Los manteros forman parte desde hace años de una realidad presente en todas nuestras ciudades pero que nos asusta abordar. Algunos sostienen que los manteros van a desaparecer a base de redadas policiales junto a un endurecimiento de las penas contra las personas que ejercen esta venta ambulante, como ha defendido este Gobierno, un importante […]
Los manteros forman parte desde hace años de una realidad presente en todas nuestras ciudades pero que nos asusta abordar. Algunos sostienen que los manteros van a desaparecer a base de redadas policiales junto a un endurecimiento de las penas contra las personas que ejercen esta venta ambulante, como ha defendido este Gobierno, un importante error que va a sobrecargar a las fuerzas de seguridad, aumentando el colapso de los juzgados y generando tensiones de distinta naturaleza; salvo que piensen meter en la cárcel a todos aquellos que ejercen el top manta o que sueñen con expulsarles de España, algo que ya ha defendido públicamente el candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, sin que haya sido desautorizado Pero ni siquiera en ese supuesto se solucionaría el problema, en la medida en que hay otros muchos elementos y factores estructurales que permanecerían intactos, siendo ignorados por quienes criminalizan a los manteros.
Los manteros representan el último eslabón de una cadena tan desigual como injusta de producción, venta y distribución de bienes, fabricados en países del Sur y en condiciones cercanas a la esclavitud, que se venden posteriormente en grandes centros en países occidentales. Ahora bien, los vendedores son el eslabón más débil de esta cadena, formado por personas que luchan por sobrevivir y con escasos recursos. Naturalmente que hay que proteger la propiedad industrial y salvaguardar el castigado comercio local, por descontado, pero actuando contra los grandes empresarios que importan, almacenan y venden todo el material ilícito que adquieren los vendedores ambulantes para ofrecer en el top manta. Y esto es algo importante, porque una vez más, todo el despliegue y la contundencia de la que somos testigos contra los manteros, a nivel legal, policial y judicial, no la vemos con la misma intensidad hacia los grandes importadores de las mercancías que venden, ni contra los grandes centros que se las suministran, ni mucho menos contra los grandes empresarios defraudadores que están haciendo gigantescas fortunas gracias a estos manteros. Porque cuando la Policía actúa contra ellos, les requisan la mercancía que siempre pagan por adelantado y hasta el poco dinero que llevan, pero cuando se trata de defraudadores fiscales con cuentas en paraísos fiscales, grandes estafadores con sus bienes a nombre de testaferros o sociedades con domicilio fiscal en terceros países, en muy pocas ocasiones la justicia incauta sus bienes obtenidos ilícitamente, envueltos en una intrincada maraña legal que les convierte en intocables.
La cuerda se rompe también aquí por el lado más débil y eso lleva a que muchas personas que compran a estos manteros lo hagan pensado que es una forma de solidaridad indirecta hacia los inmigrantes vendedores que de esta forma obtienen recursos para su subsistencia. Porque quienes ejercen esta actividad son esencialmente senegaleses, con papeles, sin papeles o que los han perdido como consecuencia de la crisis. Todos ellos comparten el hecho de pertenecer a una cultura africana que valora el trabajo y el esfuerzo como forma de ganarse la vida que es para lo que han emigrado, y para todos ellos, el top manta es un trabajo. No verán ustedes a senegaleses ejerciendo la mendicidad y muy pocos en los servicios sociales, porque consideran que deben trabajar para poder mantenerse y enviar dinero a sus familiares en sus países de origen. Pero su condición de inmigrantes les hace extremadamente vulnerables, para los grandes comerciantes y redes que trafican con los productos que ofrecen, que han encontrado a unos vendedores ideales, y también ante las fuerzas policiales por su fragilidad legal y documental.
No es por ello casualidad que este Gobierno haya endurecido notablemente las penas contra los manteros en la denostada Ley Mordaza, que han pasado de ser falta a considerarse como delito, con multas de hasta 600 euros y penas de seis meses a dos años de prisión o incluso la expulsión del país y la imposibilidad de renovar sus permisos de residencia y de trabajo. Posiblemente éste sea un factor de peso en la muerte del senegalés Mor Sylla ante la irrupción de la Policía en su casa de Salou, algo de lo que no se ha hablado.
Todos aquellos que dicen defender la propiedad industrial y el comercio local deben comprender que una mera respuesta policial y penal al fenómeno de los manteros no va a solucionarlo, sino que alimentará el juego del ratón y el gato como todos vemos por las calles de nuestras ciudades. Posiblemente hagan falta otro tipo de respuestas imaginativas pactadas con las asociaciones de senegaleses, estudiando la posibilidad de instaurar mercadillos locales en zonas acotadas en los que se puedan vender productos artesanales, étnicos y africanos, pagando los vendedores sus correspondientes tasas y tributos. Porque mientras no acabemos de comprender la complejidad global en algunos problemas locales, seguiremos engañándonos al pensar que se resolverán policial y penalmente.
Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología, profesor en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA. Puedes ver otros artículos suyos en su Blog «Palabras gruesas» www.carlosgomezgil.com
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