Bechtel, controlada por una firma ligada a la familia del presidente estadounidense George W. Bush, y el consorcio español Abengoa desistieron de su pretensión de indemnización por el retiro de la concesión del servicio de agua en Bolivia, pero aún falta clarificar el alcance de esa renuncia.
En Barcelona, tres organizaciones no gubernamentales líderes de las protestas que llevaron al retiro de las empresas transnacionales de Bolivia, consideraron que el acuerdo de ahora entre esas firmas y el gobierno saliente fue una «victoria» y «un precedente importante para la lucha contra la privatización del agua en el mundo».
El conflicto legal comenzó en 2000, cuando el gobierno boliviano de entonces, de Hugo Banzer (1997-2001), acosado por movilizaciones populares contra el aumento de las tarifas del agua de 50 hasta 200 por ciento, resolvió rescindir el contrato por el cual un año antes había concedido en régimen de monopolio la distribución del agua potable en la central ciudad de Cochabamba.
Por presiones del Banco Mundial para que se privatizara el servicio de agua, se le otorgó la concesión a la firma Aguas del Tunari, 80 por ciento de cuyo capital se distribuía en su mayoría en Bechtel y en menor medida en Abengoa.
El resto de las acciones correspondían a empresarios locales, entre ellos Samuel Doria Medina, quien quedó tercero en las elecciones de diciembre pasado que consagraron al izquierdista Evo Morales como primer presidente indígena del país y que asumirá el cargo este domingo.
Al producirse la rescisión, Aguas del Tunari demandó al Estado una indemnización de 50 millones de dólares, que después redujo a la mitad y ante la negativa que recibió, recurrió al Banco Mundial.
La entidad financiera multilateral constituyó un tribunal para que decidiera, integrado por un representante designado por la empresa, otro por La Paz y el tercero por el propio banco. Sus conclusiones llevaron al acuerdo firmado el jueves.
Según el contrato suscripto, Bechtel y Abengoa vendieron su 80 por ciento del capital de Aguas del Tunari por un precio total de dos bolivianos (moneda local), lo que equivale aproximadamente a 20 centavos de dólar. En la práctica es una cesión sin costo, ya que el valor nominal de las 1.000 acciones que se transfirieron es de 10.000 bolivianos y el volumen del negocio proyectado mucho más.
La propia firma de los contratos llama la atención. Cuando en 1999 se suscribió el acuerdo de suministro con el gobierno, Aguas del Tunari tenía su domicilio legal en las Islas Caimán.
Empero, poco después, para ampararse en el tratado bilateral de inversiones vigente entre Holanda y Bolivia, Aguas del Tunari vendió parte de sus acciones a una empresa italiana y trasladó su domicilio a Holanda.
Por ese traslado de domicilio de la empresa distribuidora de aguas, Bolivia quedó obligada a someter a un arbitraje internacional cualquier conflicto o diferencia, del que se derivó el tribunal constituido por el Banco Mundial.
En esta ocasión, la firma del preacuerdo entre el gobierno y Bechtel se hizo en La Paz, pero con Abengoa la suscripción se concretó en Barcelona pues, informaron fuentes de la misma, sus directivos no pudieron viajar a Bolivia ya que no lograron comprar pasajes de avión hasta allá por estar todos los vuelos completos.
Algo difícil de demostrar, ya que normalmente los ejecutivos de grandes empresas viajan en primera o en preferente, sin mayores problemas de reservas o asientos.
Aunque el texto completo del «arreglo amistoso» amparado por el Banco Mundial no fue dado a conocer, la no gubernamental boliviana Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (CDAV) afirma haber tenido acceso al mismo.
CDAV constató que en el escrito el Estado asume las responsabilidades de International Water BV (nombre con el que Bechtel se inscribió en Holanda) y obligaciones pendientes que suman 6.839.799 euros (unos ocho millones de dólares).
Con ese arreglo, afirmó Óscar Olivera, dirigente de la Coordinadora, «el estado de Bolivia estaría comprando a dos bolivianos una deuda de siete millones de euros», lo que a su entender no será aceptado ni por esa organización ni por las demás que protagonizaron la «guerra del agua», como se conoció al levantamiento popular contra las tarifas impuestas por Aguas del Tunari.
Según señalaron a IPS portavoces de las organizaciones no gubernamentales Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ingeniería sin Fronteras y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de América, «la presión social consiguió que una multinacional retire la demanda contra el gobierno de Bolivia».
Ante el requerimiento de IPS, el portavoz de Abengoa se negó a dar explicaciones sobre el tema. No obstante, en una carta dirigida en abril de 2005 al Observatorio de la Deuda en la Globalización, la firma señaló que «participa de forma indirecta únicamente en un 25 por ciento del capital social de Aguas del Tunari».
En esa carta asegura que «Abengoa no controla ni gestiona en modo alguno dicha compañía boliviana ni se responsabiliza de la gestión que hayan llevado a cabo sus accionistas mayoritarios».
Los tres grupos no gubernamentales españolas emitieron este viernes un comunicado en el cual recuerdan que el acuerdo firmado se debe en gran medida a la movilización de 210 organizaciones y personalidades de todo el mundo, que en 2005 exigieron a Aguas del Tunari que renunciase a la demanda contra el gobierno boliviano y respetase el derecho al acceso al agua de la población de ese país.
Dentro de esas acciones, se cuentan las acciones de presión contra Abengoa, precisa el comunicado.
La «guerra del agua», como se conocieron las revueltas populares del primer trimestre de 2000, dejó una persona muerta, más de un centenar heridas y la implantación del estado de sitio decretado por el gobierno del general retirado Banzer, quien antes había encabezado una dictadura militar de 1971 a 1978.
En esas revueltas, el pueblo se alzó contra el alza del precio de las tarifas, que Aguas del Tunari llevó a más de 100 por ciento desde cuando era de propiedad del Estado, además de facturar a los usuarios el coste de las instalaciones y de prohibir el uso de fuentes naturales de agua o de pozos construidos por los lugareños en sus propiedades.
Dentro de la campaña internacional de denuncia, las organizaciones Enginyeria Sense Fronteras, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de América emprendieron acciones de presión en España contra la empresa de este país Abengoa, que tenía el 25 por ciento del capital social del consorcio Aguas del Tunari.
Según estas organizaciones, «el caso boliviano demuestra una vez más la presión hace el Banco Mundial para que los gobiernos privaticen los servicios públicos, el fracaso de las empresas privadas en el respeto de los derechos humanos y la protección de las poblaciones más desfavorecidas y el debilitamiento de los gobiernos del Sur ante las empresas transnacionales».
Pero añaden que este caso «demuestra también que con la presión popular y las campañas internacionales de solidaridad, existe la capacidad de enfrentar eficazmente a grandes corporaciones transnacionales».