La cumbre de la zona euro que se llevó a cabo en los días 28 y 29 de junio, tuvo un recorrido previo que intentó mediante reuniones y recomendaciones de unos y otros, buscar que el contenido no quedara vacío. Ubiquémonos. El 22 de junio tuvo lugar una reunión de los líderes de las cuatro […]
La cumbre de la zona euro que se llevó a cabo en los días 28 y 29 de junio, tuvo un recorrido previo que intentó mediante reuniones y recomendaciones de unos y otros, buscar que el contenido no quedara vacío. Ubiquémonos.
El 22 de junio tuvo lugar una reunión de los líderes de las cuatro mayores economías de la eurozona -Merkel, Hollande, Monti y Rajoy-. De esta reunión se sacó el compromiso de llevar a la cumbre de los Veintisiete un propuesta para promover en la Unión Europea un plan de estímulo de la economía, mediante inversiones por un valor de 120.000 millones de euros, lo que equivale al 1% del PIB de la UE. También se habló en la reunión de avanzar en la implementación de una tasa a las transacciones financieras europeas.
El 26 de junio aparece un «documento de trabajo» firmado por el presidente del consejo europeo -Herman Van Rompuy-, el presidente del BCE -Mario Draghi-, el presidente de la comisión – Durão Barroso- y del Eurogrupo -Jean-Claude Juncker-. Este borrador sugiere más poderes para la UE, por los que pueda controlar los presupuestos de los países que infrinjan en los máximos de déficit, mediante el establecimiento de un organismo supervisor común para países del euro, endurecimientos de los controles de gasto público y niveles de deuda pública y la necesidad de justificar la emisión de deuda extra. Más, dotar a la organización de un superministerio de finanzas, creación de un tesoro común, la proposición de una unión bancaria, un marco legal para asegurar los depósitos e intervenir e incluso liquidar entidades y la legitimidad del control democrático.
Ese mismo día los ministros de economía y finanzas de Alemania, Francia, Italia y España y el comisario europeo Olli Rehn, se reunieron en París para «preparar activamente» la futura cumbre del 28 y 29.
El 27 de junio tuvieron lugar dos citas. Por un lado la reunión del Eurogrupo (ministros de finanzas de la eurozona), que estudiaron las ayudas y las condiciones de la asistencia financiera a España y Chipre. Los ministros de finanzas acordaron que el Gobierno español será «completamente responsable y firmará el memorando de entendimiento», al mismo tiempo que aprobaron la solicitud de ayuda financiera de Chipre.
Ese mismo día se celebró una cumbre bilateral entre Francia y Alemania -Hollande y Merkel-, en la que se hizo una declaración de intenciones por una mayor integración económica y monetaria europea: «más Europa»…»Necesitamos una Europa que funcione con efectividad y en donde los países se ayudan unos a otros. Los mercados están esperando ésto».
El 28 de junio comenzó la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, en la que se aprobó el plan de inversión para reactivar el crecimiento y el empleo, por valor de 120.000 millones de euros -acordado en la reunión a cuatro del día 22-. El elemento nuevo del estímulo son 10.000 millones extra que se aportarán al Banco Europeo de Inversiones (BEI), a España le corresponderá 1.000 millones. El resto del dinero vendrá de la reasignación de fondos regionales europeos ya presupuestados y el desbloqueo de otros también previstos en las cuentas de la UE. Se espera que entren en vigor antes del 31 de diciembre del 2012.
El 29 de junio fue el último día de la cumbre europea, y en la que los líderes de los 17 países de la zona euro acordaron, contradiciendo al Eurogrupo, la recapitalización directa de la banca, solo y cuando haya una supervisión bancaria única por parte del BCE; la compra de bonos por parte del Fondo de Rescate (ya sea el actual FEEF o el permanente MEDE); y que el mecanismo de rescate permanente pierda la condición de acreedor prioritario en caso de impago. Todo bajo la condicionalidad a los «Estados que respeten las recomendaciones, demás compromisos contraídos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el procedimiento de desequilibrio europeo».
La condicionalidad que menciona el texto de la declaración final de la cumbre europea ha sido matizadas por el BCE, la Comisión y Alemania de estricto cumplimiento. Entre las recomendaciones que se le pedirán a España para la recapitalización directa a la banca, las cuales se especulan por lo declarado, se recoge la eliminación o subida del tipo reducido y superreducido del IVA, el recorte en la duración y en la cuantía de la prestación por desempleo, adecuar la edad de jubilación a la esperanza de vida -la nueva edad legal es de 67 años-, mayor reducción del coste por despido, ya que «aún es alto», una segunda rebaja de los sueldos de los funcionarios, mayor ajuste fiscal -presupuesto bianual 2013-14 y más vigilancia para las CC.AA- y la eliminación de la deducción por vivienda.
De entre todas las sugerencias, acuerdos y exposiciones de buenas intenciones que presidieron la cumbre europea, la unión bancaria -además de la compra de bonos por parte del Fondo de Rescate-, parece ser el camino por el que han decidido avanzar los países de la zona euro, en lo que han llamado «la segunda fase del euro». Una unión bancaria que, aún por precisar, se construirá en torno a tres ejes: un supervisor común de las entidades, restructuración de las entidades en crisis, incluyendo la recapitalización directa, y del tercero, el fondo de garantía de depósito conjunto, no hay nada aún. Este paso que ha decidido afrontar la UE tenía y tiene fundamentalmente a Alemania en contra, con la habitual lectura moral de la mutualización de las pérdidas, «ya que si no se le impone un castigo a los países despilfarradores (esto es enfrentarlos a sus costes reales de financiación), incidirán de nuevo en un comportamiento imprudente», más los argumentos de índole «puramente económicos», como son la asignación ineficiente de recursos o la reducción de los costos de los créditos privados de forma artificial.
Una vez que Alemania ha accedido a avanzar en «más Europa», el coste del avance en la integración de sistema financiero -o la posibilidad de recurrir a los fondos de rescate para la compra de deuda pública-, encierra no solo la ausencia de medidas de crecimiento en la declaración final de la cumbre europea, sino que compromete a los Estados a profundizar en las posibles medidas y «recomendaciones» -anteriormente mencionadas-, que siguen incidiendo en el ajuste y en la consolidación fiscal. Y cabe más decir que la austeridad después de más de dos años, no ha funcionado, sino que en su defecto ha causado mayores niveles de desempleo y disminución de la producción, aumentando los déficit fiscales y la deuda pública, enrocando a los países en un espiral sin horizonte.
Es cierto que los países inmersos en los problemas de especulación de deuda pública deberán acometer una reducción de sus déficit para adecuar los costos por financiarse, pero mientras no se entiendan los déficit como un síntoma, la consolidación fiscal no solventará los problemas. El proceso para el ajuste deberá ser esparcido en el tiempo y programado, e intensificarse cuando los países hayan recobrado la senda del crecimiento, se restaure la inversión y se entre en una fase de creación de empleo. Solo así podrá salirse de la coyuntura, y ello no a espaldas de Alemania, quien es sólo ella quien tiene la capacidad de financiar los estímulos a la economía.
De todo los diles y diretes con anterioridad a la cumbre europea, se ha recogido poco en ella, es cierto que hay más que las anteriores. De todas formas esperemos que se siga avanzando en la «segunda fase del euro», en la que por ahora tendremos que conceder todavía «más por algo al menos».
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