El recorte presupuestario de R$ 1.000 millón [aproximadamente US$ 250 millones], llevado a cabo por el Congreso Nacional en enero de 2019 fue el presagio de un año de desmantelamiento y retrocesos en la salud pública brasileña. El gobierno Bolsonaro impuso una serie de impedimentos a los usuarios del Sistema Único de Salud (SUS). Con […]
El gobierno Bolsonaro impuso una serie de impedimentos a los usuarios del Sistema Único de Salud (SUS). Con menos dinero en las cuentas públicas las consecuencias serían inevitables: hospitales desmantelados, menos funcionarios, falta de medicinas y minorías desatendidas.
El presidente finalizó el programa Más médicos, creado en 2013 para llevar atención primaria hacia las zonas pobres y remotas del país, y presentó el programa «Médicos por Brasil». Sin embargo, nunca ha presentado una medida consistente para llenar el vacío generado tras la ausencia de ocho mil médicos cubanos.
La población empobrecida de las regiones periféricas en las grandes ciudades fue la más afectada por recortes, desasistida por el nuevo programa, según un informe de la Red Nacional de Médicas y Médicos Populares. El «Médicos por Brasil» también hizo inviable la construcción de nuevas unidades de salud y debilitó los vínculos laborales.
Además, la relación entre derechos laborales y servicios públicos de salud desencadenó diversas huelgas y protestas como reacción a las medidas del gobierno. En junio, trabajadores de hospitales, unidades básicas de salud (UBS) y unidades de pronta atención (UPA) paralizaron sus actividades contra la reforma de las Pensiones. Los manifestantes afirmaban que la propuesta penalizaba a los trabajadores para beneficiar el mercado.
Sin medicinas
El aprieto financiero impactó también las farmacias populares. Sin gestión por meses y con un 27% menos en el presupuesto, el programa dejó de atender a 7 millones de personas en los dos últimos años, de acuerdo con un informe del portal Repórter Brasil organizado en colaboración con el Ministerio de Salud y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). Cerraron más de 400 farmacias.
A la vez, el Ministerio de Salud suspendió, sin explicar los motivos, el contrato con siete grandes laboratorios farmacéuticos públicos, que produción 19 medicinas gratuitas a través del SUS, lo que impactó a 30 millones de brasileños. A través del acuerdo, el gobierno compraba medicinas por un precio menor (hasta 30% menos) que en el mercado.
Bolsonaro también abrió camino para la vuelta de los manicomios y terapias electroconvulsivas según una nota técnica divulgada por el Ministerio de Salud en agosto. En el documento, el gobierno incita la internación de niños en hospitales psiquiátricos y la abstinencia como tratamiento de adictos a drogas y alcohol.
El debate sobre la legalización de la legalización de la marihuana con fines medicinales ganó fuerza en 2019. En octubre la Cámara de Diputados instauró una comisión especial para debatir el tema en el Legislativo, pero ninguna acción fue concretada hasta el momento.
Al final del año, en diciembre, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) reglamentó la venta de medicinas a base de cannabis en farmacias. Pese al avance simbólico, activistas y parlamentarios opositores clasificaron la nueva regla como «excluyente y elitista».
En el mismo mes, Bolsonaro firmó un decreto que extinguió 22,4 mil puestos de trabajo en el sector de salud. De estos, 10,6 mil son agentes comunitarios, responsables por ejecutar medidas de auxilio a la prevención de enfermedades a través de visitas domiciliarias y desinfección de locales públicos y privados. Las inversiones en esta categoría son esencial, por ejemplo, para prevenir la dengue.
Desde la asunción de Bolsonaro los casos de dengue en Brasil se incrementaron siete veces en relación al mismo periodo y alcanzaron la cifra de un millón y medio de casos.
Veneno en el plato
Bajo la administración de Bolsonaro, Brasil batió los récords en la concesión de agrotóxicos – hasta diciembre más de 500 nuevos agrotóxicos fueron liberados, el número más grande de los últimos 14 años, según un monitoreo realizado por la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y por la Vida.
La liberación masiva de nuevos pesticidas en el país tuvo serias implicaciones para la salud de los brasileños. Un estudio divulgado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) demostró que al menos mitad de los alimentos de origen vegetal consumidos en el país tiene residuos de agrotóxicos. Sin embargo, la agencia minimizó los riesgos y afirmó que el consumo de alimentos es seguro.
Las iniciativas para agradar el mercado del agronegocio coinciden con la posición del ministro de salud, el ruralista Luiz Henrique Mandetta, cuyos discursos en 2019 fueron marcados por amenazas y conjeturas.
Él atacó a las poblaciones indigenas cuando sugirió, por ejemplo, la extinción de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), pese al incremento de un 400% en los servicios de atención ofrecidos por este órgano. Ante la movilización popular contra la propuesta, el ministro abandonó la idea.
En un ejercicio de conjeturas, el ministro de Salud consideró cobrar por atención médica en el Servicio Único de Salud, en entrevista al programa televisivo «Roda Viva», de TV Cultura.
Al dar un discurso en la 16ª Conferencia Nacional de Salud, en Brasília (DF), Mandetta fue abucheado durante más de 15 minutos. En la ocasión, él garantizó a los presentes que Brasil había llegado «al momento de la democracia» y que «por primera vez el Ministerio estaba haciendo algo sin ‘toma y daca'».
Sin toma y daca, como afirma el ministro, y también sin inversiones, sin médicos o perspectivas.
Traducción: Luiza Mançano, para Brasil de Fato.