Lo que el Estado no ha conseguido en el enfrentamiento contra las bandas de narcotraficantes de Río de Janeiro, lo están consiguiendo grupos parapoliciales ilegales que se extienden cada vez más por la ciudad. Conocidos como milicias, estos grupos formados por policías, ex policías, bomberos y guardias carcelarios expulsan de los barrios pobres a los […]
Lo que el Estado no ha conseguido en el enfrentamiento contra las bandas de narcotraficantes de Río de Janeiro, lo están consiguiendo grupos parapoliciales ilegales que se extienden cada vez más por la ciudad.
Conocidos como milicias, estos grupos formados por policías, ex policías, bomberos y guardias carcelarios expulsan de los barrios pobres a los traficantes de drogas e instauran un poder paralelo al del Estado, totalmente ilegítimo y arbitrario.
El proceso se inició hace algunos años, ante la inoperancia de las autoridades legales, pero en los últimos meses ha ganado fuerza y territorios: en abril de 2005 las milicias dominaban 42 favelas (barrios pobres). Ahora controlan 92.
De acuerdo con un informe del órgano de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro, cada 12 días una favela le es arrebatada a los traficantes por las milicias. El origen de ese fenómeno, según el sociólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Ignacio Cano, está en la pérdida de rentabilidad de la venta de drogas en las favelas y barrios pobres de la ciudad.
A medida que el tráfico ya no tiene dinero para sobornar a los policías corruptos al mismo nivel que antes, éstos expulsan a los traficantes y buscan nuevas formas de obtener dinero, al asumir el dominio del área, explicó Cano.
Y es que las milicias no están compuestas por generosos Robin Hood. En cada área dominada cobran una tasa de protección mensual de cinco a siete dólares por domicilio, además de un impuesto de dos dólares sobre cada botellón de gas de cocina.
Otra fuente de recursos de los milicianos es la venta de conexiones clandestinas de televisión por cable, cada una de las cuales cuesta 15 dólares mensuales (la mitad del precio legal), además de la explotación de servicios de transporte locales, como vans y mototaxis.
En una favela como la de Río das Pedras, que cuenta con 12.800 casas, y suponiendo que sólo la mitad tenga televisión por cable, el ingreso de la milicia puede llegar a los 210.000 dólares mensuales, mucho más de lo que antes les pagaban los traficantes.
En algunos casos, los milicianos asumen la función de agentes inmobiliarios y cobran comisiones sobre la venta o el alquiler de inmuebles en el área controlada, así como tasas para autorizar la instalación de una nueva casucha en la favela.
Estos grupos crean baronías feudales, donde las leyes del Estado no tienen valor alguno. Con el agravante de que, como son formadas en su mayoría por policías, hay una quiebra de la jerarquía en las instituciones policiales, dijo el sociólogo Luiz Eduardo Soares, ex subsecretario de Seguridad Pública.
Una muestra de que esa feudalización de la sociedad es más aguda con las milicias de lo que ya era con los traficantes de drogas, se dio en las elecciones de octubre pasado.
El candidato indicado por la milicia en la favela de Río das Pedras obtuvo una votación triunfante, mientras que en otra parte de Río el candidato indicado por el traficante Miltinho do Dende apenas consiguió cerca de 200 votos, totalmente insuficientes.
El crecimiento de las milicias tiene, por otra parte, reflejos graves fuera de las comunidades controladas, como el aumento de la delincuencia y la violencia en los barrios residenciales de Río de Janeiro.
Tras la pérdida de territorios en las favelas, el narcotráfico se trasladó en los últimos meses hacia otras zonas residenciales, por lo que la policía tendrá que prepararse para eso, según reconoció el alcalde de Río de Janeiro, César Maia.