Cuando entre mayo y agosto de 2016, se consumaba el golpe contra Dilma Rousseff, la institucionalidad brasileña había logrado traducir 54 millones de votos en apenas 61 voluntades parlamentarias, dispuestas a destituir a una presidenta legítima, sin poder esgrimir una sola prueba sobre algún delito. Actualmente, Luiz Inácio Lula Da Silva, el dirigente político más […]
Actualmente, Luiz Inácio Lula Da Silva, el dirigente político más importante de Brasil, es preso de una institucionalidad que, lejos de algún tipo de representación política, ha logrado desarmar la frágil democracia brasileña poniendo por encima de la misma a un tribunal regional de primera instancia y luego al Supremo Tribunal Federal.
Ambos, han sabido conjugar el discurso incesante de la cadena O Globo, el consecuente trabajo del Juez Sergio Moro, junto a las urgentes expectativas de desarme de un conjunto de instancias regionales -las cuales fueron consagradas la pasada década y media- que la derecha regional y los Departamentos de Estado y de Justicia norteamericano han puesto entre sus principales objetivos. Dicha afirmación puede interpretarse siguiendo de cerca el tono de los principales lineamientos de la VII Cumbre de las Américas en Panamá, en abril de 2015, donde más allá de la tan promocionada promesa de deshielo entre Cuba y Estados Unidos, lo que allí se iniciaba era una definitiva presión destituyente hacia los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela, y, sobre todo, hacia las instancias regionales que estos habían consolidado.
Buscarle explicaciones a esta ecuación entre representación popular e intersticios institucionales más allá de aquella, obliga a pensar en las características del sistema político brasileño. O, por ejemplo, a los efectos de esta nota, saber que Brasil arrastra un sistema de partidos que por su fragilidad condena programas progresistas a establecer alianzas que se constituyen en sus propias fronteras. Estas estrategias de gobernabilidad, como sabemos, suelen profundizarse en escenarios de restauración, o por lo menos de crisis, lo que «obligó» al PT a conformar un gobierno de coalición apenas iniciado el segundo mandato de Rousseff.
Sabido es, que en el devenir del Partido de los Trabajadores se ha priorizado una tradición aliancista. Cuando fuera el golpe a Dilma, se buscó tratar de convertir en favorables votos que a priori no lo eran -en ambas cámaras- e inclusive elegir el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que daba cuenta de una estrategia de corte institucional por sobre otra de presión popular, llamamiento a la movilización y ocupación de calles.
Ante la consolidación de tales estrategias, distintos sectores -además de aquellos al interior del PT como el propio PSOL- fueron corriéndose de la construcción petista y, por ende, desmovilizando a sus bases. Agosto de 2016 no fue la causa, sino la consecuencia.
A casi dos años del inicio de la destitución de Dilma, se consolida el golpe en Brasil. Uno de los actores principales permite dar cuenta del modo de presión sobre los gobiernos populares a las órdenes de Washington. El juez Sergio Moro, quien lleva adelante la Operación Lava Jato y que el jueves pasado solicitó la detención del ex presidente brasileño, fue integrante del proyecto conocido como «Puentes» en 2009, tal como se supo a partir del cable de Wikileaks -entidad creada por Julian Assange, hoy incomunicado a partir de la decisión del gobierno de Lenin Moreno- donde se informaba al Departamento de Estado sobre el seminario de cooperación, con la presencia de importantes miembros de la Policía Federal, el Poder Judicial, el Ministerio Público y distintas autoridades norteamericanas y de otros países de Latinoamérica, en la Ciudad de Río de Janeiro.
El objetivo más importante que tales cursos perseguían se ha conseguido. Primero el golpe a Dilma, ahora quitar del proceso electoral al candidato con mayores chances de ganar este año la presidencia de Brasil. Si en la persona de Lula algo sobresale, es un liderazgo regional consolidado, el más claro luego de la muerte de Hugo Chávez; sobre todo en relación a la dimensión política -de unidad política- que instancias como Unasur cumplieron en nuestra región frente a procesos de desestabilización y hoy brillan por su ausencia.
Haber desalojado de Planalto al Partido de los Trabajadores en 2016, para la derecha fue una decisión definitiva. El poder económico brasileño no está dispuesto a que el desalojado vuelva. Como nunca lo ha estado a lo largo de la historia. Pero también, estos sectores advierten una necesaria recomposición de una institucionalidad que han puesto en descrédito, y de las posibilidades de Lula de montarse sobre tales ruinas e -inclusive como lo ha propuesto- convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en un marco de radicalización y recalentamiento de las bases y otros sectores, que por fuera del PT- ahora se aglutinan a favor de Lula.
Brasil vive en la actualidad -la ocupación de Río de Janeiro, la fascistización de la vida social y el proceso de militarización desandado lo corroboran- en una absoluta excepción. La decisión del TSF estuvo antecedida por los disparos a la caravana de Lula, y la amenaza -tan exacerbada por O Globo– de golpe militar al golpista Temer. Todo un modo de sobresaltar la necesidad de que Lava Jato triunfe o, en su defecto, como se dijo, de saber que Lula en libertad desarticulaba toda la trama.
Todo esto, junto a la veintena de dirigentes políticos asesinados los últimos dos años, no solo completan el golpe consumado en Brasil, sino, sobre todo, el modo en que este condicionó a quienes busquen recomponer un entramado institucional para el actual capitalismo brasileño. LuizInácio Lula Da Silva, a quien le corresponde la responsabilidad histórica de aglutinar una alternativa radicalizada para este escenario de recomposición, finalmente fue encarcelado.
Quizás no podía ser de otro modo. Porque así se completa una imagen, nuevamente, de tintes originarios, en un nuevo atrincheramiento en el sindicato metalúrgico. Allí espera el PT y, en consecuencia Brasil, por la organización de un nuevo tiempo histórico que deberá emerger de las consecuencias de un ciclo de inestabilidad política que amenaza a toda la región.
Luis Wainer es sociólogo, Mg. en Estudios Latinoamericanos (UBA-UNSAM). Coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación.
Fuente: https://www.nodal.am/2018/04/lula-en-prision-el-triunfo-de-la-operacion-lava-jato-por-luis-wainer/