Empezaremos esta reflexión sobre un tema tan discutido comentando dos hechos probados. El primero es que la Iglesia católica es la única confesión religiosa de las que existen en el territorio español que no se autofinancia. El segundo es que en ningún país desarrollado del mundo el Estado financia a la católica, o a otras […]
Empezaremos esta reflexión sobre un tema tan discutido comentando dos hechos probados. El primero es que la Iglesia católica es la única confesión religiosa de las que existen en el territorio español que no se autofinancia. El segundo es que en ningún país desarrollado del mundo el Estado financia a la católica, o a otras iglesias, en una medida tan generosa como lo hace el Estado español. Algunos no lo hacen en absoluto. Gran parte del problema de la financiación de la Iglesia española surge del primer hecho. Los católicos no sostienen adecuadamente a su Iglesia, como debieran en un Estado no confesional, en el cual la Constitución consagra la separación de todas las iglesias y del Estado. Con las aportaciones de los católicos no se podrían pagar los sueldos de las personas (clérigos y seglares) que mantienen funcionando la institución, ni los gastos en formación, equipos, viajes, publicaciones y demás costos de funcionamiento de la organización eclesiástica. Sin financiación externa, la Iglesia no podría funcionar. Esto es una vergüenza para los creyentes, y un defecto o un malentendido en la relación entre la Iglesia y sus fieles, cuyas consecuencias económicas no debieran echarse sin más sobre las espaldas de las autoridades civiles.
EL ESTADO financia generosamente a la Iglesia católica. En el acuerdo suscrito en 1979, ésta se comprometía a buscar la autofinanciación, por lo menos de sus operaciones internas, aunque no necesariamente de los servicios que da a la sociedad. La autofinanciación continua siendo un sueño o una vana promesa. El Estado espera paciente a que la Iglesia cumpla su promesa y mientras tanto paga. Las aportaciones del Gobierno español son de cinco clases. Primera. El Ejecutivo dona y recauda el impuesto eclesiástico: el 0,52% del IRPF que los contribuyentes asignan voluntariamente a la Iglesia católica. El Estado no sólo cede una pequeña parte (la cual, si todos pagaran lo que deben, sería una cantidad considerable) de un impuesto al que tiene derecho exclusivo, sino que ahorra los costos de recaudación a la Iglesia y le asegura un nivel de ingresos que de otra manera ésta no recogería. Segunda. El Estado complementa con aportaciones directas del erario público lo que falta para llegar al nivel comprometido en el presupuesto anual (150 millones de euros en el 2005). Las aportaciones de los fieles no suelen superar en mucho los 100 millones de euros, por lo que este año el resto, de unos 40 o 50 millones de euros, será una aportación directa del Estado. Tercera. El Estado exime a la organización eclesial de varios impuestos: IVA (lo cual no agrada a la Unión Europea), IBI (sobre los muchos inmuebles que posee), sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones (importante para la Iglesia por las herencias que recibe). Constituyen estas renuncias fiscales una discriminación positiva a favor de la Iglesia católica, que no se suele mencionar cuando se habla de su financiación, pero suponen muchos cientos o miles de millones de euros cedidos por las administraciones públicas a la Iglesia. Cuarta. El Estado destina unos 500 millones de euros para pagar a los profesores de Religión en las escuelas públicas y a los capellanes en hospitales, prisiones y cuarteles. Paga asimismo por la conservación de monumentos y obras de arte que son patrimonio de la Iglesia. Quinta. El Estado paga más de 2.000 millones de euros a las órdenes religiosas que regentan las escuelas concertadas. Es la cifra que da el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. Por otra parte, algunas administraciones públicas –comunidades autónomas y ayuntamientos– contribuyen a financiar instituciones de la Iglesia que se dedican a obras de beneficencia (hospitales, asilos, orfelinatos y centros de caridad). A estos servicios que prestan las instituciones eclesiásticas se les paga de la misma manera que a los demás proveedores de servicios públicos. Hay que reconocer que estas obras asistenciales de la Iglesia ahorran costos –y quebraderos de cabeza– a las administraciones. No quizá en la cuantía extrema que a veces se menciona (¡30.000 millones de euros es una absurda exageración!), pero sí en una parte importante.
AHORA LA cuestión es si esta situación va a continuar o va a cambiar. El principal criterio para decidirlo es ver si la Iglesia católica emplea la financiación que recibe de todos los ciudadanos en beneficio exclusivo de sus fieles o también en beneficio de toda la sociedad. Dado que el dinero público es dinero del público, muchos ciudadanos que no son católicos pero sí contribuyentes al erario público pueden pedir cuentas a la Iglesia de cómo usa sus contribuciones. Por poner un ejemplo de mal uso eclesial del dinero público, es una vergüenza que parte de los aportaciones de los contribuyentes, aunque sea una porción pequeña, se dedique a financiar a una emisora de radio y a unos periodistas que han hecho misión de sus vidas el insultar y calumniar a los miembros del Gobierno actual y a quienes lo apoyan. Cuestión aparte es lo que hace la Iglesia católica con los ingresos de sus posesiones en tierras, inmuebles, fondos de inversión (tipo Gescartera), acciones y otros tipos de activos. La institución eclesiástica no es pobre. ¿A qué dedica los réditos de su inmenso patrimonio? ¿Los destina a acumular riquezas para asegurarse un posible futuro incierto? ¿O los acumula para dar a las misiones extranjeras y a los pobres de tierras lejanas? En todo caso, a los contribuyentes que ponen de sus bolsillos el dinero que el Estado da a la Iglesia les gustaría ver sus cuentas y balances.
Luis de Sebastián, es exjesuita y Catedrático de Economía de ESADE