La historia de la migración en el mundo moderno es ya larga y repetitiva. La gente migra, legal o ilegalmente, por obvias razones. El mejoramiento económico y el escape ante la persecución son las principales causas. La gente migra a dónde puede, y a dónde las perspectivas económicas y políticas son mejores para ella. Es éste un proceso mundial importante, especialmente si se le añade la migración de las áreas rurales a las urbanas al interior de las fronteras de un Estado.

Los países-áreas receptores siempre han sido ambivalentes respecto de estos migrantes. Por un lado, pueden cubrir las necesidades adicionales de mano de obra, sea a un nivel no calificado o en nichos, específicos, de mano de obra calificada. Por otro lado, los migrantes traen consigo sus hábitos culturales, diferentes de los del área a la que migran, y algunas veces son reticentes en cuanto a despojarse de estos hábitos.

Así, es bastante frecuente que en los países receptores ocurra un contragolpe. Los migrantes son acusados de muchas iniquidades. Algunas son económicas, como quitarle empleos a la población nativa del lugar, o bajar las tasas de remuneración. Algunas son sociales, como el involucrarse en prácticas sociales consideradas aberrantes por los «nativos», o incrementar la tasa de crímenes.

Cuando en el mundo o en las circunstancias locales hay desempleo creciente general debido al estancamiento de la economía-mundo, las supuestas iniquidades se vuelven más y más un asunto público y existe una presión popular (o populista) en aras de promulgar legislaciones que limiten la entrada al país o al área, de alguna manera, o que criminalicen la migración ilegal y de algún modo expulsen a los migrantes (o grandes porciones de ellos).

Ahora esto ocurre de forma dramática en Estados Unidos, pero no sólo en dicho país. Este contragolpe ha sido un fenómeno político de alguna importancia en gran parte de Europa, y aun en varias zonas receptoras del resto del mundo, como en Sudáfrica, por ejemplo. Cuando esto ocurre, como ahora en Estados Unidos, es fácil discernir dos lados.

Aquellos que favorecen rigurosas acciones estatales contra los migrantes (y no sólo contra los ilegales) se expresan en un lenguaje xenófobo y reciben respaldo gracias al sentido generalizado de inseguridad económica y social que existe entre la clase obrera y la clase media. Este grupo tiende a favorecer la construcción de muros y las expulsiones de variados tipos. Comúnmente se localizan entre las fuerzas políticas más conservadoras, pero atraen el respaldo de algunos grupos que normalmente apoyan a grupos situados más en la izquierda.

Quienes se oponen a medidas estatales rigurosas son, de hecho, dos grupos muy diferentes. Están las elites de los negocios, que reciben bien a los migrantes en la creencia de que esto les permite mantener los salarios bajos. Y tienen razón en alguna medida. Así, quieren que los migrantes tengan el derecho de entrar y trabajar. Pero no están ansiosos de que los migrantes obtengan derechos políticos, lo que les permitiría luchar por mayor remuneración. El segundo grupo es bastante lo opuesto. Está compuesto de los grupos de migrantes y de aquellos en la izquierda que favorecen el aumento, no el decremento, de los derechos sociales y políticos de los migrantes.

Como lo he hecho notar, ésta es una vieja historia en el mundo moderno. Lo que es diferente hoy es que existe un inicio de contragolpe ante el contragolpe. En Francia, en noviembre pasado, hubo una importante «rebelión de los desclasados» jóvenes en los guetos, un levantamiento en demanda de un lugar bajo el sol (ver el comentario 174, primero de diciembre de 2005: «Los disturbios franceses: una rebelión de los desclasados», La Jornada, 17 de diciembre de 2005). Aunque la rebelión sacudió al gobierno, que pudo contenerla sólo después de un mes de esfuerzos, no obtuvo un respaldo generalizado entre la izquierda francesa, que la observó pero que no se sumó a ella. En Estados Unidos, la aprobación de una legislación muy represiva de la Cámara de Representantes estimuló la mayor manifestación que haya ocurrido en torno a este punto. Medio millón de latinos marcharon en protesta en Los Angeles (y cantidades menores en otras ciudades). Hasta ahora, la izquierda estadunidense observa pero no se ha sumado.

Entonces miremos lo ocurrido en Francia en marzo de este año. El gobierno introdujo una medida sin consultar a nadie al promulgar el llamado Contrat Première Embauche (CPE o «contrato de primer empleo»), que autoriza a las empresas a contratar a los jóvenes menores de 26 años permitiendo despedirlos sin explicación durante los dos primeros años de empleo. Esto creó una excepción del droit du travail (el derecho a empleo), una conquista importante de los trabajadores franceses en los años posteriores a 1945. Desde el punto de vista del gobierno, esto fue, en parte, una respuesta a la rebelión de noviembre, que entre sus quejas estaba la altísima tasa de desempleo entre los jóvenes de los guetos. Por supuesto, precarizar el droit du travail es desde hace mucho tiempo una demanda importante de la asociación de empleadores (MEDEF), y esta ley es considerada por ellos (algunos lo reconocen públicamente) como el primer paso para eliminar de una vez por todas las garantías laborales en general.

En cuanto se promulgó el CPE, hubo una reacción importante -de los estudiantes, de los sindicatos y, sí, de los guetos. Las manifestaciones públicas han sido masivas. La lucha política prosigue, pero parece probable que el gobierno se verá forzado a retractarse. Sin embargo, lo que es realmente importante de lo que ocurre en Francia es que un contragolpe contra los derechos y las oportunidades económicas de los migrantes escaló hacia un contragolpe contra el neoliberalismo y su impacto sobre el grueso de la población. Esto significa que el punto de preocupación que primordialmente afectaba a una minoría, se transformó en un asunto que concierne a la mayoría de la población. Lo que ocurrió en Francia puede muy bien suceder en Estados Unidos.

Traducción: Ramón Vera Herrera