La revolución bolivariana iniciada con el triunfo de Hugo Chavez en 1998 y la aprobación de la Constitución de 1999, fue un acontecimiento de honda repercusión y consecuencias en la nación venezolana y también en toda Suramérica. Han transcurrido catorce años de mucha agitación, de cambios y reformas para mejorar las condiciones sociales, económicas y […]
La revolución bolivariana iniciada con el triunfo de Hugo Chavez en 1998 y la aprobación de la Constitución de 1999, fue un acontecimiento de honda repercusión y consecuencias en la nación venezolana y también en toda Suramérica.
Han transcurrido catorce años de mucha agitación, de cambios y reformas para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de la mayoría popular. También de importantes virajes en la geopolítica regional con la construcción de bloques antiimperialistas, en defensa de la soberanía y la acción anticolonial contra la globalización capitalista expoliadora.
El proceso de transformaciones en Venezuela ha enfrentado la oposición de la vieja oligarquía adeca y copeyana que actúa en complicidad con las multinacionales de los hidrocarburos y del gobierno de los Estados Unidos, comprometido en todo momento con estrategias de destrucción del gobierno popular.
Para impedir los avances progresistas, la burguesía rentista ha recurrido a sabotajes, paros y golpes de estado. Ha utilizado los mecanismos de la democracia participativa en su intención de suspender el mandato popular de los dos gobiernos del Presidente Hugo Chávez, mediante referendos y consultas. En todo eso ha fracasado porque el pueblo devino en un sujeto político superior que con conciencia ha construido, paso a paso, la arquitectura institucional del poder comunal soberano.
Pero, como toda obra humana no es perfecta, la ruta de cambios radicales acusa fallas muy protuberantes que pueden dar al traste con las conquistas alcanzadas, que son muchas, facilitando la maniobra contrarrevolucionaria de la derecha que vive al acecho para recuperar los comandos del Estado y el régimen político como red de mediación entre la sociedad civil y la gubernatura.
La corrupción, el burocratismo y el populismo han sido identificados por el pensamiento critico revolucionario como los tres principales fenómenos que carcomen el proceso bolivariano.
El declive ético, la ruina moral y la conducta antisocial han sido señaladas como prácticas perversas que afectan el funcionamiento del Estado que aún se mueve dentro de los parámetros del rentismo petrolero y el clientelismo de la politiquería disfrazada como sujeto radical.
Con el despojo del descomunal ingreso petrolero se reprodujo una burguesía importadora y exportadora, integrada por la burocracia roja y la oligarquía tradicional consolidada en la Cuarta República, que incluye las clases sociales del régimen patrimonial regional heredado desde los caudillismos de fines del siglo XIX y principios del XX. La formación social venezolana, aún hoy, mantiene un sistema patrimonial soportado en la propiedad latifundista de corporaciones multinacionales y de élites regionales muy poderosas, que son las artífices de la violencia social y racial contra los campesinos, los indígenas y los migrantes del eje andino en los Estado del Zulia, Tachira, Yaracuy, Monagas, Caracas y Lara.
La corrupción es un poderoso cáncer que destruye las bases de la revolución bolivariana y es una palanca de la crisis que se registra en estos momentos reflejada en el desabastecimiento, la inflación y la apatía política de millones de venezolanos que se sustraen de los circuitos de la movilización popular y también han sido canalizados por el bloque de la oposición, como lo pudimos ver en los apretados resultados de las elecciones presidenciales de abril.
Maduro ha hecho un discurso muy elocuente en la Asamblea Nacional, con muchas referencias a pensadores bastante imaginativos que recomiendan formulas para superar el problema de la corrupción. El objetivo de tal emisión discursiva es solicitar la expedición de una Ley Habilitante que lo faculte para expedir normas y disposiciones que establezcan un marco muy riguroso de acción para dar golpes a los corruptos de todos los pelambres, sobre todo aquellos de cuello rojo rojito que se han enriquecido con los dineros del petróleo y mediante los cupos de Cadivi para hacer las importaciones.
Es muy probable que tal ley sea aprobada proximamente pero lo importante es ver resultados inmediatos, muy concretos, sin la espectacularidad de las formas retóricas.
En igual dirección deben darse medidas para combatir el burocratismo, y la negligencia de los funcionarios públicos.
Erradicar el nepotismo es una medida adicional a la hora de construir una cultura de la transparencia y la honestidad en las esferas públicas.
Parte de la efectividad de todas estas acciones va a depender que se salga del formato populista y su complemento mediatico.
Superar el populismo (así sea de izquierda) significa que el Estado comunal se convierta en una realidad, en un hecho en la conformación de una institucionalidad que incorpora de manera cierta la sociedad civil construida con las reformas democráticas de los últimos años.
Pero la sociedad civil necesita de mediaciones políticas desvinculadas de la corrupción y el soborno. Tiene ser que tales interfases o instrumentos de acoplamiento dejen a un lado, de manera definitiva, el clientelismo, el compadrazgo y el nepotismo que excluye la representación popular.
Esperemos que la forma discursiva enunciada cristalice en realidades que regresen la ilusión en millones de personas afectadas por el escepticismo y la incredulidad por el exceso de demagogia y frases insustanciales que han perdido su eficacia como referentes simbólicos porque perdieron su capacidad de ser dichos, agudizando la deslegitimación de los liderazgos heredados.
San Cristobal, 10 de octubre de 2013
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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