En la tarde de ayer el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. La culpa: haber recibido, como soborno, un departamento de […]
En la tarde de ayer el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. La culpa: haber recibido, como soborno, un departamento de tres plantas y poco más de 200 metros cuadrados en Guarujá, un decadente balneario a unos 70 kilómetros de São Paulo, por valor de poco más de 700 mil dólares.
La sentencia era, bajo muchos aspectos, esperada. Al fin y al cabo, desde el inicio del llamado «Operativo Lavado Rápido» (Lava Jato) quedó más que clara la obsesión fundamentalista del juez de provincias contra el ex presidente más popular del último medio siglo en Brasil y principal figura política del país de nuestros tiempos.
¿Pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula? Ninguna. Para empezar, el inmueble en cuestión tiene su titularidad empeñada junto al banco estatal Caixa Económica, como parte del acuerdo de suspensión de pagos y recuperación judicial de la constructora, la OAS. Pero hay más: no existe un solo registro de propiedad del inmueble a nombre de Lula. Y eso, por una sencilla razón: nunca le perteneció.
Es una historia harto conocida en Brasil, y debidamente ensombrecida por los medios hegemónicos de comunicación que han sido uno de los pilares del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, pero cuyo objetivo clarísimo siempre ha sido el de liquidar la figura política de Lula da Silva.
Efectivamente, hace más de una década, la fallecida esposa de Lula, doña Marisa Leticia, adquirió una cota de un edificio que sería construido en Guarujá. Acorde a las leyes y costumbres en Brasil, es posible comprar una cota de una construcción y, cuando esté terminada, elegir determinado departamento y pagar la eventual diferencia. Fue lo que ocurrió: cuando el edificio quedó listo, doña Marisa fue a verlo y desistió del negocio. El constructor, que sí obtuvo gordísimos contratos con la Petrobras durante los mandatos de Lula, entendió lo obvio: tener al ex presidente entre los propietarios del edificio sería un atractivo insuperable. Mandó reformar todo el inmueble, dotándolo inclusive de un ascensor privado, y pidió que Lula fuese a verlo. Y cuándo lo vio, Lula – ha sido su única visita al local- le dijo que definitivamente no.
No hay una única prueba de que algún minuto de algún día el ex presidente haya recibido el departamento. Sobran pruebas de que la constructora OAS sigue siendo su verdadera y única propietaria. ¿Por qué motivos entonces se condena da Lula?
Por una única y verdadera razón: porque para liquidarlo se armó y desató el golpe que destituyó a Dilma Rousseff.
Hay que entender que la frustrada presidenta era nada más que un escollo en el camino de los que armaron el golpe: el actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en las elecciones del 2014, con el pleno aval del ex presidente Fernando Henrique Cardoso; los medios hegemónicos de comunicación; los partidos políticos que se dejan comprar por el mejor postor, sea de donde sea; el gran capital nacional; y, claro, los intereses de las multinacionales que ahora pretenden beneficiarse de la nueva situación. Para que ese cuadro se completase, era y es necesario liquidar a Lula y su partido, el PT.
La llegada de Michel Temer y sus secuaces tuvo como objetivo primordial imponer «reformas» que, en realidad, significan liquidar todo lo que se construyó, en términos de derechos sociales, no solo bajo los gobiernos de Lula y Dilma, sino de los últimos más de cincuenta años y, en el caso de los derechos laborales, más de setenta. Ahora, cuando se ve quienes son los verdaderos bucaneros, ellos dejan de ser necesarios. Temer es un presidente que, además de ilegítimo, está moribundo.
Lula da Silva se transformó, gracias a la actuación de un juez de provincias cuyo autoritarismo y parcialidad son más que evidentes y ya no solo para juristas, sino para crecientes parcelas de la opinión pública que no se dejaron idiotizar por los medios hegemónicos de comunicación, con la TV Globo a la cabeza, en el primer ex presidente condenado por corrupción.
No hay, vale repetir, una mísera prueba contra Lula en el caso del departamento. Pero sobran pruebas de que, pese a la masacre que el ex presidente sufre de manera incesante, su popularidad es una amenaza. Lula es un pájaro peligroso, que tiene que ser abatido antes de que vuelva a alzar vuelo.
Si para defender esa clase de interés la derecha más rancia encuentra a un joven juez de provincias obcecado por la fama y obsesionado contra Lula, y si a tal magistrado se unen fiscales fanáticos, todo eso al amparo de los medios de comunicación y la omisión cómplice de las instancias superiores de justicia, el guión de la película está cerrado.
Hay que ver cómo reaccionará el público. Si con la debida indignación, o la miserable resignación.