La reforma agraria, una de las grandes promesas electorales del presidente Lula, está paralizada. O casi. La soja avanza. Las exportaciones de las multinacionales agrarias siguen creciendo. La superficie de los latifundios de caña de azúcar crece a un ritmo del 125% por año. Pero los pequeños agricultores pierden espacio en el campo. 2007 ha […]
La reforma agraria, una de las grandes promesas electorales del presidente Lula, está paralizada. O casi. La soja avanza. Las exportaciones de las multinacionales agrarias siguen creciendo. La superficie de los latifundios de caña de azúcar crece a un ritmo del 125% por año. Pero los pequeños agricultores pierden espacio en el campo. 2007 ha sido un año negro para la reforma agraria.
El peor desde que Lula llegó al poder. El número de desapropiaciones de tierra cayó un 62% con respecto a 2006, según el Diario Oficial (la publicación del Gobierno). El número de hectáreas que el Gobierno Lula puso a disposición de campesinos sin tierra en 2007 fue de 204.500. La cifra no es sólo inferior a la media anual del primer mandato de Lula (682.500), si no que se queda raquítica al lado de las 465.700 hectáreas desapropriadas en los últimos tres años del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Las tierras desapropiadas apenas sirvieron para asentar a 67.000 familias, cuando el objetivo eran 100.000. Desde que Lula llegó al poder, el número de familias asentadas en precarios campamentos pasó de 60.000 a 230.813 (dato de enero de 2007). Más de un millón de personas esperando su pedazo de tierra prometida.
Críticas
Los movimientos sociales han recibido la noticia como un jarro de agua fría. «Llegó la hora de que Lula cumpla las promesas electorales de 2002. Priorizar la agricultura familiar y la reforma agraria. Si no, los problemas sociales solo aumentarán», aseguró al diario Folha de São Paulo João Pedro Stedile, coordinador general del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
El Fórum Nacional de la Reforma Agraria, formado por más de cuarenta asociaciones campesinas, critica además el sistema de asentamientos. «Las familias continúan acampadas precariamente. Se les dan títulos, pero no se les da la tierra», afirma Isidoro Revers, coordinador de la Comisión Pastoral de la Terra (CPT). El Fórum denuncia que el Gobierno se limita a legalizar asentamientos que ya existían. Y a entregar tierras en la Amazonia, sin ninguna condición para vivir en ellas.
Por si fuera poco, acaba de salir a la luz que el Gobierno Lula utiliza índices de productividad de 1975. Eso significa que se deberían desapropiar muchas más tierras. Por eso hay poca superficie disponible y los latifundistas acaban ingresando indemnizaciones millonarias. Hasta el ministro de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel, asegura que las desapropriaciones se verán perjudicadas si Lula no actualiza los índices de productividad.
«Estamos comprando más tierras antiguas y eso lo encarece», afirmo Guilherme Cassal.
Si se aplicase a rajatabla el artículo 187 de la constitución brasileña, el Gobierno podría expropiar directamente y sin costos «las tierras improductivas».
El geógrafo Marcelo Resende, de la ONG Rede Social de Justicia, afirma además que Lula «ha naufragando en la reforma agraria porque depende de los 180 votos de los diputados ruralistas». Algunos de sus partidos aliados, principalmente el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), tienen fortísimos intereses agrarios: la mayoría de sus diputados son latifundistas.