Los censos no los cuentan y ellos se aíslan de los demás. Muchos son indocumentados que trabajan
Cada noche, casi uno de cada cien habitantes del condado de Los Angeles no tiene donde dormir. Algunos de esos cien mil pasan la noche en vela, aterrorizados y en un entorno hostil, sujetos a la violencia, cubiertos de cobijas viejas.
Otros encuentran descanso a la orilla de los ríos que cortan la ciudad: Hondo, Los Angeles, San Gabriel. O duermen debajo de los puentes, a los costados de las autopistas o freeways, a orillas de los ríos, en cines al aire libre, teatros y edificios abandonados, en automóviles destartalados.
Muchos hurgan entre la basura hasta altas horas, ya sin vergüenza ni pudor, buscando con qué ahogar el hambre. Otros, al amparo de grupos misericordiosos, dormirán en catres, uno al lado del otro, en la nave de alguna iglesia.
Y más allá del centro de la ciudad, allí donde claros de vegetación y agua interrumpen el asfalto y el concreto, están los más de 30,000 desamparados latinos de Los Angeles. No solamente no tienen casa: muchos son inmigrantes indocumentados y no pueden acceder a beneficios reservados para ciudadanos y residentes legales.
Un reciente estudio de los profesores Stephen Conroy y David Heer muestra que los desamparados hispanos están subconteados por las agencias del gobierno, porque no frecuentan los sitios donde son censados. La razón: su calidad de indocumentados les hace temer la deportación y la cárcel. Además, prefieren estar entre quienes hablan su mismo idioma.
En algo más son diferentes los desamparados latinos: muchos de ellos trabajan, envían dinero a sus familias en sus países de origen y salen adelante.
Un mundo aparte
Frente al fenómeno, los heroicos esfuerzos de una variedad de organizaciones y grupos de buena voluntad, no alcanzan. En tanto la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto de 640 millones de dólares para sus desamparados, los de Los Angeles, a través de la Autoridad de Desamparados de Los Angeles (LAHSA), fluctúan entre 45 y 60 millones anuales.
«Los desamparados latinos no aparecen en los censos sobre desamparados», dicen a La Opinión Ralph Shower y María García, activistas que trabajan con la organización Jóvenes Inc., dirigida por el padre Michael Estrada, y que trabajaron en la preparación del estudio. «A los que cuentan son nada más los que están en el centro, los anglosajones y los afroamericanos», afirman.
«Para hallarlos», dice García, «vamos debajo de los puentes, de los freeways, en los ríos, en los parques. Si vemos carritos de supermercado es señal de que hay desamparados. Así llegamos a un lugar sobre las vías del ferrocarril que era como una ciudad, con sus propias casitas de cartón. Cajas y cajas donde vivían cerca de las vías. Puros hispanos.»
«Uno cree que no hay hispanos desamparados. Pero no están allí donde los demás, porque el idioma es una barrera», dice Elías Puentes, administrador del programa para desamparados en Misión Dolores, a La Opinión. «Los hispanos no se reportan. Hay subconteo. No se concentran donde está la masa grande de desamparados, se salen de allí.»
«Los que vienen aquí, son como trabajadores temporarios que vienen y regresan», afirma Puentes. «Están aquí en la misión tres meses, luego alquilan un cuarto, lo comparten entre dos, están seis meses y luego se van a Seattle o a Oregon, o al norte de California, porque escucharon que allá había trabajo.»
José y Ana María -dos desamparados de 68 y 70 años de edad que duermen en una esquina de la Calle Primera, así como decenas de desamparados latinos entrevistados por La Opinión en el transcurso de nueve semanas, no son parte de una estadística de números secos. Ni quieren ser un póster para la compasión del público.
«La policía nos echó de Skid Row, porque decían que era peligroso para nosotros», dice él a La Opinión. «Que los otros nos iban a asaltar».
Ahora acampan aquí con sus tres perros a pocas cuadras del corazón de Los Angeles, y fuera de un terreno baldío o parque de estacionamiento donde hasta unos días se erigía todo un campamento de desamparados. «Vinieron tres personas de la ciudad y dijeron que debíamos irnos porque iban a construir algo», dice él. Sólo ellos se quedaron cerca, porque no tienen fuerza para alejarse. No tienen donde dormir, ni fuentes de ingreso, aunque él afirma que trabaja: «junto cartones, latas, de todo».
Capital de los desamparados
Por mucho, Los Angeles es la capital nacional de los desamparados. Según la organización Shelter Partnership, cada noche alrededor de 84 mil personas duermen en las calles o en refugios temporarios. Según el Instituto para el Estudio del Desamparo y la Pobreza, pueden llegar a 102 mil.
«No tenemos una idea clara del número de desamparados en Los Angeles», reconoce Mitchel Netburn, director de LAHSA, en una entrevista, «porque no hacemos un conteo en la calle. Se necesita para eso millones de dólares en una ciudad tan enorme como esta».
En todo el estado, dice el California Research Bureau, son 360 mil cada noche y entre uno y dos millones en un año. En todo el país, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) calcula en 600 mil el número.
Nueve mil de ellos, en esta ciudad, son niños.
Un reciente estudio del Centro de Religión y Cultura Cívica (CRCC) en la Universidad del Sur de California, comisionado por la Misión Union Rescue (URM) establece que desde 1990, el número de niños desamparados saltó del 1% al 15% del total.
Los desamparados cuentan con 331 refugios y albergues en el condado, operados por 153 agencias. La mitad de los programas de alimentación y refugio en el condado pertenecen a grupos religiosos, dice un estudio del Centro de Religión y Cultura Cívica en USC. El total de «camas» -o lugares de albergue- para desamparados en el condado es alrededor de 14 mil, de ellas unas nueve mil en la ciudad de Los Angeles. En comparación, las cárceles y calabozos del condado tienen cabida para 20 mil personas. Y más de 200 mil, en todo el estado, pueblan las prisiones.
Sin techo, ni ayuda
Si los desamparados de Los Angeles están en el fondo de la escala social, los inmigrantes latinos indocumentados entre ellos están más al fondo. No reciben ayuda gubernamental. No hay dinero en el gobierno para los indocumentados sin hogar, dicen a La Opinión Jeannette Rowe y David García, del equipo de intervención de emergencia de LAHSA. «El Departamento de Servicios Públicos Sociales (DPSS) del condado no tiene un presupuesto; nada para ellos sin tarjeta de seguro social o certificado de nacimiento».
«Es muy difícil para los indocumentados recibir ayuda», dice Rowe. Por la misma razón, nota que muchos desamparados que son inmigrantes ilegales trabajan: «los indocumentados tienen a trabajar más que los nacidos aquí, porque no reciben ayuda del gobierno», enfatizan.
Los desamparados que son ciudadanos de EU pueden recibir ayuda social (welfare) por retiro o incapacidad y de discapacidad (SDI) de hasta 602 dólares semanales, cupones de comida y Ayuda General (General Relief) de hasta 221 dólares por mes. Son acreedores a Calworks (TANF), incluyendo asistencia médica (MediCal), ayuda monetaria del DPSS, cuidado de niños y asistencia de vivienda. Si trabajan, pueden recibir compensación al trabajador hasta 490 dólares por semana por vida y crédito de impuestos por ingreso ganado (EIC). De otras fuentes recibirán cupones de taxi, pases de autobús, comida a bajo costo o gratuito. Mujeres y niños recibirán el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres y Niños (WIC).
Pero los desamparados latinos indocumentados carecen de estos recursos. Sus únicos derechos son los refugios, ayuda médica temporaria y educación pública.
-Yo fui a un refugio en Sylmar- dice a La Opinión una mujer sin hogar. «Me dijeron que debía esperar dos semanas para ver si me daban ayuda general pero que siempre no. Yo pedí estampillas de comida y tampoco me quisieron dar».
Temen acercarse a los refugios porque en éstos cohabitan con una población -afroamericanos y blancos no latinos- con la que hallan poco en común y con la que carecen de un idioma para comunicarse, ya que no hablan inglés.
Temen ser deportados, por estar ilegalmente en este país.