Lula no es sólo un preso político; es un líder político secuestrado, es un rehén de importancia trascendental para la continuidad y la profundización del régimen de excepción. Lula fue arrestado y secuestrado por Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, y encarcelado para no estorbar la implantación del proyecto de poder de la extrema derecha en […]
La farsa jurídica ampliada en el tribunal de excepción del Lava Jato (TRF4) el 24 de enero de 2018 fue una de las mayores atrocidades jurídicas contemporáneas. El proceso contra Lula puede equipararse al proceso farsesco que condenó ilegalmente al oficial judío del ejército francés Alfred Dreyfus sobre finales del siglo XIX. Aquella injusticia fue el fundamento de la obra Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, así como de los trabajos de la pensadora alemana sobre antisemitismo y nazismo.
Dreyfus inspiró también el manifiesto «Yo acuso», una carta de denuncia dirigida al presidente de Francia publicada en el periódico Aurora en enero de 1898, en la que Émile Zola pedía la anulación de la condena ilegal de Dreyfus y una investigación justa y transparente.
Una vez encarcelado, Lula fue privado progresivamente de sus derechos civiles, políticos, e incluso, de los derechos inherentes al ser humano. Se le privó de su derecho a votar. Para evitar su elección como presidente de Brasil, el régimen de excepción actuó en forma contraria a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y le quitó su derecho a ser elegido por la mayoría del pueblo brasileño en octubre de 2018.
Acallaron la voz de Lula, violaron su libertad de expresión y de libre manifestación y no lo dejaron comunicarse con el pueblo y tampoco conceder entrevistas a la prensa.
La inhumanidad de la operación Lava Jato no tiene límites. Además de prohibirle ser visitado por religiosos y de elegir qué abogados defensores pueden asistirlo, el juicio de excepción le impidió a Lula sepultar a su hermano Vavá. Una crueldad inaudita y un castigo inhumano que ni la dictadura fue capaz de infligirle a Lula: en 1980, a Lula se le dio permiso para salir de la cárcel donde estaba como preso político para sepultar a su madre. Esta restricción cruel impuesta a Lula no se impone, en cambio, a la población carcelaria del país. En 2018, a decenas de miles de presos se les dio autorización para salir en caso de fallecimiento o dolencias graves de un familiar.
La nueva condena farsesca impuesta el 6 de febrero por la jueza sustituta de Moro continuó el camino fascista de persecución penal que llevó al primer encarcelamiento ilegal de Lula el 7 de abril de 2018.
En el afán de condenar a Lula, y antes de pasar la titularidad del juzgado a quien asumirá el puesto en los próximos días, la joven jueza Gabriela Hardt cometió errores groseros, como: 1) condenar a Lula por corrupción pasiva cuando él no estaba ejerciendo un cargo público en la fecha en que sucedieron los hechos; 2) tratar a Léo Pinheiro y a José Aldemário como si fuesen dos personas diferentes, cuando en realidad son dos formas de llamar a la misma y única persona, el empresario, criminal confeso y delator José Aldemário Pinheiro Filho; y 3) condenar a Lula por corrupción en Petrobras, en un caso que no tiene ninguna conexión con los desvíos de dinero en la petrolera estatal.
Lula está acusado en por lo menos otros seis procesos, cada uno de ellos más escandalosamente fraudulento que el anterior. Uno de ellos, por ejemplo, se relaciona con el programa tecnológico de Gripen, implementado después de su mandato.
A Lula le tienen miedo. Saben que, en libertad, ejerce un extraordinario poder político y simbólico que puede desestabilizar el pacto de dominación oligárquica y el régimen de excepción. Por eso necesitan mantenerlo incomunicado y aislado.
Esta segunda condena confirma el patrón del proceso judicial contra Lula y muestra una clara tendencia de nuevas condenas ilegales. El odio de la clase dominante contra Lula llegó a su ápice. La burguesía ya no esconde su deseo de ver a Lula terminar sus días en la cárcel.
Su candidatura al Nobel de la Paz adquiere especial relevancia en vista de esta realidad dramática. Es preciso hacer de la defensa del Nobel para Lula una plataforma de una campaña mundial de denuncia de su condición de líder político secuestrado y encarcelado por el Lava Jato, que le ha arrebatado sus derechos civiles, políticos y humanos.
Jeferson Miola es integrante del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea) y fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial.