Las migraciones se han convertido en uno de los macrofenómenos que definen nuestro tiempo.
Un 3,5% de la población mundial vive en un país diferente de aquel en que nació, sumando un total de 272 millones de personas. Todos los países participan de un modo u otro de los procesos migratorios en tanto que países emisores, receptores o de tránsito.
Su relevancia, no obstante, va mucho más allá de lo que reflejan estas cifras. Los gobiernos se muestran paralizados por el miedo a que cualquier medida que tomen en materia migratoria sea manipulada. Sus decisiones, en un sentido u otro, tienen un tremendo impacto sobre la vida y los derechos fundamentales de millones de personas en situación de vulnerabilidad extrema.
Creciente relevancia de las migraciones en un mundo globalizado
Además de un tema de atención creciente para los gobiernos y la opinión pública de los diversos países afectados, las múltiples tensiones inherentes al fenómeno migratorio constituyen un boyante campo de investigación.
Hasta fechas recientes los especialistas ponían el foco en la explicación de los procesos de incorporación de las personas migrantes en los países receptores. En cambio, desde hace algo más de una década, el control de los flujos migratorios –y especialmente las distintas medidas de fortificación de las fronteras– han pasado a ser el centro de los análisis.
Los procesos migratorios, probablemente más que cualquier otro fenómeno, son capaces de revelarnos el verdadero rostro de nuestras sociedades. Constituyen un excelente laboratorio para identificar las contradicciones internas del orden institucional y contrastar el grado de compromiso real de los Estados con los derechos humanos y la justicia.
Las migraciones no solo ponen a prueba modelos clásicos de convivencia, sino que hacen emerger preguntas nuevas, e incluso incómodas, sobre cómo se adquiere la ciudadanía, se concibe la justicia social o se configuran los limites territoriales de la soberanía nacional.
Cuestiones de justicia en torno a las migraciones
Entre los innumerables asuntos que las migraciones internacionales han introducido en la agenda de la filosofía moral y política, dos tipos de problemas guardan directa relación con las teorías de la justicia.
En primer lugar está el conjunto de preguntas relativas a los principios de justicia que deben regular el acceso de inmigrantes al territorio de un Estado: ¿existe un derecho general a la libertad de movimiento que ha de ser respetado por todos los Estados?; ¿cuál es el margen de los Estados a la hora de permitir o prohibir la entrada de quienes se encuentran en una situación de especial necesidad y/o vulnerabilidad?
Una segunda serie de cuestiones se refiere a una fase posterior del proceso migratorio, a las condiciones políticas y sociales en las que se ha de desenvolver la vida de quienes ya se han instalado en un nuevo país: ¿de qué derechos son titulares los extranjeros que residen de manera regular?; ¿qué derechos tienen quienes se encuentran en situación irregular?
En los últimos años, no obstante, el debate filosófico se centra fundamentalmente en torno a la cuestión de si los Estados tienen el derecho a excluir a los extranjeros: los promotores de la apertura de fronteras (aunque no necesariamente de su abolición) se confrontan así con quienes hacen valer la legitimidad de su cierre.
La globalización ha puesto en cuestión ciertos supuestos centrales de la teoría política, como es la justificación de las fronteras territoriales, y también al menos una de sus principales implicaciones prácticas, como es el derecho de los Estados a controlar el tránsito de personas por ellas.
El retorno de las fronteras
Las fronteras se han convertido, pues, en un nuevo y relevante campo de estudio. Se pone en cuestión el estatus de unas lindes territoriales que no solo son contingentes, sino que con frecuencia son el resultado de graves atropellos históricos, tales como conquistas, colonizaciones, contratos leoninos o cesiones sin consentimiento de la población.
Más allá de algunas funciones básicas asignadas a las fronteras (como son la demarcación de la jurisdicción y el control de flujos de bienes y personas), el estudio crítico de los dispositivos fronterizos permite analizar las transformaciones en las relaciones de dominación y desposesión a escala global.
Aunque no suela ser explicitada, otra de las funciones que en la práctica desempeñan las fronteras es garantizar la perpetuación de las ventajas comparativas que disfrutan los ciudadanos de los países con mayores recursos, al tiempo que convierten en endémicos los perjuicios que padecen quienes habitan países menos aventajados. Se da así carta de naturaleza a flagrantes injusticias globales.
Estas formas de injusticia se perpetúan porque la mayoría de las personas interesadas en migrar no disponen de vías legales y seguras para hacerlo hacia países con una mejor calidad de vida. Si al final consiguen su objetivo, lo hacen con no poca frecuencia en condiciones realmente inhumanas, sometidos a abusos por parte de autoridades corruptas o de traficantes sin escrúpulos. Especialmente graves son las circunstancias de las mujeres migrantes en situación irregular, forzadas a explotación sexual o al trabajo en los sectores doméstico y agrícola en condiciones de semiesclavitud.
En la medida en que la distribución justa de los recursos de la Tierra y de las innovaciones humanas no es una simple alternativa, sino un imperativo en aras de la supervivencia pacífica de la especie, las personas migrantes son portadoras de demandas por un mundo mejor que nos interpelan a todos. Si entendemos a los migrantes marginalizados como un grupo que padece injusticia de manera estructural, comprenderemos también que sus reivindicaciones de reconocimiento como personas con plenos derechos son demandas de justicia de alcance global.
Para atender de manera integral sus demandas en pro de modelos políticos, sociales y económicos equitativos es preciso revisar sustancialmente el papel asignado a las fronteras territoriales. En este sentido merece la pena destacar estudios recientes que cuestionan las fronteras desde la perspectiva de la justicia. Solo desafiando las fronteras territoriales cabe redefinir las fronteras de la justicia a escala global.
Juan Carlos Velasco. Investigador Científico. Grupo «Filosofía Social y Política» (FISOPOL), Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
Maria Caterina La Barbera. Profesora de Derechos Humanos e Investigadora «Ramón y Cajal», Universidad Nebrija
Fuente: https://theconversation.com/migraciones-y-fronteras-en-clave-de-justicia-151013?