El Jefe del Estado ha sido reiterativo en la necesidad de que las acciones de gobierno en todas sus instancias no solamente deben agilizarse, pues no admite, con toda razón, que por formalismos burocráticos intrascendentes, las cosas haya que posponerlas, así como que las mismas tienen que ser adelantadas dentro de la mayor transparencia y […]
El Jefe del Estado ha sido reiterativo en la necesidad de que las acciones de gobierno en todas sus instancias no solamente deben agilizarse, pues no admite, con toda razón, que por formalismos burocráticos intrascendentes, las cosas haya que posponerlas, así como que las mismas tienen que ser adelantadas dentro de la mayor transparencia y siguiendo de forma rigurosa procesos eficientes, en términos de la mayor calidad.
Ha dicho hasta la saciedad que en las decisiones de compra de bienes y servicios por parte de cualquier organismo público, deben arbitrarse todos los mecanismos posibles que determinen que los procesos de contratación requeridos para ello lo sean sobre la base de costos y precios en niveles normales y razonables de mercado, es decir, que ni por asomo pueda surgir la duda de que frente a esos actos administrativos, aparezca la trastada del corrupto encubierto bajo cualquier disfraz.
Somos un país pequeño y todos nos conocemos, de manera que no es un secreto para nadie que muchos (o la mayoría) de quienes fueron conductores y operadores de los gobiernos cuarto republicanos eran ciudadanos de clase media no adinerada y hoy en día, de por si o sus causahabientes para el caso de los que han fallecido, disponen de fortunas incalculables que las exhiben sin un mínimo vergüenza frente a quienes les conocen su historia y hasta la manera de caminar. Lo lamentable del cuento es que esa asquerosa historia se sigue escribiendo de igual modo, como hemos visto con la mayor indignación ante los hechos irregulares ocurridos con el desarrollo de las obras del Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora en Barinas, con el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), con FONDAFA y con las famosas «Ciudades Judiciales», para mencionar sólo los casos más recientes y más sonados, pues quien sabe cuantas obras y proyectos más del Estado que están siendo ejecutados a lo largo ancho de nuestra geografía han sido ya tomados por delincuentes de cuello blanco para comprometerlos por la vía de robarse una buena tajada de sus presupuestos.
Nos duele muchísimo que este tipo de cosas estén ocurriendo en un país que se encamina por el sendero de la revolución bajo el liderazgo de un hombre como Chávez que no se cansa de pedirle a sus colaboradores, independientemente del nivel jerárquico que tengan, el mayor desprendimiento y la más absoluta entrega para que los recursos y bienes del Estado sean manejados con la más absoluta pulcritud. Les ha dicho públicamente, sobre todo a los que están en su propio entorno, como ministros, viceministros y presidentes de institutos y empresa del Estado, que hay que estimular y coadyuvar a la conformación de las contralorías sociales para minimizar esas conductas condenables, pero vemos que allí que es muy poco lo que se percibe que se ha hecho o lo que pudiera estar haciéndose.
Ante el caso último que tanto revuelo ha causado, cuyo primer responsable ha sido un hombre que se había colocado la boina roja y que tenía tanta influencia que llegó a convertirse en «factotum» de primera línea en el Poder Judicial, luego de haber hecho su pasantía por la Asamblea como flamante diputado en las listas del MVR, se impone que las investigaciones de los hechos que se le imputan, donde al parecer se dilapidaron y robaron millardos de bolívares, sean ampliadas con la mayor prontitud, sagacidad y profundidad porque hay que descubrir a todos quienes cooperaron con Velásquez Alvaray en tan descomunal y descarada estafa a los dineros públicos. Ese sujeto no actuó en solitario para hacerla. Debió haber armado toda una estructura burocrática que se ocupó de diseñarla y perfeccionarla, desde la planificación, hasta la selección de los inmuebles que había que adquirir, pasando por los avalúos que fueron ordenados y por la revisión de los mismos, así como por el pago de los honorarios que causaron como documentos muy importantes que se utilizaron para justificar la compra a precios razonables (?) de mercado, para que finalmente se llegara al pago y cancelación de las respectivas adquisiciones ante notaría o registraduría pública.
Paralelamente a esa ardua tarea que tienen por delante los organismos de investigación del Estado para verle el hueso a ese gigantesco robo en la judicatura, hay que diseñar una política de Estado muy clara e inflexible que agencie estrategias muy concretas que permitan generar acciones preventivas para reducir a su mínima expresión tales actos aberrantes contra los dineros públicos, como es esa la de que se exija sin dilación la activación de las contralorías sociales y paralelamente a ello que el máximo organismo de control del país, la Contraloría General, instrumente un plan de trabajo orientado a revisar con el mayor celo y rigor las declaraciones juradas de patrimonio, pues esos documentos son piezas valiosas que, sin duda alguna, contienen información que pondrían al descubierto claras evidencias sobre conductas irregulares. Nos parece que una decisión de esa índole por parte de la Contraloría sería una contribución efectiva en el esfuerzo de todos por combatir tan terrible flagelo.