La existencia de derechos sociales y laborales está totalmente vinculada a la capacidad del 99% de organizarse y luchar para conquistarlos y defenderlos. Las leyes que formalizan estos derechos son la expresión de la correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y la capitalista. Las reformas laborales impuestas por los gobiernos del PSOE en 2010 […]
La existencia de derechos sociales y laborales está totalmente vinculada a la capacidad del 99% de organizarse y luchar para conquistarlos y defenderlos. Las leyes que formalizan estos derechos son la expresión de la correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y la capitalista. Las reformas laborales impuestas por los gobiernos del PSOE en 2010 y del PP en 2012 son la respuesta de la élite dominante a la crisis económica.
Manifestaciones, acampadas, ocupaciones o marchas, entre muchas otras formas de protesta, encarnan en sí mismas la lucha de clases, la lucha del 99% contra el 1%, y contribuyen a generar un clima de rechazo a la austeridad, a extender los conflictos y maximizar su impacto. Asimismo, las huelgas son la expresión más cruda del antagonismo de clases, un vívido pulso entre capital y trabajo donde se disputa el poder económico de modelar la realidad cotidiana. Las huelgas reflejan el fuerte compromiso y la combatividad con que la gente trabajadora afronta este conflicto.
La respuesta del 99%
Al inicio de la crisis, los años 2007, 2008 y 2009 se produjeron un total de 852, 1.019 y 1.125 huelgas respectivamente. Estos datos suponen un aumento en relación con el período comprendido entre 1997 y 2006, cuando el número de huelgas al año se sitúa siempre por debajo de las 800. Estos registros se acercan a los anteriores a la década de los 90. Sin embargo los datos de participación (entre 500 y 600 mil huelguistas al año) y del volumen de jornadas no trabajadas (entre 1,2 y 1,5 millones de jornadas individuales perdidas) están aún bastante por debajo. Esto indica que aunque crece el número de conflictos, estos involucran a menos gente y son más cortos que en la década de los 80, cuando también se sobrepasaba el millar de huelgas al año. Este periodo de crecimiento de las luchas laborales fue liderado por el sector industrial, un sector muy intensivo en la producción de riqueza y que en 2009 registra la pérdida de más de 1,2 millones de jornadas laborales.
Esta ofensiva permitió a los sindicatos obligar a la patronal a revisar los salarios tal como lo contemplan los convenios colectivos, pero al que se negaba el empresariado. Pero a principios de 2010 las burocracias sindicales aceptaron en la mesa de negociaciones medidas de flexibilización internas de las plantillas, utilizando la movilización de las bases para reforzar su papel de garantes del pacto social en vez de estimular la movilización hacia posiciones más intransigentes. De la mano de este pactismo, el PSOE aprobó su reforma laboral, que debilitó la protección frente a los despidos, abaratando sus indemnizaciones y potenciando la figura del despido objetivo. Esta ley persigue que el empresariado mantenga sus márgenes de beneficio a corto plazo, reduciendo las plantillas, y a medio largo plazo destruir puestos de trabajo con buenas condiciones para sustituirlos por contratos precarios.
El efecto de esta reforma fue una inmediata paralización de las luchas en el sector privado, que desde los años 70 ha supuesto el grueso de los conflictos, así como aporta el grueso de la producción de riqueza y, por lo tanto, involucra a masas de trabajadoras y trabajadores mayores que el sector público. La percepción de derrota en la huelga general de septiembre de 2010, que tuvo un seguimiento razonable pero no logró detener la reforma, el paro que casi llegaba a los cinco millones y la reforma laboral contribuyeron enormemente a cortar la tendencia creciente de movilización. En 2010 en número de huelgas se queda sobre el millar, pero en términos de huelguistas implicadas y jornadas perdidas cae a la mitad.
Por otra parte en 2010 aumentan las huelgas en el sector público y el 2011 las luchas de las mareas amarilla y verde reflejarán una clara influencia del movimiento 15M. La sanidad también vive una creciente movilización, no sólo en el número de huelgas, sino en forma de empleos y acampadas contra la privatización de este servicio público. La naturaleza del trabajo de estos sectores, en continuo contacto con la sociedad en las escuelas y hospitales les predispone a que la influencia anímica e ideológica del estallido del 15M hiciera crecer la resistencia a la austeridad y el neoliberalismo. También en sentido contrario, las luchas en el sector público gozan de mayor impacto social relativo y contribuyen a mantener el ambiente de combatividad.
Radicalización creciente
El periodo comprendido entre las dos huelgas generales vividas en 2012 no tiene precedentes. Si bien el número de huelgas se recupera situándose en 878 (sin considerar las huelgas generales), se contabilizan 323.000 participantes, cifra cercana al periodo de frenada del 2010-11. Pero con 1,3 millones de jornadas perdidas se sitúa en el rango de 2007-09, lo que indica que las huelgas son más intensas y duraderas. Las direcciones sindicales se ven obligadas a convocar las huelgas generales del 29 de marzo y 14 de noviembre por esta radicalización de los conflictos y la imposición de la reforma laboral del PP que acaba con la negociación colectiva. Esta figura, incluida en 1980 en el Estatuto de los Trabajadores, desplazó la centralidad del proceso de negociación de las empresas al marco sectorial, para alejarlo de la realidad combativa y fuertemente organizada que el movimiento obrero alcanzó entre 1976 y 1979, punto álgido en el que más de tres millones de huelguistas cada año provocaron entre 11,5 y 19 millones de jornadas perdidas.
Esto permite hacerse una idea del excepcional nivel de combatividad del movimiento obrero durante la transición, pero también del bajo nivel relativo de luchas en que nos encontramos hoy. Por ello, ahora se pretende volver a desplazar a la empresa la negociación, donde no existe de manera generalizada un sindicalismo combativo con prácticas asamblearias, con el objetivo de debilitar los sindicatos como organizaciones. La combinación de las dos reformas configura unas relaciones laborales donde la temporalidad y la precariedad seguirán en aumento. El pacto social ha sido invalidado porque más de seis millones de personas no tienen trabajo y los servicios públicos han sufrido unos recortes sin precedentes. Esto ha dejado sin margen de maniobra a las burocracias sindicales.
En este contexto a finales del 2012 y la primera mitad de 2013 irrumpieron las luchas en el sector informático en forma de huelgas indefinidas, que muestran la posibilidad de articular un sindicalismo combativo desde sectores con poca tradición de lucha. En 2013 los datos contabilizan 994 huelgas con 445.000 participantes y más de un millón de jornadas perdidas, retornando a los registros de 2007-09. Pero destaca que muchos de los conflictos ahora toman la forma de huelga indefinida, como la de docentes de Balears, la de la limpieza de la comunidad de Madrid, de Coca -Cola, TV3 o Panrico, que ya lleva más de siete meses en pie. La tendencia general, con altos y bajos, es, por tanto, el crecimiento y la radicalización de las luchas, con el denominador común de desbordar a las burocracias mediante la democracia de base.
Oriol Alfambra (@oriocosmic) es militante de En lluita / En lucha
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