Pese a la fuerte campaña realizada en los últimos tiempos por el gobierno mexicano a favor de oficializar la completa privatización de PEMEX, el pueblo azteca rechazó en un referendo la medida que acabará de abrir la principal riqueza del país a las voraces compañías transnacionales y al capital privado nacional. La consulta, que no […]
Pese a la fuerte campaña realizada en los últimos tiempos por el gobierno mexicano a favor de oficializar la completa privatización de PEMEX, el pueblo azteca rechazó en un referendo la medida que acabará de abrir la principal riqueza del país a las voraces compañías transnacionales y al capital privado nacional.
La consulta, que no es de cumplimiento obligatorio, fue organizada por el gobierno del Distrito Federal (DF), así como diferentes agrupaciones sociales y política, en el marco de una serie de actividades y acciones en rechazo a la propuesta impulsada por el gobierno del presidente Felipe Calderón que intenta oficializar la privatización de la estatal Petróleos Mexicanos.
En este primer referendo (se prevén otros dos en los próximos días) participaron cerca de 2 000 000 de ciudadanos del (DF) y de los Estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, San Luis Potosí, Veracruz, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.
El 86 % dijo No a la pregunta de si «está de acuerdo con que la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos puedan participar empresas privadas».
Con respecto a la segunda pregunta de si «está de acuerdo o no con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso», el 84 % respondió No.
Medios sociales y algunos de prensa aseguran que la consulta pública plasmó el rechazo formal al proyecto de privatización parcial de PEMEX elaborado por el Ejecutivo federal dirigido por el Partido Acción Nacional (PAN) y apoyado con una «versión edulcorada» del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue divulgada esta semana.
El ex candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Andrés Manuel López Obrador, quien ha realizado una fuerte campaña de concientización popular sobre los efectos que conllevaría para el pueblo esa medida, afirmó tras la consulta: «Han privatizado más de mil empresas públicas importantes, entre ellas Teléfonos de México, ferrocarriles nacionales, los puertos, los aeropuertos, las minas, los bancos, están entregando la industria eléctrica nacional y ahora lo que más ambicionan, es quedarse con la renta petrolera y eso no se puede permitir».
Las amargas experiencias adquiridas por el pueblo mexicano desde que en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) le han hecho comprender los desastres económicos y sociales que conlleva la implantación de medidas neoliberales y de privatizaciones.
Esas políticas aplicadas con el TLCAN agudizaron la situación en las zonas pobres mexicanas. De esa forma, 11 Estados de los 31 existentes en México aparecen con elevados por cientos de pobreza: Chiapas 72,1; Oaxaca 68,8; Veracruz 59,2; Tabasco 59,8; Hidalgo 59,2; San Luis Potosí 57,3; Puebla 56,4; Zacatecas 55,1; Yucatán 54,8; Campeche 54,1, y Michoacán 51,2.
De los 105 millones de habitantes mexicanos, 53 millones se encuentran en un deplorable estado de pobreza e insalubridad que se comparan solo con los países más pobres del mundo, indican organismos internacionales. Con el Tratado de Libre Comercio se acrecentó el control de la producción e importación de productos mexicanos por compañías norteamericanas en detrimento de los campesinos y del pueblo azteca.
Pero, ¿qué ha estado ocurriendo con el control del petróleo mexicano en los últimos años? Antes de la firma del TLCAN las compañías transnacionales comenzaron a penetrar, subrepticiamente, en empresas claves de la nación.
Con la llegada al poder en el 2000 del presidente Vicente Fox, aumentaron las presiones para que el Congreso autorizara la entrada de capitales foráneos en las ramas del petróleo y la energía bajo el pretexto de atraer inversión extranjera y poder salir de la deuda que acumulaba PEMEX.
Los convenios de obras y servicios signados con Petróleos Mexicanos suman más de 300 en los últimos siete años por un valor superior a los 6 130 millones de dólares. El último acuerdo por un monto de 175 millones de dólares autoriza a la Halliburton a perforar 27 pozos en el sur de la nación azteca durante los próximos 48 meses.
Solo la Halliburton, que estuvo dirigida por el vicepresidente estadounidense Richard Cheney y ha cometido numerosas arbitrariedades en Iraq, ha obtenido entre 2000 y 2006, 170 contratos con la división Perforación y Exploración (PEP) por 2 700 millones de dólares. En la actualidad la cifra alcanza los 4 000 millones de dólares.
Organizaciones políticas y sindicales han denunciado que todo esto viola la Constitución mexicana pues en sus artículos se prohíben tajantemente las asociaciones de ese sector con compañías extranjeras y privadas.
En marzo de 1938 el ex presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la producción-distribución petrolera y los servicios de energía eléctrica, y desde entonces estos sectores se habían mantenido bajo control del gobierno
El artículo 27 de la Constitución establece que «tratándose del petróleo…o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público…»
Hoy en día se puede aseverar sin ningún equívoco, que PEMEX está prácticamente semi privatizada pues durante años se han ido entregando concesiones y contratos a compañías transnacionales extranjeras.
Ahora el ejecutivo quiere darle el empujón final para acabar con aquellos acápites de la Constitución que hablan de que la producción petrolera debe servir para el bienestar del pueblo.
De ahí la importancia de las consultas populares que lleva adelante el ex candidato Andrés Manuel López Obrador que tuvo su inicio el pasado 27 de julio y que tendrá otras dos los días 10 y 14 de agosto en los restantes Estados.
El primer resultado es que el pueblo, mayoritariamente, desea que el petróleo no se privatice a contrapelo de lo que quiere imponer el actual gobierno mexicano. Definitivamente, la voluntad popular habrá que oírla.