El gobierno de México destina a sufragar el costo del rescate bancario un monto de recursos públicos que duplica al canalizado a mejorar la infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas, de acuerdo con información divulgada este miércoles por el Banco Mundial, contrastada con cifras oficiales. Un reporte del organismo internacional mostró que los […]
El gobierno de México destina a sufragar el costo del rescate bancario un monto de recursos públicos que duplica al canalizado a mejorar la infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas, de acuerdo con información divulgada este miércoles por el Banco Mundial, contrastada con cifras oficiales.
Un reporte del organismo internacional mostró que los recursos públicos canalizados por los gobiernos de México al desarrollo de infraestructura tuvieron un desplome en picada, al representar sólo una novena parte de lo invertido una década antes, mientras en otras regiones del mundo con las que el país compite económicamente ocurrió el fenómeno inverso, hecho que puede explicar la pérdida de competitividad de la economía en los años recientes.
El retiro del sector público mexicano en la inversión en infraestructura ha trasladado el soporte financiero de estos sectores a la iniciativa privada, aun cuando la mayoría de los mexicanos -seis de cada 10- muestran rechazo a la privatización de servicios como carreteras, agua, electricidad, según se desprende del reporte Infraestructura en América Latina y el Caribe: tendencias recientes y retos principales, publicado ayer por el Banco Mundial.
En el quinquenio comprendido entre 1980 y 1985, periodo previo al inicio de la imposición en México de las reformas de apertura y liberalización económica y financiera, el gasto público en infraestructura -que comprende telecomunicaciones, electricidad y vías terrestres- fue en promedio de 2.45 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual, indicó el Banco Mundial.
Para el quinquenio de 1996 a 2001, es decir, después de la crisis económica provocada por la devaluación de diciembre de 1994, el gasto público para infraestructura se desplomó a una novena parte del ejercido en los cinco años anteriores al comienzo de las reformas: el gobierno mexicano canalizó a este renglón un equivalente a sólo 0.27 por ciento del producto interno bruto en promedio anual, indicó el reporte.
En información de otra fuente, según datos de la Secretaría de Hacienda y de la comisión del Senado que investiga la operación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), entre 1999 y 2005 el gobierno mexicano ha transferido fondos para financiar el rescate bancario de hace 10 años por el equivalente a 0.50 por ciento del PIB cada año, transferencia que duplica al gasto en inversión para infraestructura.
»De cada peso gastado por el gobierno federal en los últimos tres años, sólo nueve centavos son para obra pública, mientras a servicios personales se canalizan 33 centavos; al costo financiero de la deuda 17 centavos, y 14 centavos de cada peso a participaciones a estados y municipios», dijo el especialista Mario Di Costanzo, asesor de esa comisión del Congreso.
Rechazo a la inversión privada
Así como el Estado se ha ido retirando de la inversión en infraestructura, el espacio ha sido ocupado por el sector privado, aunque cada vez con más dificultad por la menor rentabilidad de esas inversiones y un rechazo social a los proyectos impulsados por particulares, como se comenta en el estudio del Banco Mundial.
En el quinquenio de 1980 a 1985 la inversión privada en infraestructura en México no existía. Para el periodo de 1996 a 2001 representó 0.98 por ciento del producto interno bruto, más del triple de la ejercida por el sector público, de 0.27 por ciento del PIB.
A diferencia de lo ocurrido hace apenas seis años, la opinión pública es cada vez más contraria a esta participación privada en el control de la infraestructura. A nivel latinoamericano, en 1998 más de la mitad (56 por ciento) de habitantes de la región consideraba que la privatización era benéfica para su país, porcentaje que disminuyó a 25 por ciento en 2004, según una encuesta citada en el reporte del Banco Mundial.
»Actualmente la opinión en la región se ha vuelto contraria a la participación privada en infraestructura», dice el informe.
En el caso particular de México, el nivel de desaprobación es superior a la media latinoamericana. El informe indica que en 1998 alrededor de 40 por ciento de los mexicanos se mostraba insatisfecho con la privatización, un porcentaje que creció a 60 por ciento en 2004.
A paso de dragón
A nivel más general, el informe del Banco Mundial considera que los países de América Latina enfrentan la gran necesidad de elevar el gasto en infraestructura si quieren evitar que la región se retrase respecto de China y otras economías dinámicas de Asia.
Según el documento, las empresas latinoamericanas pierden competitividad debido a la mala calidad de la infraestructura de los países en que operan. Marianne Fay, economista principal del Banco Mundial en infraestructura para América Latina y el Caribe, comentó que »en la actualidad la región se está quedando a la zaga respecto de países como China y Corea. En parte, esta situación se debe a la falta de inversión en infraestructura».
En conjunto, Fay afirma que en los últimos 10 años hubo algunas mejoras importantes en materia de infraestructura en la región, en especial en términos de agua, saneamiento y telefonía celular.
»Pero en general, el avance ha sido más lento que en otros países de ingreso mediano, en especial China. El resultado es que América Latina se está quedando a la zaga en áreas como electricidad, carreteras y líneas telefónicas fijas».
El informe indica que los gobiernos latinoamericanos redujeron enormemente su gasto en infraestructura en los años noventa, motivados en gran medida por la necesidad de aplicar austeridad fiscal. Por motivos políticos, era mucho más fácil reducir el gasto en infraestructura que en sueldos o pensiones.
No obstante, si bien se pensó que el sector privado compensaría el déficit, los resultados no cumplieron las expectativas, asegura el Banco Mundial.
En términos generales, Fay afirma que el gasto debería llegar a 4 o 6 por ciento del PIB -actualmente el del sector público es de 0.83 y el del privado de 1.41, ambos como porcentaje del producto- al año para que la infraestructura se ponga al día o mantenga el ritmo de países que antes estaban a la zaga, como Corea y China.
No obstante, si bien el informe llama a los gobiernos de la región a aumentar el gasto en infraestructura, apunta además a la necesidad de incrementar la recuperación de costos, ya que no todo el peso debe recaer sobre los contribuyentes.