Después de tres años realizando análisis sobre la crisis desde la izquierda social y política nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas. Hemos coincidido en que la crisis es estructural y responde a las contradicciones del sistema capitalista. También, en que estas contradicciones se han traducido en las últimas décadas en la agresiva implementación […]
Después de tres años realizando análisis sobre la crisis desde la izquierda social y política nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas. Hemos coincidido en que la crisis es estructural y responde a las contradicciones del sistema capitalista. También, en que estas contradicciones se han traducido en las últimas décadas en la agresiva implementación de políticas neoliberales que, entre otros efectos, han provocado una grave erosión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, han derivado en la devolución de una parte importante de la reproducción y el cuidado a las familias (léase mujeres), han disminuido la participación de los salarios en las rentas estatales y han facilitado la reducción de las inversiones productivas y la desregularización del mundo financiero.
Las políticas «anticrisis» impuestas en el Estado español desde 2008 responden a la misma filosofía de décadas previas y en los últimos años hemos asistido cada vez más indignados e indignadas a la imposición de diferentes medidas.
En primer lugar, al rescate público de los bancos. En segundo lugar, al amago de crear empleo con recursos públicos, un amago que no duró demasiado y que, además, estuvo centrado en un sector, la construcción, que no sólo es marcadamente masculino (por ende, se ignoró el impacto que la crisis estaba teniendo en el empleo femenino), sino que además ha demostrado ampliamente su insostenibilidad económica, social y ecológica. En tercer lugar, el gobierno de Zapatero, en línea con las directrices de Bruselas y de las instituciones financieras internacionales, ha contribuido al reciclaje de una vieja leyenda neoliberal, la crisis fiscal, que sirve de coartada para la socialización de las pérdidas creadas en los últimos años. Medidas supuestamente coyunturales como la congelación de pensiones, los recortes en las ayudas a la dependencia y a la cooperación, los tijeretazos en los salarios públicos o la eliminación de empleos públicos, entre otras, están teniendo un severo impacto en las clases populares, las personas mayores, los trabajadores y trabajadoras.
Cabe destacar, a su vez, sus efectos desproporcionados sobre las mujeres a raíz de nuestra posición económica particularmente vulnerable y de nuestra gran presencia laboral en el sector público. Además, como resultado de nuestra identificación histórica con el cuidado seremos nosotras de nuevo quiees, con nuestro trabajo silencioso y altruista en el hogar, recojamos los pedazos de un Estado del Bienestar que se desmorona por momentos.
En cuarto lugar, el gobierno nos ha obsequiado en el último año con una reforma laboral y una reforma de las pensiones que colocan a la clase trabajadora en una situación aún más vulnerable. Finalmente, también hemos observado el avance de la reforma de la negociación colectiva y la privatización de las cajas. Los mal llamados mercados tocan el silbato y el gobierno de Zapatero se apresura obediente a acatar su dictamen.
El impacto de las anticrisis
Es difícil decir qué otras medidas diseñarán para apaciguar una crisis fiscal que todos ellos, mano a mano, han creado y que parece poder conducirnos a otra hecatombe supuestamente aún mayor: el riesgo de que nos rescaten como a Grecia, Irlanda y Portugal. Todo esto, a grandes rasgos, constituye el escenario al que nos hemos enfrentado durante los tres últimos años y seguimos enfrentándonos en la actualidad.
Como decíamos, es necesario visibilizar la «devolución» de responsabilidades de reproducción y cuidado por parte de las administraciones a los hogares y familias (de nuevo léase mujeres) como importante eje de análisis de las políticas «anticrisis» y de la evolución de la economía internacional. Así como las políticas neoliberales se muestran eficaces para inclinar la balanza a favor del capital frente a la clase trabajadora, las medidas de austeridad social tienen una gran incidencia en cargar a las mujeres con responsabilidades que deberían ser equitativas, colectivas y públicas. Todas estas estrategias garantizan al sistema capitalista la extracción de recursos de salarios, impuestos, pensiones, cuerpos y vidas de trabajadores y trabajadoras (sean reconocidas y/o remuneradas o no) para sobrevivir a su muerte anunciada.
A pesar de todo, parece que tenemos que permanecer calladas ante un chantaje donde el silencio sumiso casi deviene en sinónimo de patriotismo, y donde nuestros sacrificios son justificados porque salvarán a la economía patria de un desmoronamiento a la griega, irlandesa o portuguesa. A diferencia de Portugal y Grecia, no obstante, en el Estado español ha brillado por su ausencia hasta mediados de mayo una movilización social en consonancia con las agresiones sufridas. A pesar de que sufrimos ya casi tres años de sangría, lo que ha caracterizado la situación hasta hace bien poco ha sido la desolación de mucha gente tras la enésima traición de las cúpulas sindicales, la incertidumbre y la falta de dirección de la izquierda.
¿Hacia dónde queremos ir?
Pero ya va siendo hora de dejar de regodearnos en la desesperanza. Deviene cada vez más urgente preguntarnos hacia dónde queremos ir y cómo pensamos llegar. Y nuestro destino ha de ser una salida a la crisis y la construcción de una nueva sociedad que no estén basadas en la lógica del beneficio y la explotación; que no se construyan sobre la dominación y la opresión y que no dependan de la destrucción del planeta para sobrevivir. Nuestro recorrido debe tener tres dimensiones: la ideológica, la política y la social.
En el terreno ideológico o discursivo se nos presenta un reto que, a pesar de ser enorme, resulta imprescindible enfrentar. Llevamos tiempo diciéndolo pero habrá que seguir repitiéndolo de manera tozuda y quizás en formatos más fáciles de entender o creer: la actual salida a la crisis no es la única posible. Existen vías de izquierdas, radicales, solidarias y sostenibles para enfrentarnos a ella. Estas vías son más legítimas, realistas, factibles, deseables y justas que las que nos están imponiendo.
Otras batallas que tenemos que librar en este terreno son, en primer lugar, la de rechazar la falacia de que la lucha en lugares como Francia, Reino Unido o Grecia para derribar las medidas ultraliberales no ha servido de nada: dicha falacia únicamente contribuye a que la gente se quede en su casa derrotada de antemano. Hay que contrarrestarla insistiendo en que los movimientos sociales en todos esos países han bloqueado algunas medidas y, además, han ayudado a crear redes, confianzas, acumular fuerzas y formar a gente joven en la cultura del disenso y la reivindicación.
En segundo lugar, hay que luchar contra la cosificación de entidades aparentemente anónimas, abstractas y omnipotentes como los «mercados», el «poder financiero», los «rescates» o las «medidas dolorosas». Los mercados están constituidos por empresas y personas con nombres, apellidos e intereses concretos, con capacidad de influencia, con decisiones determinadas que, a su vez, tienen consecuencias reales en las vidas de millones de personas. Pongámosle cara al poder financiero y dejemos de hablar de él como si de un ser divino se tratara, denunciemos que lo que ellos llaman «medidas dolorosas», como lo podría ser una mera indigestión, son en realidad verdaderas tragedias en las vidas de las personas, de las familias, de las comunidades, del planeta. En definitiva, recuperemos la capacidad de definir, de nombrar y denunciar la realidad tal cuál es. A veces el nombre hace a la cosa y necesitamos librar esta batalla no sólo para entender el mundo sino también para inventar, imaginar y transmitir a los y las que nos rodean nuevas maneras de transformarlo.
Esta batalla es la que nos permite trabajar nuestro segundo terreno: el político. ¿Quién ha decidido que no es posible prohibir los despidos en empresas con beneficios? ¿Por qué no se ha aprovechado la reciente reforma laboral y del Régimen General de la Seguridad Social para integrar a todos los trabajadores y trabajadoras que no disfrutan de los mismos derechos que el resto? ¿Qué nos impide exigir una prestación de desempleo indefinida? ¿Acaso el sentido común, lejos de la ortodoxia neoliberal que nos repiten cada día los medios de comunicación mayoritarios, no nos dicta que una medida anticrisis innegociable ha de ser una mejora sustancial de los servicios públicos? Reivindiquemos que estas son las únicas salidas que aceptamos, atrevámonos a formular medidas verdaderamente transformadoras y que ayuden a concretar nuestra batalla en el terreno ideológico.
Nos ahogan bajo la amenaza de que hay que pagar la deuda para paliar la impaciencia de los señores mercaderes. ¿Acaso no nos podemos empezar a plantear, como han hecho en otros lugares, que podemos rechazar este chantaje? Ya que la deuda se está pagando con nuestros impuestos, de la pérdida de nuestros empleos, de los recortes en nuestros salarios, de la desaparición de servicios sociales que tanto necesitamos y queremos preservar, ¿no es absolutamente legítimo que tengamos capacidad de decidir que no queremos pagar la deuda? Exijamos una auditoría transparente de la deuda y decidamos qué parte es legítima y qué parte no.
Exijamos también la creación de empleos socialmente útiles, necesarios y sostenibles. La crisis puede servir para repensar el modelo económico: aprovechemos para fortalecer el Estado de Bienestar. Esta apuesta no sólo contribuiría a crear empleo sostenible sino que además permitiría avanzar en el reordenamiento de nuestras prioridades sociales y políticas, ya que estaría basada en la centralidad del bien común, el bienestar y la solidaridad. Todo ello contribuiría no sólo a mejorar la presencia de las mujeres fuera del hogar y la familia sino que fortalecería la capacidad de los hombres para implicarse de manera equitativa en las tareas de cuidado. Reivindiquemos también de esta manera la urgencia de reducir la jornada laboral sin alterar por ello los salarios, tanto para repartir el empleo como para reorientar los usos del tiempo y dar una mayor centralidad al tiempo social, personal, familiar, político, de ocio y de descanso.
¿Y para cuándo una reforma fiscal progresiva a escala europea? ¿Cómo es posible que en estos momentos los impuestos de patrimonio, el de sucesiones y el de donaciones favorezcan a los más ricos o corran el riesgo de desaparecer en algunos lugares? ¿Por qué no gravar de forma más severa los bienes de lujo y no penalizar en absoluto los bienes de subsistencia? ¿Por qué no eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades? De igual modo, ¿qué impide gravar las transacciones financieras que no se orienten a inversiones duraderas o que resulten en desinversión a corto plazo? ¿Por qué no obligar a la devolución de cualquier subvención pública a las empresas con beneficios de explotación que trasladen centros viables?
El tercer terreno de batalla es el social. Tenemos que estar en la calle mucho más y seguir trabajando por la articulación y la unión de distintas luchas que, aunque parezcan inconexas, se encuentran profundamente relacionadas. Hay que tomar el espacio público para reivindicarlo como nuestro y utilizarlo para dejar claro que si no nos hemos callado hasta ahora no lo haremos tampoco en los tiempos que han de llegar: reivindiquemos las calles, plazas y barrios como lugares de encuentro, denuncia y creación de alianzas. Dialoguemos y discutamos, y sigamos haciendo mucho, muchísimo ruido. Nos sobran la fuerza, la ilusión y, sobre todo, la razón.
Las revueltas en el mundo árabe han sido las primeras del siglo XXI pero no serán las últimas. El levantamiento de los y las indignadas en el Estado español está moviendo a gente, cosas e ideas. También está sirviendo de detonador para numerosas movilizaciones en todo el mundo, porque la suerte no está echada.
*Sandra Ezquerra es socióloga. Este artículo resume y actualiza el texto presentado por la autora en el Foro Social de Madrid el 6 de mayo de 2011.
Este artículo se ha publicado en el nº 47 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011.