Como Plataforma por la Auditoría Ciudadana por la Deuda en Colombia impulsamos la moratoria de las deudas como fuente de justicia social y dignidad ante el contexto actual, donde se pueda viabilizar una transición que garantice la plena satisfacción de los derechos del pueblo colombiano y la puesta en marcha de soberanías económicas, alimentarias, energéticas, jurídico políticas, entre otras basadas en la reconfiguración de las relaciones de producción y reproducción de las personas.
El contexto actual de Colombia es altamente preocupante debido a la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, que ha generado en el planeta graves problemas de salud pública y una dinámica de recesión económica, ya avizorada desde mediados del año 2014 debido al actual sistema de acumulación, e impulsada además por la disputa geopolítica al interior de la OPEP ocasionando la reducción drástica de los precios de nuestra mayor exportación, el petróleo, y por ende la reducción drástica de los ingresos fiscales del Estado recreando un escenario de estanflación económica[1] anudado a un escenario de crisis de salud pública de dimensiones nunca antes vista en Colombia.
Este contexto nos aboca a pensar como sociedad y dejar de lado los intereses económicos individuales de una pequeña parte de la sociedad tanto en Colombia como en el mundo. La economía colombiana se caracteriza por la dependencia a las exportaciones y en concreto a las exportaciones de mineroenergéticos, así mismo la economía en los últimos años ha sido jalonada en un 70% por la demanda del pueblo colombiano a partir del sobrendeudamiento, estas dinámicas económicas han posicionado a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina y como el país con mayores tasas de violencia en la historia de la región y del mundo.
Esto nos aboca a grandes transformaciones en el sistema de producción, el cual se debe basar en la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad por encima del lucro individual, y de un sistema de reproducción que proteja a la naturaleza como relación fundamental de la preservación de la especie humana en el planeta. Así mismo, es necesario replantearse las políticas económicas desarrolladas en los últimos 30 años, las que han privilegiado la mercantilización y privatización de los derechos fundamentales del pueblo colombiano con penosos procesos tanto para la satisfacción plena de los derechos como las altas dinámicas de corrupción que han desangrado el Estado colombiano.
Ante una eventual crisis humanitaria en Colombia procedente de la pésima calidad y la baja asistencia del sistema de salud y protección social, derivada de las políticas de Estado, planteamos que la manera más efectiva para prevenir la crisis humanitaria por el COVID-19 es la moratoria de las deudas tanto públicas como las de los hogares colombianos con el fin de garantizar las necesidades básicas de una sociedad altamente flagelada económica y socialmente.
La moratoria de la deuda pública puede garantizar anualmente aproximadamente 60 billones de pesos, que pueden ser destinados a la prevención y atención en servicios de salud pública, con la intervención directa del Estado. Estos 60 billones son aproximadamente 12 veces más que el pronóstico gubernamental de los costos en atención en salud pública por el COVID-19. Así mismo, se podría garantizar un subsidio por el monto de un salario mínimo mensual a más de 15 millones de familias durante 4 meses con el fin de prevenir el contagio y claramente salvaguardar un acceso básico a la alimentación.
Por otro lado, la moratoria de las deudas de los hogares colombianos con las entidades financieras privadas puede generar un alivio ante la alta dinámica de opresión del sistema financiero, recrear en la práctica un aumento de la demanda de mercancías con el fin de reducir el impacto de recesión económica y garantizar junto a los subsidios estatales un pleno acceso a la canasta básica familiar.
Estas dinámicas deben ser acompañadas con la puesta en marcha de un sistema de protección integral por parte del Estado, y no como ha venido desarrollando las políticas y directrices por parte del gobierno de Iván Duque en las que prioriza y salvaguarda las necesidades de las entidades financieras y las grandes compañías multinacionales y trasnacionales en contraposición del grueso de la población.
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