México: el TLCAN, el petróleo y algo más

Regularmente en los medios de prensa internacionales se habla poco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), vigente desde el primero de enero de 1994, entre Estados Unidos, Canadá y México.

En los últimos tiempos se escribe más sobre el ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), un engendro destinado a fortalecer el modelo neoliberal y el dominio norteamericano sobre los otros dos socios.

La entrada en vigor del TLCAN coincidió con el alzamiento de los zapatistas en Chiapas y una crisis de grandes proporciones en la economía mexicana, que provocó una urgente intervención del gobierno de William Clinton con un préstamo de más de 14 mil millones de dólares para que México pudiera salir del atolladero.

Las consecuencias de aquel desastre económico («efecto tequila») duraron largo tiempo. Hoy, 14 años y unos días después, son muy pocos los que recuerdan aquellos acontecimientos. Los zapatistas son noticia de vez en cuando.

Ahora el TLCAN ha vuelto a ser objeto de atención de la prensa al entrar en vigor una de las cláusulas del Tratado que libera de aranceles para su ingreso a México a varios productos agrícolas procedentes de Estados Unidos y Canadá, entre ellos el maíz y el frijol, dos de las principales producciones del agro mexicano.

Pero no tanto por ese hecho como por las protestas que ha provocado por parte de organizaciones campesinas y sindicatos agrarios, que ven en la competencia de los productos norteamericanos y canadienses un serio peligro para sus economías.

Para ellos es imposible competir debido a las diferencias de desarrollo técnico y a que los productos agrícolas estadounidenses están subsidiados. Solo en el 2006 el gobierno entregó 18 mil millones de dólares a los agricultores norteamericanos.

Según dirigentes de organizaciones campesinas, desde la firma del TLCAN a la fecha se han perdido en el campo dos millones de empleos, los precios de los productos agrícolas cayeron entre un 40% y un 70% y la dependencia alimentaria de Estados Unidos aumentó en un 40% en el 2006.

Hasta ahora, las movilizaciones de campesinos mexicanos en todo el país, incluyendo una manifestación en la capital y un muro humano en ciudad Juárez –fronteriza con Estados Unidos–, para exigir la renegociación del TLCAN, han sido infructuosas.

El gobierno mexicano ha dicho, por boca del secretario de agricultura, que el TLCAN ha traído más beneficios que males, y que la producción y el agro mexicanos marchan bien. Muchos analistas y observadores señalan que esa afirmación es falsa o no se corresponde con la realidad.

Si nos guiamos por lo que dicen algunos críticos de los gobiernos mexicanos, desde Salinas de Gortari hasta la fecha, no fue por gusto que la firma del TLCAN estuvo precedida de la reforma del artículo 27 de la Constitución, que prohibía la venta de los ejidos o tierras comunales.

Agregan que el objetivo de Salinas de Gortari, Zedillo y Fox, y ahora el de Felipe Calderón, era y es sacar la mayor cantidad posible de población del campo, a los efectos de que fueran las transnacionales alimentarias las que asumieran el control del agro mexicano.

Si eso es cierto o no, no lo sé, pero si analizamos como las grandes comercializadoras y productoras de alimentos norteamericanas controlan hoy la distribución de alimentos en México, pudiera ser verdad. De todas, solamente una es mexicana.

En un artículo publicado en el diario La Jornada, bajo el título «La agricultura y el Libre Comercio: la falacia», el periodista Luís Hernández Serrano señala que: «Según información del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés), la balanza comercial agroalimentaria entre México y Estados Unidos es claramente deficitaria para nuestro país. Así ha sido año tras año desde el inicio del TLCAN. Hasta octubre de 2007 las importaciones mexicanas sumaban más de 10 mil 487 millones de dólares, mientras las exportaciones apenas alcanzaban 8 mil 479 millones de dólares.

«Lo mismo ha sucedido desde 1994. Las compras nacionales de productos agroalimentarios a nuestro vecino fueron de casi 10 mil 881 millones de dólares en 2006 y las ventas llegaron a 9 mil 390 millones de dólares. Durante 2005 importamos 9 mil 429 millones de dólares y exportamos 8 mil 330 millones de dólares.»

Agrega Hernández Serrano que lo que salva un tanto el déficit comercial alimentario de México con Estados Unidos es la venta de cerveza que, en el 2006, llegó a los mil 300 millones de dólares. Cabría averiguar si la producción de cerveza sigue todavía en manos mexicanas o si pasó, como casi toda la industria, a manos extranjeras.

Ya, antes de que entrara en vigor la cláusula sobre los productos agrícolas más sensibles, el TLCAN había provocado la ruina del 40% de los campesinos, varios millones de personas, y un éxodo grande del campo a la ciudad. Además de un incremento de las personas que pretenden entrar ilegalmente en los Estados Unidos.

Según algunos medios de prensa mexicanos, desde 1994 a la fecha, las autoridades mexicanas permitieron el ingreso de maíz y frijol procedente de Estados Unidos y Canadá sin el pago de aranceles, violando las normas establecidas en el propio TLCAN. Lo mismo sucedió con el arroz, el algodón y la leche, productos de los que México era exportador.

Así, pues, es difícil pensar que el actual gobierno mexicano vaya a renegociar el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Más bien cabe pensar que hará todo lo posible por cumplir con los acuerdos, no importan las consecuencias.

El pequeño y mediano agricultor –menos de 100 hectáreas de tierra– está condenado a la ruina, pues no puede competir con los agricultores norteamericanos y, sobre todo, con las grandes empresas productoras y comercializadoras de alimentos que están invirtiendo grandes sumas de dinero en el agro mexicano.

Otro asunto que llama la atención es la queja de los agricultores mexicanos acerca del uso de semillas genéticamente modificadas en detrimento de las autóctonas, que tienden a desaparecer. Utilizar esas semillas significa depender en lo delante de las empresas productoras como la Monsanto, Carrgill, Bayer o Basf, pues, como es conocido el producto resultante de la siembra es híbrido, es decir, no puede ser utilizado para sembrar de nuevo.

Si ustedes piensan en una política encaminada a que las grandes empresas transnacionales de la alimentación controlen el agro mexicano, en contubernio con la oligarquía mexicana, creo que no está lejos de la realidad. El TLCAN, es la mejor expresión del neoliberalismo. La ASPAN su aplicación más depurada.

«El campo no aguanta más», reza uno de las consignas de las protestas campesinas. La otra más utilizada es «sin maíz no hay país, sin frijol tampoco».Tienen razón. Pero, ¿y sin petróleo?

Desde hace años, personalidades mexicanas de todos los signos políticos vienen denunciando la sistemática política de los gobiernos encaminada a privatizar Petróleos Mexicanos S.A. (PEMEX), prohibida por la Constitución, algo que ningún gobierno ha conseguido que el Congreso reforme.

No obstante, los diferentes gobiernos han ido creando las condiciones para ello en un futuro no lejano. Por ejemplo, poco a poco han ido postergando las necesarias reparaciones y ampliaciones de la industria extractiva, de transporte y refinación del petróleo y el gas.

De otra parte, han ido endeudando PEMEX con el objetivo de llegar a un punto tal que provoque la «necesaria» intervención de empresas privadas. El pasado año, la deuda de PEMEX era de 107 mil millones de dólares. Un hecho paradójico con esa política privatizadora es que esa entidad aporta más del 50% del presupuesto del estado.

El pasado 9 de enero, la Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo (CCDP) llamó a formar un movimiento nacional para denunciar la entrega del crudo mexicano a transnacionales extranjeras, aún cuando la constitución lo prohíbe.

El motivo del llamado fue la entrada en vigor de un contrato cedido a Energy Maintenance para dar seguridad a más de la mitad de la red de oleoductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Según la CCDP, con la transacción se inició el traspaso de zonas estratégicas de PEMEX a empresas privadas y apuntó que se trata de una concesión violatoria de la Constitución Mexicana.

La CCDP señaló además que, desde hace 25 años, los gobiernos neoliberales buscan el pretexto para privatizar el petróleo y la electricidad, y que ahora se preparan leyes para permitir una mayor participación privada en esa industria.

Lo más significativo de la denuncia es que la dirección de PEMEX ha mantenido en secreto sus nexos con cinco petroleras extranjeras e incluso asumió con ellas el compromiso de no informar al Instituto Federal de Acceso a la Información sobre las operaciones.

De acuerdo con la CCDP, PEMEX firmó los acuerdos y se comprometió a pagar una multa en caso de incumplir el pacto de silencio con la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la estadounidense Chevron, la canadiense Nexen y la noruega Statoil.

Creo que estarán de acuerdo conmigo en que la privatización de PEMEX está más cerca en el tiempo de lo que muchos piensan, a no ser que el pueblo mexicano y las organizaciones progresistas logren un frente común para impedirlo.

Sorprende esa propensión de algunos sectores de la oligarquía y la burguesía a vender el país. Pero no olvidemos lo que pasó en Argentina durante la dictadura militar y, después, durante los 10 años de gobierno de Carlos Menem. Simplemente, lo vendieron todo a empresas extranjeras.

A veces olvidamos que el neoliberalismo no es solo un modelo económico. Es también una ideología que antepone el libre mercado, los negocios, por encima de cualquier otra consideración nacionalista o patriótica.

Si las transnacionales alimentarias llegan a controlar la agricultura mexicana y se privatiza el petróleo, ¿qué le quedaría de independencia económica y política a México? Quedaría prácticamente anexada a Estados Unidos, pero con un muro divisorio para impedir que los mexicanos puedan cruzar la frontera. El pueblo de Juárez no se merece ese destino.