Quienes dirigen el Banco Central Europeo (BCE) no son muy buenos en materia económica. Continúan adhiriendo a un punto de vista desatinado sobre la economía y sobre el rol que el banco juega dentro de la misma.
Lamentablemente, no hay presiones internas para lograr un cambio porque, como ocurrió con el Partido Comunista en la disuelta Unión Soviética, aceptar la ideología es el precio para ser admitidos en la camarilla de economistas que pueden influir en el BCE.
El principio fundamental del dogma del BCE es que éste debe apuntar a una baja inflación -dos por ciento-e ignorar, en buena medida, todos los demás aspectos de la economía.
En la última década, esto significó ignorar las enormes burbujas hipotecarias que pautaban las economías de Irlanda y España. El banco estuvo contento durante todo el periodo en que esas burbujas crecieron a niveles cada vez más peligrosos, porque no estaban en juego sus objetivos inflacionarios.
Más recientemente, el BCE aumentó los intereses mientras la mayor parte de las economías donde rige el euro -eurozona– quedaban envueltas en un elevado desempleo. Estas subas de intereses enlentecen el crecimiento y la creación de puestos laborales. Y también exacerban los problemas fiscales que enfrentan los países muy endeudados, dado que les encarecen el pago de su deuda.
En la línea del fuego
Las desastrosas consecuencias de las políticas recientes y actuales del BCE generarán despidos. Sin embargo, nadie está realmente en posición de echar ni al presidente de ese banco ni a sus principales funcionarios, así que en principio podrán continuar indefinidamente con su fallido enfoque político.
Pero hay esperanzas. Como quienes dirigen el BCE no son muy buenos en economía, siguen metiéndose en dificultades con sus planes de «rescatar» a Grecia, España y los otros países de la eurozona que enfrentan crisis fiscales. A consecuencia, continuamente tienen que volver a estos países para definir nuevos paquetes crediticios.
Cada paquete implica condiciones nuevas y más onerosas para los países deudores.
Lo que el BCE no reconoce es que sus propias políticas están volviendo más difícil que estos países paguen sus préstamos. Esto se debe tanto a que las políticas apuestan a la contracción en toda la eurozona como a que las condiciones impuestas a los países deudores enlentecen el crecimiento.
Con un crecimiento más débil, la recaudación de impuestos cae y se gasta más dinero en seguros de desempleo y otras transferencias a los desempleados. El resultado es un aumento del déficit.
Aquí es donde intervienen movimientos populares como el 15-M en España. Aunque los gobiernos pueden estar dispuestos a infligir a sus poblaciones cualquier dolor que el BCE requiera, los movimientos populares están haciendo de éste un proceso cada vez más complicado.
Los gobiernos de estos países se ven obligados a reconocer que deben considerar a la opinión pública y no simplemente aceptar los dictados del BCE.
La posición del «default»
Como el BCE nunca quiso que ningún país de la eurozona incurriera en «default» (cesación del pago de deuda), los movimientos populares pueden negociar efectivamente con él, dado que pueden poner límites a las condiciones que sus gobiernos acepten. Esto les permitirá enseñar economía básica al personal del BCE.
En la lista de lecciones, la primera consiste en decirle al BCE que se terminaron los días de rendir culto a los objetivos inflacionarios de dos por ciento. Esa puede haber sido una política hábil antes del colapso, pero ahora todos saben que fue absurda. Los bancos centrales tienen que asumir una mayor responsabilidad para mantener la estabilidad y el empleo.
Además, una inflación baja da un espacio insuficiente para los ajustes que deben hacerse en la clase de crisis que enfrenta la economía mundial.
El segundo punto, que sería especialmente relevante para España, sería requerir que los gobiernos tomen medidas fuertes para que las casas vacías vuelvan al mercado. Según datos del gobierno, el auge de la construcción en España dejó al país con más de un millón de unidades desocupadas. Esto es lo que los economistas llaman «pérdida de eficiencia».
El gobierno puede dar a los constructores o a los bancos dueños de estas propiedades un fuerte incentivo para venderlas o alquilarlas, gravando con un gran impuesto (por ejemplo, de cinco por ciento de su valor) las unidades que quedan desocupadas durante periodos prolongados.
Si el impuesto no se paga, entonces podría confiscar la propiedad y disponer de ella directamente. Podría incluso usar principios de libre mercado, como permitir que las personas tomen posesión de las propiedades y luego se conviertan en sus propietarias si viven en ellas y las mantienen por un periodo suficientemente extenso. Esto seguiría el ejemplo de la Ley de Asentamientos Rurales de Estados Unidos.
Finalmente, los gobiernos pueden tomar la iniciativa de Estados Unidos en otra área y adoptar leyes de bancarrota que vuelvan más fácil aliviar su deuda.
Tal como están las cosas, muchas personas que compraron propiedades a precios inflados pasarán el resto de sus vidas laborales pagando deudas.
Además de ser cruel para quienes cometieron un error, eso también crea un enorme desincentivo para trabajar, o incluso para trabajar en la economía informal.
Si una persona tiene que dedicar 15 por ciento de sus ingresos a saldar una deuda, esto tiene el mismo efecto sobre los incentivos que un aumento de 15 puntos porcentuales en el impuesto a la renta.
Los economistas entienden que los impuestos pueden tener un efecto de desincentivo. Deberían poder entender que los pagos de deuda también pueden tener un gran efecto de desincentivo.
Este sería el inicio de una buena lección de economía para el BCE. Significaría mejores políticas y tal vez, incluso, podría ayudar a convertir a quienes dirigen el BCE en economistas competentes.
* Dean Baker es un macroeconomista estadounidense y cofundador del Center for Economic and Policy Research.