El concepto de protección social del gobierno de Lula no se encuentra en ningún documento oficial o escrito de su Partido de los Trabajadores (PT) ni de su programa electoral. Por esta razón es por lo que resulta tan difícil para el público en general, poco familiarizado con los problemas de la política […]
El concepto de protección social del gobierno de Lula no se encuentra en ningún documento oficial o escrito de su Partido de los Trabajadores (PT) ni de su programa electoral. Por esta razón es por lo que resulta tan difícil para el público en general, poco familiarizado con los problemas de la política social, comprender el significado de sus verdaderas propuestas y políticas. En nuestro intento de explicar este concepto, debatiremos la reforma gubernamental del sistema de seguridad social, subrayando sus repercusiones en el aparato del Estado. Analizaremos el núcleo de la política social que representa el «Programa Bolsa Familia» (Programa de Cesta Familiar) y describiremos la forma en que el gabinete concibe la política social. Desde un principio, queremos dejar claro que la política pública de Lula pone freno a anteriores avances en el campo de los derechos sociales, trata de crear un sistema privado de atención sanitaria y extiende redes de bienestar que no toman los derechos como fundamento. Este último factor resulta crucial para la creación de una nueva base de apoyo al gobierno, que no se estructura en torno organizaciones sociales, sindicales y políticas de trabajadores.
Contrarreforma de la Seguridad Social
La reforma de la seguridad social aprobada en diciembre de 2003 retomaba la cuestión exactamente dónde había quedado durante el gobierno Fernando Henrique Cardoso: la edad es el único criterio de jubilación de los empleados públicos; los valores de la pensión de jubilación ya no se definen de acuerdo con el ingreso medio de la vida activa1; se recaudan pagos fiscales y a la seguridad social de los jubilados, por más que la noción contradiga los mismos principios de la legislación sobre seguridad social, puesto que no genera futuras prestaciones, y se ponen las condiciones para la futura privatización del sistema para beneficiar a los fondos de pensiones gestionados por los sindicatos o la iniciativa privada. Para hacer avanzar su propuesta, Lula recurrió a toda clase de métodos, de las medias verdades a la desinformación.
En esta lucha por ganarse corazones y mentes el gobierno utilizó la creencia general de que existe un enorme déficit en el sistema de seguridad social, creencia fomentada por anteriores gobiernos durante muchos años. No obstante, el argumento fue abandonado a la vista del aluvión de contrainformaciones que podían encontrarse en la prensa y entre los formadores de opinión, y no apareció en el borrador final sometido a votación. En Brasil, las pensiones, junto a la salud, la cobertura de desempleo y la asistencia social las gestiona la Administración de la Seguridad Social. Por mandato constitucional, los recursos fiscales que las financian, que provienen de diversas bases fiscales, no pueden tratarse aisladamente. Sin embargo, el gobierno ha descartado ese mandato constitucional y comparaba las sumas que se pagan como pensiones de jubilación con los fondos que se recaudan de trabajadores con empleos formales, es decir, los de quienes trabajan en condiciones legales desde el punto de vista de las relaciones laborales. Pero si se sigue el principio constitucional de la seguridad social, el sistema muestra un superávit (47.300 millones de reales en 2005) mayor que el gasto federal total en sanidad, por ejemplo.
Otra de las estrategias consistía en presentar la idea de que el Estado es ineficaz y los empleados públicos son privilegiados y perezosos. Para apuntalar este argumento, se comparaba la pensión de un funcionario público relativamente veterano y el salario medio de trabajadores del sector privado, diluido al promediarlo con los millones de personas que ganan el salario mínimo que ordena la Constitución desde la época de la restauración democrática.2 Así pues, una opinión pública ya acostumbrada a la idea de que la función pública es de baja calidad y eficiencia gracias a años de bombardeo de los medios de información y pensadores antigubernamentales, se situaba en contra de los empleados públicos. Así aislados, los funcionarios públicos quedan librados sólo a sus propios recursos para combatir las reformas de Lula. Uno de los motivos que se aducen en favor de la reforma es la comprensión de que los fondos de pensiones crearían una notable cuenta de ahorro interior que contribuiría a financiar el desarrollo nacional. Además, el gobierno ha manifestado que usaría los fondos de pensiones para financiar futuras infraestructuras y programas sociales, como parte de su plan de introducir prestaciones por definir, es decir, sin garantizar el valor de las pensiones. Hay quienes defienden esto como forma de que los trabajadores ganen poder en un mundo dominado por la globalización financiera, una lectura de la realidad común a varios antiguos funcionarios de la administración de Lula que en la actualidad han sido alejados del gobierno debido a acusaciones de corrupción. Con todo, la normativa de jubilación ha cambiado y se han concedido permisos para que los sindicatos puedan establecer sus propios fondos de pensiones.
Otra razón esgrimida en favor de la reforma, también al servicio del capital financiero, es la consecución de grandes superávits primarios [diferencias entre ingresos y gastos públicos, exceptuando el pago de intereses o reembolsos de deuda]. En los últimos años, Brasil ha hecho un enorme esfuerzo por generar plusvalías y pagar su deuda externa. El nuevo gobierno se ha ceñido a esa política, tal como muestra una carta de su ministro de Economía, Antonio Palloci, a Horst Köhler, director general del FMI, enviada el 28 de mayo de 2003, un mes después de remitir al Congreso la ley de reforma.
El gobierno se ha movido rápidamente para llevar a la práctica su agenda de recuperación económica y reforma. Tras un considerable esfuerzo de creación de consenso, un ambicioso paquete de reformas fiscales y de la jubilación se envió al Congreso antes de lo esperado. La política fiscal se ha concentrado en reducir la deuda pública: la Ley de Directivas Presupuestarias remitida al Congreso eleva el objetivo del superávit primario hasta un 4,25% del PIB. Además, se aprobó la enmienda constitucional que facilita la regulación financiera, paso necesario para consolidar la autonomía del Banco Central.
La contrarreforma de la jubilación y el Estado
La reforma del sistema de jubilación ha sido antidemocrática, promoviendo una redistribución regresiva de la renta de los empleados públicos al capital financiero. Ha sido antidemocrática, ante todo porque ignoró la necesidad de una normativa adecuada de transición. En el caso de los empleados públicos, la ley solía garantizar la equivalencia entre los pagos de la jubilación y los salarios del trabajo activo, en el sentido de que los trabajadores no sufrieran merma de ingresos en el momento de su jubilación. Todo ello en el bien entendido de que el sistema compensaba a los funcionarios que reciben salarios más bajos que los pagados por el sector privado, particularmente los de los trabajadores públicos menos cualificados. En el curso de una vida, los ingresos totales de los trabajadores del sector público y privado tendían a converger, puesto que los del sector privado sufren una brusca merma de ingresos en el momento de la jubilación (cuanto mayor el salario, mayor la merma) y los empleados públicos, que ganan menos durante su vida activa, no sufren esa disminución al jubilarse. Dicho de otro modo, la alianza entre el sector público y sus trabajadores era una garantía de ingresos de por vida, aunque fueran menores que los ofrecidos por el sector privado en el mismo nivel de cualificación. Mediante ese sistema, los funcionarios quedan a cubierto de la incertidumbre que supone el futuro y podían crear un «ratio» entre ingresos y ahorros diferente de la de los trabajadores del sector privado. Aunque su renta neta fuera menor, los trabajadores públicos necesitaban ahorrar menos para el futuro puesto que sus ingresos futuros estaban garantizados.
Las reformas de Lula vienen a suponer la ruptura de esta alianza entre el Estado y sus funcionarios públicos. Esta ruptura se ha vuelto extremadamente violenta, puesto que no ha tenido en cuenta el hecho de que los trabajadores públicos no tienen forma de corregir el «ratio» anterior entre renta y ahorros. Habría que recordar que son pocos los que reúnen las condiciones para una pensión con todo el salario, de acuerdo con las nuevas condiciones (edad, tiempo en la función pública y años de cotización al sistema). En toda sociedad democrática, cuando se modifican las leyes de jubilación, debe aplicarse un sistema de transición a fin de minimizar las pérdidas de quienes ya están en el mercado de trabajo. Parece que la promesa del gobierno de no romper contratos, manifestada públicamente en varias ocasiones, no se aplica a quienes trabajan para él.
Puesto que no hay expectativas de que los trabajadores del sector público dejen de tener salarios más bajos que los del sector privado, el cambio del sistema de jubilación desanimará a los trabajadores cualificados a la hora de solicitar puestos del Estado. El único marco en el que no sucedería tal cosa sería el de un elevado desempleo, en el que los trabajos del sector público estarían mucho mejor valorados. La reforma del sistema de jubilación llevada a cabo por el gobierno de Lula es un paso decisivo encaminado a la destrucción del Estado del Bienestar brasileño, un proceso iniciado por la administración de Collor.
Bolsa Família: Estandarte de la política social del gobierno de Lula
El proyecto Hambre Zero: Seguridad Alimentaria para Brasil del gobierno de Lula usa como baremo la línea de pobreza del Banco Mundial ($1,08 al día), ajustada al coste de la vida regional, y por la existencia o ausencia de una agricultura autosostenible. El objetivo primordial del proyecto se dirigía a la población que vive por debajo de la línea de pobreza, -44, 043 millones de personas, lo que supone 9,32 millones de familias-, una cifra que abarca el 21,9 % de las familias, el 27,8 % de la población total, el 19,1 % de la población urbana, el 25,5 % de la población urbana no metropolitana y el 46,1 % de la población rural. El ingente volumen de población empobrecida hace difícil considerar que las políticas que la tienen como objetivo dispongan de alguna clase de enfoque. Desde luego, es evidente que dicha política no es universal, al ser tan enorme el volumen de población al que se dirige.
Tras los primeros meses de Lula en el poder, los esfuerzos centrados en el programa Programa Bolsa Família (Cesta Familiar) tomaron el relevo de programas preexistentes. La Bolsa Família no creó un derecho social sino que, como sugiere el nombre, se trataba de una prestación creada por el gobierno federal (véase Cuadro 1). Las investigaciones de Marques y otros en 2004 estimaban que hacia diciembre de 2004, cuando 4.1 millones de familias recibían la Bolsa Familia, la población beneficiada, considerando el número medio de miembros por familia, era de 16.5 millones. En el segundo año de Lula en el poder, 2004, llegó a 5,7 millones de familias. Para diciembre de 2005, llegaba a 8,7 millones de familias, que no es exactamente el objetivo total de una población de 11,1 millones.
Cuadro 1
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Bolsa Família, prestaciones mensuales para el objetivo de población, 2006 (en reales) |
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Valor de la renta familiar (per capita) |
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Prestación |
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Máximo y Mínimo |
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Hasta 60.01 |
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Basico: R$50.00 Variable: 15,00 reales por hijo, hasta el tercer hijo, hasta los 15 años. |
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R$50.00-R$95.00 |
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Más de R$60.01 |
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Variable: 15,00 reales por hijo, hasta el tercer hijo, hasta los 15 años. |
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R$15.00-R$45.00 |
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Menos de R$120.00 |
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Fuente: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. |
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La mayor parte del a población que se beneficia del programa (69,1 %) vive en el Nordeste, la región más pobre del Brasil. El porcentaje de población al que llegó fue bastante elevado, y algunos departamentos municipales mostraban proporciones del 13 al 45%. Este ultimo porcentaje se alcanzó en ciudades de menos de 20.000 habitantes, así como en condados rurales con poblaciones de entre 20.000 y 100.000 personas, con un Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH-M) por debajo de la media nacional y una economía dominada por el tercer sector, es decir, actividades sin ánimo de lucro.
Los resultados conseguidos en el Nordeste reflejan la pobreza general de su población, pero que la Bolsa Família se haya centrado en esa región no quiere decir que no haya otras zonas que no tengan una cantidad de población apreciable que pueda beneficiarse del programa. Ejemplo de ello sería Itaguatins (una ciudad de menos de 20.000 habitantes con un IDH-M por debajo de la media y una economía dominada por actividades del sector terciario) o Tocatins, en el Norte, en donde el 38% de la población hace uso del programa. Con excepciones, la población a la que se llega en el Sur es relativamente escasa, lo que refleja la situación económica y social en la zona. Y sin embargo, el programa todavía desempeña su papel de sostén de un mínimo nivel de renta. Así, por ejemplo, en Porto Alegre, sede de varios encuentros del Foro Social Mundial, y urbe que disfruta de un IDH-M por encima de la media, el 5% de la población se beneficia del programa, una proporción nada desdeñable.
Limitaciones del Programa
La Bolsa Família del gobierno de Lula ha mejorado el nivel de vida de millones de brasileños. Pero la condición previa para participar en el programa está en unos ingresos reales muy escasos, muy por debajo de lo que proporciona el salario mínimo, que ya es de por sí inadecuado. Aunque el programa beneficia a una apreciable proporción del pueblo brasileño, quienes reciben el salario mínimo no pueden participar de sus prestaciones, sobre la base de que su renta es demasiado alta. No obstante, lo cierto es que el salario mínimo es el tope inferior de la escala salarial legítima, y cualquier salario por debajo de ello sería a la vez ilegal e inmoral, de acuerdo con cualquier norma social. Según la legislación que lo hizo posible, el salario mínimo constituiría un salario real para que pudieran vivir los trabajadores y sus familias. Sin embargo, a pesar del hecho de que durante el gobierno de Lula se ha recuperado parte de su capacidad adquisitiva real, el salario mínimo sigue estando por debajo del ingreso mínimo real necesario para que pueda sobrevivir una familia de dos adultos y dos niños, tal como estipula la ley.3
El hecho de que la Bolsa Família no tome en cuenta el significado legal del salario mínimo, el de que constituye el ingreso legítimo mínimo nacional legal, apunta a la realidad de que el gobierno no ve la necesidad de que la población tenga un ingreso mínimo común que esté al nivel del salario mínimo.4 La noción de que el salario mínimo debería corresponderse con el ingreso mínimo necesario para la supervivencia expresa el hecho evidente de que no hay diferencia entre las necesidades de un trabajador del mercado formal y las de, por ejemplo, un barquero de la cuenca amazónica.
Es necesario tomar medidas para romper la perversa lógica de la acumulación de riqueza en Brasil y al mismo tiempo se hace urgente instituir como derecho un nivel de renta básica garantizada para todos. Esa renta debería entenderse como derecho derivado del concepto de ciudadanía, inscrito por tanto en la Constitución. Sólo de este modo se garantizaría la renta mínima como derecho básico de todo ciudadano brasileño, al igual que la salud y la educación elemental, y no simplemente las políticas de asistencia social. Aún cuando un programa más ambicioso -que entrañara una mayor calidad de vida garantizada para la gente y que no asegurase simplemente que las familias más pobres quedasen una pulgada por encima de la línea de pobreza absoluta- exigiera una parte mayor de recursos, y no sería ése el caso, debería seguir siendo una prioridad para la actualidad política social. Después de todo, es el único modo de que la sociedad brasileña pueda sostener que se compromete con el desarrollo del país. El crecimiento sin redistribución de renta no solo continúa una historia de extrema desigualdad sino que la intensifica.
El nacimiento del ‘neopopulismo’
La Bolsa Família ha creado una nueva base de apoyo al gobierno Lula, independiente de los sindicatos y movimientos sociales. A partir de esa política se ha creado una relación especial entre el gobierno y los sectores más pobres de la población, que denominamos «neopopulismo».
Nuestro uso del término «populismo» es político: «una suerte de acción política que toma como base de legitimidad al ciudadano común, cuyo interés aspira a representar» o «una política fundada en el avance de las clases bajas». A buen seguro, no es el uso que tiene hoy en la economía, que asocia el populismo a gobiernos que gastan más de lo que recaudan. Bresser Pereira, que también define el populismo como una especie de indisciplina fiscal, argumenta que sus partidarios creen que el desarrollo económico y la redistribución de la riqueza pueden alcanzarse fácilmente mediante incrementos salariales, mayor inversión pública y más gasto social, una combinación que por norma lo que ocasiona es inflación. Aquí nos limitaremos, no obstante, a la dimensión política, mucho más defendible, del término.
El neopopulismo no significa una continuación del tradicional populismo de Getulio Vargas sino, en muchos órdenes, su contrario. El populismo brasileño, tal cual lo introdujo Vargas, tenía la característica, entre otras muchas cosas, de contener o manipular movimientos organizados de masas a través del aparato estatal. A fin de lograr este objetivo, resultaba esencial destruir los sindicatos independientes absorbiéndolos en el Estado y, al mismo tiempo, ceder terreno en la relación trabajo-capital, así como en la seguridad social. De acuerdo con Weffort, «el peculiar sabor del populismo se desprende del hecho de que aparece como forma de dominación en un momento de vacío político en el que no hay ninguna clase social hegemónica y precisamente porque ninguna clase se siente capaz de ser hegemónica» (F. Weffort, O Populismo na Política Brasileira, 1981, 159).
Durante los años de Vargas, el populismo se basaba en las masas, que eran organizadas en contra de su liderazgo tradicional, transformando así los sindicatos en agencias de apoyo al proyecto político de Vargas. El neopopulismo de Lula, empero, no sólo no puede encontrar apoyo en ningún movimiento organizado sino que está al servicio del capital internacional, particularmente del capital financiero.
Tampoco se puede argüir que hubiera un vacío político en el momento de la elección de Lula. Antes bien, las elites políticas se encontraban en un «impasse», incapaces de llevar adelante la agenda dictada por el Banco mundial y el FMI. Sólo un hombre del pueblo podía, en su nombre, completar las reformas.
Weffort define el populismo de Vargas como algo cercano a la idea de bonapartismo descrita por Marx en El dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte-en el que la acción del Estado resultaba fundamental para la creación de una floreciente industria. Su proyecto, por perturbador que fuera para algunos intereses, tenía como objetivo el desarrollo como industrialización. Por contraposición, el neopopulismo de Lula, descarta cualquier iniciativa económica fuera de las planteadas por el FMI y el Banco Mundial, como si el interés nacional fuera idéntico al interés de esas instituciones y de quienes las representan. En lugar de reconstruir la capacidad de inversión del Estado, o de definir una política industrial o tecnológica, entre otras tareas urgentes, parece tener como única prioridad pagar la deuda externa por medio de la generación de superávits fiscales sin precedentes. Los esfuerzos realizados han sido mayores que los de Alemania para hacer frente a las reparaciones de guerra tras la Primera Guerra Mundial.
La otra gran diferencia entre el populismo de Vargas y el neopopulismo se puede encontrar en la relación con las masas. El primero buscaba el apoyo de los trabajadores para hacer avanzar una legislación que crease un mercado de trabajo para el sector industrial; el segundo usa las estructuras y dirección sindicales para evitar que la protesta social pueda detener sus contrarreformas (laborales, sindicales y hasta de la jubilación, de nuevo en el orden del día) En relación a las masas, sus políticas son estrictamente compensatorias..
Pero el uso político del trabajo organizado en sindicatos, asociaciones o movimientos tiene límites muy estrictos, dadas las contradicciones entre la agenda del gobierno (especialmente el pago de la deuda) y la necesidad de un liderazgo que reconstruya las empresas públicas y articule una adecuada política de renta, entre otras tareas. En este sentido, el sindicalismo organizado representa una amenaza al gobierno. No es coincidencia que, desde la llegada de Lula, los más altos cargos del PT y la Central Unica dos Trabalhadores (CUT) hayan intentado que los debates sobre su actuación quedasen en papel mojado.
La nueva base de apoyo a Lula no amenaza a su gobierno, pues se extiende a lo largo y ancho del país y sólo tiene en común sus bajos ingresos. Esta población no tienen ninguna razón para cuestionar al gobierno, dadas sus características internas y el tipo de prestaciones que recibe. Mientras sigan percibiendo dichas prestaciones, quienes tienen bajos ingresos seguirán considerando al gobierno de Lula como el que cambió sus vidas a mejor. El hecho de que las estructuras sociales, económicas y políticas del país reproduzcan los factores que crean la pobreza no supone un problema para ellos, mientras no se interrumpan los pagos. Además, los gastos del programa no son muy elevados (8.300 millones de reales en 2005; a efectos de comparación, el gasto total federal en servicios de salud fue de 37.100 millones de reales en ese mismo año.)5 Queda claro, por tanto, que la continuidad y ampliación del programa no entrañan un problema de envergadura para el gobierno, puesto que no obstaculiza su agenda. Por el contrario, los programas de asistencia de este género son uña y carne del orden del día neoliberal, empezando por el Banco Mundial.
La política social y el gabinete económico
En sus comunicaciones con el FMI (como se ve en la misiva del gobierno brasileño a Hörst Köhler, del 21 de noviembre de 2003, Ministério de Fazenda), el gobierno ha manifestado su intención de cambiar las condiciones previas sobre las que elaboran los presupuestos, ya sean federales, de los estados o condados. En el apartado «Creación de una situación pro-desarrollo», el gobierno escribe acerca de la flexibilidad en la asignación de recursos públicos como una entre las muchas acciones necesarias para «dirigir al país hacia un rumbo de crecimiento.»
«Menos del 15 % de los gastos primarios se asignan de modo discrecional por parte del gobierno», continúa la carta, «lo que genera una rigidez presupuestaria que a menudo inhibe de modo significativo un uso más justo y eficiente de los recursos públicos». El documento termina diciendo que «el gobierno planea preparar un estudio sobre la implicación del acoplamiento entre sectores…» Aún cuando nunca se alcance esa meta, ya su inclusión en el escrito muestra las inclinaciones neoliberales que impregnan a la administración de Lula en su cima.
Con ello, la intención del gobierno estriba en deshacerse del mandato constitucional según el cual los diversos niveles de gobierno deben gastar en educación y sanidad un porcentaje de todas las sumas recaudadas. La educación figura como el 18 % de los gastos federales y el 25 % en el nivel de los departamentos de los estados y municipales. En relación a la salud, ese cambio significaría que el ministerio de Sanidad ya no tendría la obligación de incrementar anualmente su gasto de acuerdo con el porcentaje de crecimiento nominal del PIB; no se esperaría que los estados gastaran el 12 % de su presupuesto en salud, ni el 15 % en el caso de las municipios. El gobierno persigue, por tanto, una estrategia de doble filo: que los presupuestos de sanidad y educación dejen de ser preceptivos, y reconducir sus asignaciones para pagar la deuda y llevar a cabo inversiones públicas, probablemente con la cobertura del proyecto de Asociación Público-Privado, que forma parte de la Agenda del Milenio.
Ningún otro gobierno se atrevió a considerar que el pago de la deuda debía ponerse por delante de los gastos de seguridad social, y mucho menos el incrementarlos. Dicho objetivo se torna «coherente» con la política social sólo cuando se vincula a la preocupación por dirigir todas las iniciativas únicamente a los sectores más pobres. En relación a la sanidad, esto implica reconducir inversiones siguiendo las líneas de algo emparentado con un programa básico de alimentación, tal como recomienda el Banco Mundial. Por lo que toca a la educación, la iniciativa asume que no se realizarán nuevas inversiones en las universidades ni se crearán más plazas de estudio con sumas públicas, solamente en universidades y centros privados.
Conclusión
La administración de Lula está creando una base de apoyo por medio de programas de transferencia de renta -una estrategia bastante diferente de la que contemplaba originalmente el PT- y ello va de la mano de la destrucción de los progresos en seguridad social que se habían inscrito en la Constitución de 1988, testimonio entonces del a redemocratización del país. En nombre de la estabilidad, el crecimiento y el respeto a los «contratos» con los acreedores nacionales y foráneos, se ha abandonado la idea de una política social universal y se ofrecen formas más antiguas de asistencia a los muy pobres, dejando que las masas de trabajadores (pero no los muy ricos que se benefician de subsidios cada vez mayores) se las arreglen por sí mismos en el mercado.
Señalar estos aspectos de la administración de Lula no significa ignorar la realidad de los millones que se benefician de los programas de transferencia de riqueza. Por el contrario, en un sistema de seguridad social universal, la transferencia de rentas no sólo sería una prioridad sino un derecho, un derecho que se extiende bastante más allá de la mera ayuda contra la pobreza.
Notas
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1. Los salarios de los funcionarios quedaban siempre por debajo del valor del mercado, de modo que, como compensación, los pagos de la jubilación eran equivalentes al salario.
2. Los trabajadores del campo que nunca aportaron al sistema y/o los trabajadores del campo que ganan demasiado poco como para contribuir tienen derecho al salario mínimo.
3. El actual salario mínimo es igual a 1.99 «cestas básicas de la compra» estimada en la ciudad de Sao Paulo. Se trata de la mayor proporción desde 1979, de acuerdo con el Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Diesse).
4 . Esto hace referencia a la relativa importancia que tiene entre los trabajadores activos de quienes ganan al menos el salario mínimo.
5 . La responsabilidad de la salud pública la comparten en Brasil tres niveles de gobierno, de los que el federal contabiliza menos del 50 %.
Traducido por Pablo Carbajosa
Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo