Las organizaciones defensoras de derechos humanos repudian la decisión del Tribunal de Justicia de San Pablo por aceptar el pedido de anulación del juicio del coronel y diputado estatal Ubiratan Guimarães. Ayer, 15, 20 jueces de apelación – contra apenas dos votos en contra – decidieron anular el juri que condenó al coronel a 632 […]
El Órgano Especial del Tribunal aceptó la argumentación de la defensa del coronel de que habría actuado en el estricto cumplimiento del deber legal y en relación a la imposibilidad de haber tenido otra conducta. La ONG Justicia Global recuerda que los Policías Militares dispararon contra los presos con ametralladoras, fusiles y pistolas automáticas, apuntando principalmente a la cabeza y al tórax.
En la operación también fueron usados perros entrenados para atacar a los detenidos heridos. Al final de la operación policial fueron encontrados 111 detenidos muertos: 103 víctimas de disparos (515 tiros en total) y ocho que murieron debido a heridas producidas por objetos cortantes. No hubo policías muertos.
Un relevamiento de las víctimas mostró que el 80% todavía esperaba una sentencia definitiva de la Justicia, o sea, que todavía no habían sido condenados. Sólo nueve presos habían recibido penas por encima de los 20 años. Casi la mitad de los muertos – 51 presos – tenía menos de 25 años y 35 presos tenía entre 29 y 30 años. El día 02 de octubre de 1992, el 66% de los detenidos que permanecían en la Casa de Detención eran condenados por asalto. Los casos de homicidios representaban un 8%.
La pericia concluyó que sólo 26 detenidos fueron muertos fuera de sus celdas y que varios detenidos muertos estaban arrodillados, o incluso echados, cuando fueron alcanzados por los disparos. Ante tamaña violencia, muchos detenidos se tiraron sobre los cuerpos que estaban en el suelo, fingiéndose muertos para conseguir sobrevivir.
Los principales involucrados en la masacre, comenzando por el ex-gobernador Luiz Antônio Fleury Filho y por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Pedro Franco de Campos, ni siquiera fueron investigados. El Ministerio Público de San Pablo denunció a 88 policías militares por el homicidio de los 111 detenidos. Sin embargo, pasados 14 años, solamente el coronel Ubiratan Guimarães fue llevado al Juri Popular.
«La alegación de que el coronel actuó en el estricto cumplimiento del deber es inaceptable ante la caracterización de 111 ejecuciones sumarias. Al acatar esa argumentación, el Poder Judicial deja de contribuir al perfeccionamiento de las instituciones policiales y con el combate de la violencia cometida por sus miembros», declaron las entidades Justicia Global y Movimiento Nacional de Derechos Humanos.
Ubiratan Guimarães tendrá un nuevo juzgamiento, ahora en el Tribunal de Justicia. De acuerdo con el promotor Vicente Visconti, al resultado del juzgamiento de ayer todavía le cabe apelación en el Superior Tribunal de Justicia. Las entidades de Derechos Humanos que presenciaron el juicio del recurso de apelación y esperaban que Ubiratan saliese preso del TJ, realizarán ahora, un Manifiesto Público contra la anulación de la condena.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]