Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
La crisis política continúa arrastrando al país en dirección a la parálisis, y no hay ninguna señal de que tal dinámica se altere en el corto o mediano plazo.
No es casual, vemos que vuelve el fantasma del impeachment, sustentado por noticias que dan cuenta de las irregularidades técnicas en la cuentas, sean del gobierno o de campaña, además de todos los capítulos de la Operación Lava Jato. (1)
El PMDB y el PSDB capitalizan, cada uno a su modo, la sangría del mandato petista; el primero aprovecha para ejercer, de hecho, el poder; el segundo trata de acreditarse para hacerlo luego.
Tanto es así que Eduardo Cunha (2), en vísperas del receso parlamentario, marcó el futuro, al dejar claro que su partido «no aguanta más la alianza con el PT». Una clara, y probablemente bienvenida, señal al PSDB.
Es en la incapacidad de lidiar con la grave coyuntura donde reside el gran drama del gobierno Dilma y, en última instancia, del lulismo. Se trata de un gobierno que, de manera vergonzosa, se arrodilla a las exigencias del mercado -donde entiende reside su gobernabilidad- y que, en cada pronunciamiento de la presidenta, parece debilitarse todavía más.
Aliados del gobierno, íconos anteriores de una militancia social progresista, ingresan en esa misma ruta de sumisión. La principal central sindical de apoyo al lulismo, la CUT, aprueba la nueva MP (Medida Provisoria) que reduce en 30% la jornada de trabajo y el salario, bajo el nombre de Medida de «Protección al Empleo». El aumento en el crédito consignado hasta el 35% del ingreso es inocuo frente a ese cuadro.
El proyecto que se anunciaba popular e emancipador, y que se opuso con vehemencia a la entrega del patrimonio público durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, arroja una a una sus banderas de reformas democráticas a la basura. Se acomoda bajo el mismo modelo que rechazó y ahora es incapaz hasta de hacer las reparaciones asistencialistas y distributivas de los momentos de bonanza económica internacional. En tanto las manifestaciones de junio de 2013, y sus similares subsecuentes reclamaban por más presencia del Estado en las áreas sociales, vemos como se cortan recursos en esas áreas, además de blindar todavía más los intereses corporativos. Como también lo demuestran la Reforma Política en tramitación en el Congreso, que tiene como uno de sus puntos centrales legalizar de una vez el financiamiento privado de las campañas -o la compra anticipada de los mandatos-, y la reforma electoral de Cunha, que apunta a despolitizar los procesos electorales.
La crisis que ahora llega al tope muestra la fragilidad del gobierno, pero también del Estado brasilero y su incapacidad de acción política. Estamos delante de un Estado que nunca fue público y cuyos problemas actuales son análogos a los que acontecen históricamente en el país y en tantos otros gobiernos.
Corrupción y encarcelamientos muestran la relación íntima de empresas con el gobierno, en nuestra tradición de promiscuidad público-privada. Se trata de una lógica que engulle a las fuerzas políticas tradicionales, indiscriminadamente, sin ninguna excepción. La corrupción extrapola, por tanto, la cuestión moral y muestra hoy su carácter sistémico de forma pronunciada.
Los grandes medios corrompen todavía más la actual trayectoria regresiva del país, utilizando la coyuntura para hacer guerra política. Se apropian de la crisis únicamente para fritar a Dilma, contribuyendo a la pérdida de una oportunidad histórica de entender el carácter sistémico de la corrupción.
Si la guerra continúa siendo utilizada como guerra fratricida, la consecuencia será apenas un cambio entre los grupos poderosos, en una disputa para ver cuáles serán los grupos que pasarán a arbitrar la economía. Al margen del juego permanecerá la inmensa mayoría de población, carente de un proyecto alternativo. Las fuerzas que, por su vez, podrían ofrecer nuevas salidas dudan entre lo nuevo y lo viejo, entre las alianzas o no de un posible «Frente».
El agravamiento de la crisis económica y de las denuncias de corrupción, que ahora también explotan contra Cunha y otros senadores, va a profundizar la crisis política en el mes de agosto, cuando el Congreso vuelva del receso. Las huelgas de los funcionarios públicos estarán en auge y las manifestaciones a la derecha y a la izquierda volverán a ocupar las calles.
Será el momento para que los movimientos sociales combativos, los movimientos huelguistas, los partidos coherentes de la izquierda socialista y los movimientos de lucha por lo derechos de las minorías, se unan en torno a ideas que no se confundan con las pautas demagógicas y el discurso fácil del condominio del PSDB. Y que, igualmente, queden lejos de un proyecto de izquierda vergonzosamente fallido, al adherir al mostrador de la corrupción y gobernar con el ajuste neoliberal como receta para la crisis.
Notas de Correspondencia de Prensa
1) Operação Lava Jato (Operación lavado de autos). Recibió ese nombre debido al uso mafioso de una red de lavanderías y estaciones para traficar valores de origen ilícito. La Policía Federal inició la investigación y desde el 17 de marzo de 2014 se realizaron más de una centena de citaciones judiciales y detenciones provisorias. El objetivo era investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de reales.
2) Miembro del PMDB, presidente de la Cámara de Diputados que pasó a la «oposición»