Miles de soldados ocuparon el Complejo da Maré, en una zona estratégica de Rio de Janeiro, donde viven 130 mil personas en quince favelas. Los uniformados permanecerán hasta el 31 de julio para garantizar la «paz social» durante la Copa del Mundo. Cuando se cumplía medio siglo del golpe de Estado que irradió autoritarismo la […]
Miles de soldados ocuparon el Complejo da Maré, en una zona estratégica de Rio de Janeiro, donde viven 130 mil personas en quince favelas. Los uniformados permanecerán hasta el 31 de julio para garantizar la «paz social» durante la Copa del Mundo.
Cuando se cumplía medio siglo del golpe de Estado que irradió autoritarismo la región, dos mil soldados de la Marina y el Ejército a bordo de dieciséis blindados ingresaron en el Complejo da Maré transportando unidades del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar. Helicópteros tripulados con tiradores de elite sobrevolaron la zona con vuelos rasantes dando cobertura a las fuerzas de tierra en una operación acordada por los tres poderes de Brasil: municipal, estatal y federal.
El operativo fue anunciado muchas veces y se realizó con amplia cobertura mediática permitiendo que muchos milicianos del narcotráfico emigraran hacia otras favelas donde la presencia policial es menor. En pocas horas detuvieron a 118 personas, incautaron fusiles de asalto, ametralladoras y droga, además de motos y coches robados.
Los soldados peinaron algunas zonas casa por casa pero debieron disparar al aire cuando una multitud se opuso al trasladado de un joven herido de bala, mostrando las limitaciones de ese tipo de intervenciones. El objetivo es implantar una Unidad de Policía Pacificadora (UPP) que estará integrada por 1.500 policías como ya se ha hecho en otras zonas. Sin embargo, el periodista del diario El País señala que además las autoridades deberán «reforzar otras áreas que últimamente parecen hacer escapado del control policial, como el Complejo de Alemán, ocupado en 2010, y la favela Rocinha».
Paz Olímpica
El Complexo da Maré es la mayor favela de Rio. Pero a diferencia de las que se levantan en las laderas de los morros, ocupa tierras planas ganadas a la bahía de Guanabara con rellenos y nivelaciones. Son 15 comunidades con 130 mil habitantes entre tres grandes vías de comunicación: la avenida Brasil, ocho carriles de intenso tránsito, las Líneas Amarrilla y Roja. Un sitio estratégico por donde pasan las tres vías rápidas de la ciudad que conecta con el aeropuerto internacional Antonio Carlos Jobim (ex Galeão), lugar de arribo de miles de turistas para el Mundial y las Olimpíadas.
La Maré combina las viviendas autoconstruidas, típicas de las favelas, con edificios precarios en malas condiciones. En Nueva Holanda predominan los conjuntos habitaciones construidos por el Estado en la década de 1960, que se favelizaron por la pobreza, la sobrepoblación y la falta de servicios.
Pese a la elevada densidad poblacional y la abundancia de jóvenes, no hay lugares de esparcimiento ni equipamiento cultural. Un desierto para pobres apilados. Maré, marea en portugués, se construyó en terrenos inundables poco aptos para la especulación inmobiliaria. Dos bandas de narcotraficantes, Comando Vermelho y Amigos dos Amigos, se disputan el territorio pero son los pequeños transas, siempre adolescentes, las víctimas predilectas de la policía militar.
Escaldados por décadas de malos tratos, los vecinos desconfían. «No va a mejorar nada, ya que en otras favelas las UPP fueron un fracaso», dice un comerciante. El coordinador de la ONG Observatorio de Favelas, Mario Simão, asegura que «la población desconfía de las fuerzas policiales ya que están asociadas a agresiones y falta de respeto» (El País, 30 de marzo de 2014).
A la larga lista de agresiones de la Policía Militar contra la población favelada, deben sumarse antecedentes cercanos que avalan los temores. En 2007, en el marco de la preparación de la ciudad para los Juegos Panamericanos, la ocupación militar del Complejo de Alemán se saldó con la muerte de 43 personas y 81 heridos. En junio de 2013, cuando millones de personas se manifestaban en las principales ciudades sin que se produjera un solo muerto, el BOPE entró en el Complejo da Maré persiguiendo a pequeños delincuentes. Mataron a un joven y un sargento fue muerto por gente del barrio.
Poco después volvieron a la guerra. Más de 300 policías, el siniestro caveirão (blindado que lleva por distintivo una calavera y sólo se usa en las favelas), helicópteros de apoyo y fusiles. Dispararon contra los transformadores de luz para provocar apagones y cobijar la masacre en la oscuridad. Dispararon a todo varón que estuviera en la calle, entraron a las casas derribando puertas. Esa noche se saldó con diez muertos, incluyendo al sargento. Todos varones. Todos pobres y casi todos negros. El mayor tenía 42, los dos menores 16. La propia policía reconoció que hubo «tres muertos inocentes», como si los demás fueran culpables.
Orden Ministerial
En diciembre fue aprobada la Ordenanza 3.461 del Ministerio de Defensa que prevé la utilización de las fuerzas armadas para mantener el orden interno. La decisión estuvo estrechamente ligada a los llamados megaeventos, los Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial Fútbol. «Vamos a restablecer la presencia del Estado», dijo el general Ronaldo Escoto, comandante la llamada Fuerza de Pacificación. Una de las tareas centrales de los uniformados la definió como «patrullaje de satruación».
Según un informe del organismo de derechos humanos Justicia Global, el 29 de marzo, la víspera de la ocupación, un juez penal de Rio «expidió una orden colectiva de búsqueda y aprehensión, autorizando a la Policía a ingresar en las viviendas de la población». La figura jurídica de la «orden colectiva» es duramente criticada por juristas y abogados por criminalizar la pobreza ya que se utiliza sólo en las favelas. La orden colectiva permite el allanamiento de las casas en dos favelas de Maré, Nova Holanda y Parque União.
El Observatorio de Favelas informó que el domingo 30 se realizó en Maré un encuentro entre organizaciones de la sociedad civil de esa favela en el que se debatió e problema de la «orden colectiva». Los participantes entienden que están ante una actuación ilegal del Estado que será denunciada ante la justicia en los próximos días.
El 31 de marzo el diputado federal Chico Alencar (PSOL) criticó la figura de la orden colectiva por ser «una herramienta jurídica que convierte a todo habitante de una favela en sospechoso y por extensión ve a la favela como territorio enemigo». El sociólogo Cândido Grzybowski, director de Ibase, denunció que «la política de seguridad actual se dedica a proteger a la ciudad de las favelas y de sus habitantes en vez de garantizar derechos iguales en cuanto a la seguridad, de no sufrir violencia para todos los que vivimos en Rio de Janeiro».
En opinión de Justicia Global, que trabaja en la denuncia policial y defensa de los favelados, las prácticas policiales en esos territorios violan los derechos de las personas utilizando figuras genéricas, para encubrir las ejecuciones sumarias de la policía, como «auto de resistencia» y «resistencia seguida de muerte».
En la opinión pública comienza a abrirse paso la necesidad de desmilitarizar las fuerzas de seguridad. La Policía Militar surgió a principios del siglo XIX para proteger a la familia real bajo el nombre División Militar de la Guardia Real de Policía de Rio de Janeiro. Se consolida como policía justamente después de la abolición de la esclavitud, cuando se especializa en proteger a las elites de los pobres. Durante la dictadura militar (1964-1985) el papel de la Policía Militar fue muy destacado en la persecución de los opositores.
Pero fue a raíz de las manifestaciones de junio que la Policía Militar volvió a ocupar un lugar destacado en el debate político. Los organismos de derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA más de 200 casos de violaciones ocurridas desde las protestas de junio de 2013. Brasil es uno de los pocos países en los que esta policía depende de las fuerzas armadas y está amarrada a su estatuto militar.
En ese sentido, Justicia Global enfatiza que la desmilitarización que se reclama no consiste sólo en poner fin a la Policía Militar como corporación sino, sobre todo, en «enfrentar un modo de funcionamiento, modos de gobernar, trabajar y vivir» que se arrastran desde el período colonial esclavista.
Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.
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