula en la cárcel con la firmeza que está mostrando, su enorme prestigio político y como ser humano excepcional, se multiplicará exponencialmente y quedará como legado de dignidad, para los brasileños y para todas las personas que aspiran y luchan por un mundo mejor.
Los hechos confirmarán que sí tiene sentido luchar contra toda injusticia.
Rafael Hidalgo Fernández es analista político.