Al iniciar la crisis financiera el total de los depósitos sumaba $374 mil 100 millones, una cuarta parte del costo. Al descubierto, la debilidad de la versión oficial de que se salvaba a ahorradores
Una nueva revisión del rescate bancario elevó el monto de esa deuda cargada a los contribuyentes a 1.32 billones de pesos, cantidad que supera en más de 100 mil millones de pesos la cifra estimada anteriormente, pero que sobre todo deja al descubierto la debilidad del argumento oficial para respaldar a los banqueros.
Desde hace una década, las autoridades financieras -del anterior y de este gobierno- han asegurado que la operación de salvamento emprendida por la administración del ex presidente Ernesto Zedillo y mantenida en todos sus términos por la gestión del presidente Vicente Fox Quesada, tuvo como fin proteger el ahorro de los depositantes ante la virtual quiebra del sistema bancario en 1995.
Nuevos informes pusieron al descubierto que el valor de todos los depósitos al momento de la crisis financiera de 1995 era una cuarta parte del costo finalmente trasladado a los contribuyentes.
También que de 1999, cuando fue creado el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta diciembre de 2005, se han transferido recursos presupuestales exclusivamente para el pago de intereses de la deuda del rescate bancario por 418 mil 935.1 millones de pesos, más del valor de todos los depósitos al momento del colapso del sistema bancario hace 11 años.
Información de los Criterios Generales de Política Económica, documento elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que el costo total de la crisis del sistema bancario de 1995 asciende a un billón 326 mil millones de pesos, cantidad que equivale a 18.04 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La política establecida por el gobierno federal anterior y actual ha repartido los costos de la siguiente manera: con cargo al presupuesto, un billón 248 mil 100 millones de pesos -lo que se llama costo fiscal-, mientras los bancos sólo absorbieron 77 mil 900 millones de pesos.
El programa de rescate bancario fue puesto en práctica por el gobierno del ex presidente Zedillo a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaparoa), cuyas obligaciones fueron absorbidas por el IPAB a partir de 1999. Desde el inicio mismo de la crisis bancaria y todavía ahora, los funcionarios del sector financiero y los propietarios y directivos bancarios aseguran que el rescate fue a los ahorradores y no a los dueños de las instituciones.
Críticos del rescate bancario han asegurado que, a la sombra de los multimillonarios apoyos del gobierno a las instituciones de crédito, los accionistas de los bancos y deudores con influencia política y poder económico aprovecharon para trasladar al Fobaproa sus deudas.
El informe sobre la cuenta pública de 2004, presentado hace un par de semanas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció que en diciembre de 2004, al comienzo de la crisis financiera de hace 11 años, el valor total de los depósitos en el sistema bancario era de 374 mil 100 millones de pesos repartidos en cuentas de ahorro, chequeras y depósitos a plazo. Se trata de una cantidad equivalente a 28.2 por ciento del costo estimado hasta ahora del rescate bancario.
Según el mismo documento, más la información contenida en el Informe sobre la Situación Económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cierre de 2005, las transferencias presupuestales hechas desde la creación del IPAB para financiar el costo del rescate bancario superaron ya el valor de los depósitos que teóricamente -y según el argumento oficial- fueron rescatados de la crisis de 1995.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación, que sólo contiene datos hasta 2004, señala que (desde 1999, cuando fue creado el IPAB) »se han destinado recursos públicos de los ramos presupuestales 29 y 34 y a los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca, hasta diciembre de 2004, a valores históricos por 387 mil 161.4 millones de pesos».
Si a esa cantidad se añaden los canalizados en 2005, que según Hacienda sumaron 31 mil 773.7 millones de pesos, la asignación presupuestal de 1999 a 2005 para financiar el rescate bancario ha sido de 418 mil 935.1 millones de pesos, cantidad superior en 12 por ciento al valor que tenían todos los depósitos de la banca al empezar la crisis de 1995.
La asignación presupuestal, como señalan los informes anuales del IPAB, ha servido para cubrir exclusivamente el componente real de los intereses generados por la deuda bancaria.
Las cifras ofrecidas por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, confirman que la magnitud del rescate bancario superó con creces el objeto oficial de la operación, que era proteger a los ahorradores.
Así, el costo fiscal que han tenido los programas de rescate bancario es de un billón 248 mil 100 millones de pesos a diciembre de 2004. El programa de apoyo a deudores, que comprende los programas de vivienda, agropecuario, empresarial, estado y municipios, y otros, asciende a 168 mil 300 millones de pesos.
Los programas de apoyo a ahorradores, que incluyen los programas de saneamiento y banca intervenida, de capitalización y compra de cartera, de capitalización temporal y la ventanilla de liquidez en dólares, suman un total de un billón 79 mil 800 millones de pesos.
Agrega el informe del auditor superior:
»El número aproximado de deudores de la banca que participaron en el programa de apoyo a deudores es de 1.3 millones, asociados a una cartera de 324 mil 367 millones de pesos. En el programa de vivienda el costo fiscal es de 114.6 mil millones, en el agropecuario de 16 mil millones de pesos, en el empresarial de 10.5 mil millones de pesos, en el de estados y municipios de 8.9 mil millones de pesos, en el ADE de 7.1 mil millones de pesos, y en otros de 11.2 mil millones de pesos. En total suman 168.3 miles de millones de pesos a diciembre de 2004. El 68 por ciento del costo fiscal en este programa fue destinado a deudores de vivienda, y el 10 por ciento a deudores del sector agropecuario».