A pesar del impacto mediático de los sonados escándalos fiscales, como los de los Papeles de Panamá y el de los Papeles de la Castellana, con los que a estas alturas todo el mundo está familiarizado, y a pesar de lo manido del término de paraíso fiscal, la paradójica realidad es que a día de […]
A pesar del impacto mediático de los sonados escándalos fiscales, como los de los Papeles de Panamá y el de los Papeles de la Castellana, con los que a estas alturas todo el mundo está familiarizado, y a pesar de lo manido del término de paraíso fiscal, la paradójica realidad es que a día de hoy no existe una definición unificada de este término.
La lacra de los paraísos fiscales
La incapacidad para lograr una definición consensuada, y el hecho de que algunos organismos internacionales sean tan laxos en los criterios que utilizan para establecer sus listados de Paraísos Fiscales, tiene como resultado que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegue a considerar que únicamente existen sólo DOS paraísos fiscales en el mundo (Nauru y Niue, dos islas del Pacífico).
Pero hasta que consigamos una definición más integral, compartida y ambiciosa de lo que es un paraíso fiscal, lo que está claro es que éstos son territorios que intencionalmente han adoptado un marco legal con una serie de características que sirven para favorecer la evasión y elusión de impuestos por parte de las grandes empresas y fortunas.
Se calcula que un total de 7,6 billones de dólares, según la estimación del economista Gabriel Zucman, es la cifra que se oculta en los paraísos fiscales procedente de grandes fortunas y 100.000 millones de dólares la cantidad de dinero que los países en desarrollo dejan de ingresar en sus arcas públicas como consecuencia de la evasión de impuestos de grandes empresas. Lo que se traduce en que todo ese dinero que debería ir destinado a las políticas sociales (de los países), para reducir la desigualdad y ofrecer mejores oportunidades para todos/as no llegue jamás a quienes deben recibirlo.
Estos hechos, cifras y datos además de escandalizarnos, enfadarnos y frustrarnos lo que deberían conseguir es movilizarnos para hacer algo al respecto. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de exigir a nuestras instituciones públicas que actúen y no contribuyan a seguir fomentando esta injusticia sin sentido.
La acción desde lo local
Los gobiernos locales tienen un ámbito de actuación desde el que se puede incidir para que el dinero de los contribuyentes no se invierta en empresas (bancos o instituciones financieras) que tienen vínculos en los paraísos fiscales, sino que por el contrario favorezca a estas otras que desarrollan un ejercicio de responsabilidad fiscal, pagando los impuestos que les corresponden.
Los municipios son la administración pública más cercana a la ciudadanía, y debemos aprovechar esta proximidad, para trasladarles nuestra exigencia de que utilicen su capacidad en beneficio de la justicia social, ya que entendemos la fiscalidad justa como una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad.
Oxfam Intermon ha lanzado la campaña iniciativa de Zonas Libres de Paraísos Fiscales. Ésta se circunscribe dentro del planteamiento general de gestión pública responsable, como la política de contratación de organismos públicos que introduce criterios éticos en sus convocatorias de licitación. Lo que se persigue, es que mediante la introducción de criterios éticos en los pliegos de contratación pública se discrimine negativamente a las empresas que tienen sedes en paraísos fiscales y se premie a aquellas que son fiscalmente responsables.
De esta forma además de obligar a las empresas a que hagan un ejercicio de transparencia, se está fomentando la puesta en marcha de unas prácticas económicas que reviertan en el bien común, y en «penalizar» aquellas que lo perjudiquen.
No estamos hablando de nada utópico o imposible, este trabajo ya lleva un tiempo en marcha a nivel europeo, por parte de varias organizaciones sociales que luchan por la justicia fiscal y que en 2009 lanzaron la campaña Tax Haven Free , donde hacían un llamamiento a ciudades y gobiernos locales para que se posicionasen en contra del uso de los Paraísos fiscales.
Desde entonces hasta ahora se han ido consiguiendo logros en varias regiones francesas donde han comenzado a exigir más transparencia en las cuentas de los bancos con los que están trabajando. Lo mismo ha ocurrido con Suecia, Noruega y Finlandia, donde algunos municipios están imponiendo fuertes medidas hacia una mayor transparencia y responsabilidad fiscal en la gestión de sus licitaciones públicas.
Aquí en España es un trabajo que también se lleva impulsando desde diferentes organizaciones y plataformas (La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, Attac, La Plataforma por la Justicia Fiscal y Oxfam Intermon). Y la realidad es que con unos positivos y exponenciales resultados, ya que en lo que se lleva de año son veinticinco los ayuntamientos que han aprobado la moción declarándose Zonas Libres de Paraísos Fiscales, al igual que Comunidades Autónomas como Cataluña, Aragón y Navarra. También han dado el salto sumándose a la iniciativa ayuntamientos tan importantes como el de Barcelona, pero esto es sólo es principio y lo que se busca es que a esta iniciativa se sumen, si no todos, la gran mayoría de Ayuntamientos y municipios del territorio español.
En la actualidad, los paraísos fiscales son una de los grandes lacras que nos afectan a todos y todas a nivel mundial, pero que podemos comenzar a atacarlos a nivel local desde ya, cada municipio y ayuntamiento que se declara Zona Libre de Paraísos Fiscales es un logro que suma en la batalla contra las guaridas fiscales, un paso más hacia la justicia fiscal.
Para participar en la campaña: www.zonaslibresdeparaisosfiscales.org
Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Medidas-locales-anti-paraíso