El Círculo de Empresarios hizo público el documento ‘Reformas económicas para una nueva Legislatura’, donde presentan «a las fuerzas políticas» un programa neoliberal de recortes en derechos sociales y laborales.
Recientemente el Círculo de Empresarios publicó el documento «Reformas económicas para una nueva Legislatura» que recoge una serie de «recomendaciones» para el próximo ejecutivo que salga de las elecciones generales del 28 de abril.
El Círculo de Empresarios, que preside John de Zulueta, es una suerte de think tank empresarial conformado por «más de doscientos altos ejecutivos de las principales empresas que operan en España, tanto nacionales como multinacionales» según su página web.
Se trata de una organización muy influyente que mantiene relaciones con las principales figuras políticas del país. En febrero de este año el rey Felipe VI y la vicepresidenta del gobierno de Sánchez, Carmen Calvo, estuvieron presentes en la entrega del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial .
Estamos, por tanto, ante un texto que representa muy bien las preocupaciones y las salidas que proponen los grandes capitalistas que manejan los resortes de la economía del país y que gozará de gran influencia entre la casta política. Por ello, no es casualidad que este documento se haga público poco antes de iniciarse la campaña electoral. Es una de las formas que tienen de hacer política los que votan todos los días en esta democracia para ricos.
El mensaje de la organización que dirige Zulueta es claro: «España afronta un nuevo periodo electoral en el que la incertidumbre y la desaceleración económica definen el entorno nacional e internacional», por tanto, «es urgente eliminar la incertidumbre política y formar un Gobierno estable para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la unidad de España». La principal tarea de este nuevo Gobierno será el de «acordar una agenda económica con objetivos realistas».
Y para cumplir con esos objetivos, plantean una serie de «recomendaciones» que son todo un programa basado en el ataque a los derechos sociales y laborales que quedan y mayores beneficios fiscales e institucionales para las grandes empresas.
El programa de los ricos que votan todos los días
Entre algunas de las medidas que más destacan por lo lesivo para los intereses de la clase trabajadora están: el postergar la edad de jubilación, flexibilizar la contratación y el despido, aumentar la integración de las empresas en el sistema educativo o una reforma fiscal que reduzca los impuestos que pagan las sociedades.
En concreto, proponen reducir el Impuesto de Sociedades del tipo general del 25% a un 20%, así como «un esquema de beneficios fiscales equiparable al de los países más competitivos de la UE» y reducir la parte por empleado que las empresas aportan a la Seguridad Social.
En cuanto a empleo, el organismo pide «equiparar las indemnizaciones por terminación de contratos temporales e indefinidos», lo que esencialmente supone abaratar el despido de los trabajadores indefinidos. Actualmente indefinidos y temporales perciben 20 y 12 días por año trabajado respectivamente.
En lo que refiere a las pensiones, plantean actuaciones como incrementar el número de años que se toman en cuenta para el cálculo de la pensión, fomentar el trabajo por encima de los 67 años y «transformar progresivamente el sistema de reparto en uno mixto», lo que implica introducir a las empresas privadas en la gestión de las pensiones.
Es decir, un programa que va en la línea de lo que hace tiempo llevan planteando las asociaciones patronales y organismos internacionales como el FMI para la economía española. Esto es, profundizar los ajustes y las contrarreformas que iniciara el gobierno «socialista» de Rodríguez Zapatero en 2010 y que continuaría el Partido Popular a partir de 2012.
¿Un anticipo de la política que está por venir?
El alcance de la crisis del régimen en 2016, que se manifestaba en el fin del bipartidismo, la inestabilidad parlamentaria, la formación de un gobierno en minoría y el desafío del independentismo catalán; obligaron al ejecutivo de Mariano Rajoy, en su segunda legislatura, a aparcar este programa de ajustes.
También, la famélica recuperación económica y una política más permisiva desde Bruselas -que tiene que lidiar con un proyecto europeo cada vez más cuestionado sobre todo por derecha- permitieron esta paralización de las reformas estructurales que los grandes capitalistas consideran todavía quedan pendientes, como se empeñan en recordar permanentemente en incendiarias declaraciones.
Ante los amenazantes nubarrones de una nueva recesión económica, los empresarios exigen a los representantes políticos, independientemente del resultado del 28-A, que se vuelva a aplicar su programa. Advierten que el 2019 «ha estado marcado por el deterioro de las perspectivas económicas» y por el «repunte de la incertidumbre global» provocada por «el impacto de las tensiones comerciales entre EEUU y China, los temores asociados al Brexit, el debilitamiento del orden multilateral, la falta de liderazgo y el auge del populismo».
Sea cual sea el resultado de las elecciones, esta es la política a la que van a jugarse los que votan todos los días. La derecha puede aparecerse como la más consecuente defensora del programa de los empresarios, pero tampoco puede esperarse un resultado diferente de un gobierno del PSOE que históricamente ha demostrado estar del lado de las élites económicas, ni de que Unidos Podemos pueda revertir la situación desde un cogobierno con Pedro Sánchez, como muestra la experiencia de Izquierda Unida en Andalucía, entre otras.
Gobierne quien gobierne, impedir que se vuelva a hacer caer el próximo episodio de la crisis económica sobre las espaldas de la clase trabajadora y el pueblo exigirá volver a poner en valor el potencial de la lucha clase trabajadora, despreciada al extremo por Pablo Iglesias y los demás portavoces del neorreformismo. La experiencia de los chalecos amarillos en Francia muestra cómo pueden hacerse retroceder los planes de ajuste de un gobierno neoliberal desde la autoorganización y una lucha decidida.