El pasado fin de semana los grandes medios de comunicación españoles escribieron al unísono un nuevo capítulo en la campaña mediática de manipulación contra el presidente más veces elegido democráticamente en la historia de Venezuela, Hugo Chávez. En esta ocasión las informaciones hablaban de personas de oposición detenidas por motivos políticos. En las páginas webs […]
El pasado fin de semana los grandes medios de comunicación españoles escribieron al unísono un nuevo capítulo en la campaña mediática de manipulación contra el presidente más veces elegido democráticamente en la historia de Venezuela, Hugo Chávez.
En esta ocasión las informaciones hablaban de personas de oposición detenidas por motivos políticos. En las páginas webs de los principales medios de comunicación de España se observa la gran cobertura informativa que han tenido estos hechos.
Público, por ejemplo, habló de las consideraciones sobre los detenidos que hizo la Organización de Estados Américanos (OEA), la misma institución que no se opuso en 2002 al golpe de estado fascista en Venezuela y que patrocinó hace unos meses un acuerdo para solucionar el conflicto hondureño en el que se recogían las peticiones de los golpistas y no de los sectores populares mayoritarios que apoyan al ex presidente Zelaya.
Según Público, «La detención de tres opositores, dos de ellos por declaraciones públicas y el tercero por un confuso incidente menor, ha abierto la caja de los truenos internacionales y el repudio de la oposición contra Hugo Chávez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que «se está utilizando el poder punitivo del Estado para silenciar a la oposición en el país».
La CIDH es un organismo dependiente de la OEA. Inmediatamente después de que los golpistas venezolanos tomasen ilegalmente el poder en 2002, la CIDH los reconoció y apoyó con sus competencias. Desde entonces la CIDH es usada por la oposición venezolana para intentan crear una matriz de opinión contraria al gobierno venezolano. En esta ocasión el organismo de los derechos humanos dependiente de la OEA no ha hablado con el gobierno venezolano para saber su versión sobre los hechos y comprobar que las detenciones han sido políticas tal como denuncia la oposición, simplemente la CIDH se ha limitado al condenar al ejecutivo bolivariano.
En los últimos días, organizaciones por los derechos humanos han condenado la indiferencia con la que la CIDH trata los casos de periodistas asesinados en Honduras.
También es manifiesta la falta de rigor a la hora de exigir al régimen del golpista Pepe Lobo que implemente las protecciones que la propia CIDH dio a los dirigentes comunitarios y periodistas hondureños amenazados de muerte.
El diario español también recoge las declaraciones de la organización Human Right Watch (HRW),financiada por la CIA y dirigida por un ex alto funcionario del dictador Pinochet, José Miguel Vivanco, «dadas las limitaciones a un juicio justo, producto del acaparamiento político del Tribunal Superior de Justicia por parte del Gobierno, es muy probable que las violaciones a la libertad de expresión se agraven».
La informaciones del resto de los grandes medios de comunicación españoles siguen esa línea. Todo este jaleo, según estas informaciones, vienen por la detención de «Oswaldo Álvarez Paz, ex candidato presidencial, cumpliendo su sexto día en prisión tras comentar los nexos entre FARC, narcotráfico, Gobierno bolivariano y ETA que aparecen en el auto del juez Eloy Velasco y con Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, asustado tras ser detenido bajo un imponente despliegue militar y con la espada de Damocles de la justicia chavista sobre su cuello, las miradas del país se centraron en Wilmer Azuaje.
El ex diputado chavista perdió su inmunidad en un proceso exprés.
El ex diputado chavista, famoso por sus denuncias contra la corrupción de la familia Chávez, perdió su inmunidad parlamentaria el viernes por la noche en un esperpéntico proceso exprés que sólo duró unas horas. Al cierre de esta edición, un tribunal discutía su encarcelamiento por «agresión a la autoridad».
Oswaldo Álvarez Pérez difamó al gobierno que lidera Hugo Chávez en el programa Aló Ciudadano de Globovisión al asegurar que «Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico» sin aportar ni una sola prueba de sus afirmaciones, lo que constituye un delito de difusión de información falsa. Además Pérez llamó a delinquir desde las plataformas comunicativas privadas.
Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, es otro de los «presos políticos» que están denunciando los medios de comunicación de masas. Lo que no dicen en sus informaciones es que Zuloaga comentó en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que Chávez fue el responsable de los asesinatos sucedidos durante el golpe de estado de 2002, cuando está demostrado que fueron los mismos golpistas quienes los cometieron. El presidente de Globovisión dijo concretamente que Chávez «le mandó a disparar y a echar plomo» a una multitudinaria manifestación. Zuloaga tampoco aportó pruebas para las fuertes acusaciones que pronunció, por lo que violí el artículo 396 del código penal venezolano, que establece que, «Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años».
Por último el diputado Wilmer Azuaje pegó con violencia a una funcionaria pública sin motivo, por lo que perdió su inmunidad como miembro del legislativo venezolano después de que por 105 votos a favor, la mayoría de los diputados así lo considerasen.