Oposición a la política educacional del gobierno Bolsonaro ganó cuerpo en las calles del país, en múltiples protestas (Créditos: Mídia Ninja, tomado de Brasil de Fato) Si la década de 2000 y los años de 2010 estuvieron marcados por la expansión de la educación pública en Brasil, con aumento de cupos en las universidades, multiplicación […]
(Créditos: Mídia Ninja, tomado de Brasil de Fato)
Si la década de 2000 y los años de 2010 estuvieron marcados por la expansión de la educación pública en Brasil, con aumento de cupos en las universidades, multiplicación de becas de investigación, estructuración y consolidación de instituciones federales, el año de 2019 cierra la década teniendo como rasgos la inestabilidad institucional y una retracción en la inversión pública en el sector.
La inconstancia que dictaría el ritmo de la cartera a lo largo del período dio señales ya en los primeros meses del año, con un constante cambio de nombres que figuraban en el nivel jerárquico superior del Ministerio de Educación (MEC). El escenario tuvo como destaque la situación del Instituto Nacional de Estudios y Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP), que responde, entre otras cosas, por el Examen Nacional de Educación Media (ENEM).
Por lo menos 14 despidos fueron registrados en cargos estratégicos de la institución, como es el caso del propio presidente, Marcus Vinicius Rodrigues. Un decreto firmado por el entonces gestor deflagró una crisis en el primer semestre del año, relacionada con el Sistema de Evaluación de la Educación Básica (SAEB), debido a la medición de índices de la alfabetización infantil en el país.
El análisis había sido hecho en 2013, 2014 y 2016 y pasó a ser previsto solamente para 2021.
Al abrir un hiato histórico entre las diferentes evaluaciones, el decreto coleccionó críticas de diferentes lados, principalmente de especialistas. El episodio inflamó la relación entre Marcus Vinicius Rodrigues y el entonces ministro de Educación, Vélez Rodríguez, que revocó la medida al día siguiente a la publicación del texto, después de una discusión con el presidente del instituto.
Marcus Vinicius Rodrigues se despidió de la institución con duras críticas a Vélez y acusando al mandatario de nombrar a personas con posiciones ideológicas inapropiadas para la cartera.
Mientras Rodrigues saludaba al ala militar de la gestión, el ministro tenía vinculación con el astrólogo Olavo de Carvalho, autoproclamado filósofo que es considerado el «gurú ideológico» del gobierno Bolsonaro.
Cambios continuos
Entre idas y venidas, el resultado de los pulsos indicó lo que se fortalecería en el MEC a lo largo de 2019: una crisis institucional marcada sobre todo por disputas de poder entre militares, gestores con perfil técnico y discípulos olavistas.
En abril, la tríada implosionó: los desacuerdos y el agitado juego de poder interno llevaron al despido del propio ministro, cuya exoneración fue anunciada por el presidente de la República vía redes sociales. Vélez dejó la cartera después de un conjunto de medidas polémicas.
Entre ellas, estaba una promesa de que cambiaría los libros didácticos del país para revisar la forma como la dictadura militar y el golpe de 1964 son abordados y también llegó a pedir a las escuelas que filmaran a los estudiantes cantando el himno nacional y pasaran el material al MEC.
En ese momento, la coordinadora del Foro Estadual de Educación de Paraná, Andréa Caldas, afirmó a Brasil de Fato que el mandatario venía demostrando «enorme desconocimiento sobre la educación brasileña y sobre el aparato del Estado».
Lógica privatizadora y corte de recursos
Con la despedida de Vélez, Bolsonaro nombró para el ministerio al economista y profesor Abraham Weintraub, que tiene una trayectoria ligada al mercado financiero y había participado del equipo de transición del gobierno para tratar del tema de las pensiones.
El perfil privatizador del actual ministro es el rasgo principal de la gestión del economista, que ha conducido el MEC con base en medidas como el llamado «Future-se», programa que ayuda a sedimentar el camino de la iniciativa privada dentro de la educación pública por medio del incentivo a la búsqueda de recursos propios por parte de las instituciones de educación superior (IES).
La medida está directamente relacionada con otro problema que se destacó a lo largo del año: la asfixia presupuestaria promovida por el gobierno Bolsonaro en el sector.
Ya afectado directamente por el Techo de Gastos, aprobado en el gobierno de Temer (2016-2018), el segmento vio la pesadilla aumentar en este primer año de la nueva gestión.
Datos oficiales muestran que hubo una retención total de 1.700 millones de reales del presupuesto de las universidades, lo que equivale a casi 25% de los gastos discrecionales y 3,43% del presupuesto total de las IES.
Weintraub utilizó como escudo, entre otras cosas, el argumento de que la retención estaría respaldada por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que impone reglas a los gastos públicos. Convocado para aclarar sus declaraciones al Congreso, afirmó que Brasil «gasta demás» en educación, generando nuevas y duras reacciones.
En ese momento, llegó a sugerir una negociación, afirmando que la liberación de los recursos del área estaría sujeta a la aprobación de la impopular reforma de las Pensiones de Bolsonaro y Guedes. «Estamos viviendo un momento muy extraño, en que todo es medio que en base a un chantaje no republicano», dijo al ministro, en la ocasión, el senador Jean Paul Prates (Partido de los Trabajadores -estado de Rio Grande do Norte).
Convulsión social
El recorte oxigenó la insatisfacción popular, llevando a una serie de protestas nacionales en defensa de la educación pública y contra el intento de ideologización del área, utilizado por Weintraub como arma contra las críticas. Entre otras cosas, el ministro acusó las universidades de promover lo que llamó de «algazara», en referencia a la supuesta existencia «de gente desnuda» dentro de los campus y otras prácticas.
«Universidades que, en vez de procurar mejorar el desempeño académico, estuvieran haciendo algazara, tendrán sus recursos reducidos», dijo el ministro, dando a la retórica de los recortes un bies ideológico y generando una ola de críticas.
La declaración generó reacciones de trabajadores del área, estudiantes, especialistas y otros diferentes sectores de la clase media brasileña. Fue el llamado «tsunami de la educación».
La tijera del gobierno en educación provocó reducción de los gastos de agua, luz, funcionarios tercerizados, manutención de equipamientos y otros.
La producción científica también fue afectada en este primer año de gobierno, con la caída en el presupuesto del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) y de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), sobre los cuales pesa aún una amenaza de fusión que ayuda a endosar las críticas a la gestión de Bolsonaro.
«Rector no es gerente de banco»
También se destacó a lo largo del año el nombramiento de rectores que no figuraban en primer lugar en la terna enviada por la comunidad académica, como era tradición desde 2003. De los 11 rectores nombrados por el presidente de la República hasta septiembre, por ejemplo, seis no fueron los más votados.
Críticos de la medida denunciaron la existencia de una tentativa de cercenamiento de la autonomía de las instituciones por el hecho de que Bolsonaro atropelló la terna y alineó nombramientos por cuenta propia. «No se puede confundir rector con gerente de banco. (…) No hay que hablar de personas tomando decisiones de forma aislada», dijo el vice-presidente de la Asociación Nacional de Dirigentes de Instituciones Federales de Educación Superior (ANDIFES), Edward Madureira Brasil.
También tuvo realce la creación, en noviembre, de una tarjeta de estudiante virtual, con el propósito de estrangular las recursos que ayudan a mantener entidades como la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). «Es un intento de desmovilizar al movimiento estudiantil», atribuyó Lucas Reinehr, de la dirección de la organización, cuando la medida aún no había sido oficializada, pero ya provocaba movilizaciones contraria.
Educación militar
En paralelo a los recortes e intervenciones en la educación pública convencional, la gestión de Bolsonaro comenzó además un programa de expansión de las escuelas cívico-militares en el país, con una inyección de 54 millones de reales (13,2 millones de dólares) en cada una de las unidades del proyecto piloto, que será implantando en 2020.
Además de poner al sector como prioridad en la canalización de los recursos públicos, el presidente han sido blanco de críticas de especialistas y opositores que apuntan una tentativa de precarización intelectual y cercenamiento de las libertades individuales en la educación pública por medio de la adopción de la doctrina militar en las escuelas.
Escuela sin partido
Al final del año, la política de avance del autoritarismo sobre el área de educación mostró nuevamente las garras con a volta de la comisión del proyecto de ley (PL) conocido como «Escuela sin Partido», que fue reinstalada en la Cámara de Diputados a comienzos de diciembre, después de articulación de parlamentarios conservadores. El tema es una de las banderas que moviliza a actores políticos vinculados a Bolsonaro.
El PL estaba archivado desde diciembre de 2018, cuando cerró el último cuadrienio parlamentario sin votación en la comisión especial por falta de acuerdos. A pesar de el presidente de la Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter anticipado que no hay compromiso de votar el texto en el plenario, a volta de la propuesta deberá lanzar gasolina en los debates sobre a educación en 2020.
Traducción: Pilar Troya, para Brasil de Fato.