En horas recientes Venezuela ha enfrentado tres episodios de violencia, comenzando con un extendido saqueo en Maracay, seguido por un tiroteo sobre el Tribunal Supremo de Venezuela desde un helicóptero y el enfrentamiento de legisladores de oposición con fuerzas de seguridad asignadas a proteger la Asamblea Nacional
El gobierno venezolano defendió este miércoles su tesis de un intento de golpe de Estado, tras el ataque contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Relaciones Interiores con granadas desde un helicóptero, hecho que fue condenado por gobiernos del continente sin importar su posición respecto del gobierno de Caracas.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, solicitó la protección estatal para magistrados al asegurar que la Corte se encuentra bajo amenaza terrorista. El magistrado exhortó a las instituciones encargadas de la investigación del caso a intensificar sus labores para conocer el paradero de quienes llamó terroristas, e indicó que el tribunal continuará asumiendo sus funciones con el objeto de resguardar los derechos de los venezolanos y por ningún motivo cederemos ante las amenazas.
La noche del martes, un efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hurtó un helicóptero de una base aérea en Caracas y sobrevoló los edificios del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, a los que disparó y lanzó granadas sin dejar víctimas.
El gobierno cerró filas en torno al hecho, que calificó como un ataque terrorista que forma parte de una escalada golpista de un sicópata asesino. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, afirmó que ya está en busca del piloto Óscar Pérez, a quien acusó de estar vinculado con la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadunidense) y sobre quien emitió una orden de captura internacional por conducto de la Interpol.
El presidente Nicolás Maduro precisó el martes que desde el helicóptero fueron lanzadas cuatro granadas contra el máximo tribunal y se hicieron 15 disparos hacia el Ministerio del Interior. La tarde de este miércoles, el vicepresidente Tareck El Aissami dijo que la aeronave robada fue localizada en la población de Osma, estado Vargas.
Al criticar el silencio de muchos países frente al supuesto complot, el canciller Samuel Moncada dijo: Están protegiendo a los autores del hecho con su complicidad e ignorancia fingida, en referencia a Estados Unidos, México y la Unión Europea. Agradeció en cambio la solidaridad de Bolivia, Cuba, Ecuador y Turquía.
El martes fueron difundidas fotos de la nave con un cartel que decía «350 Libertad», en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno. Pérez divulgó además videos en los que afirma ser parte de una «coalición de militares, policías y civiles en contra de este gobierno criminal». Aparece junto a cuatro encapuchados, dos de ellos con armas largas. El hombre, quien también es actor, le exige a Maduro que renuncie y permita elecciones generales.
Horas después del incidente, el TSJ difundió una sentencia en la que amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público.
La noche de este miércoles, el tribunal supremo citó a la fiscal general, Luisa Ortega, a comparecer el 4 de julio a una audiencia que decidirá si es enjuiciada por supuestas irregularidades en su actuación; el tribunal le prohibió salir del país y congeló sus cuentas bancarias.
Horas antes, Ortega aseguró que el gobierno de Maduro ha impuesto «un terrorismo de Estado» por medio del máximo tribunal de justicia y los militares. La fiscal reiteró que en Venezuela se continúa «en presencia de la ruptura constitucional, se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado».
Varios países del continente condenaron los ataque en Venezuela. Además, los gobiernos de Cuba y Bolivia fustigaron el «silencio cómplice» de la Organización de los Estados Americanos y su secretario general, Luis Almagro.
«Estridente silencio de Almagro evidencia su complicidad con los golpistas que perpetran ataque terrorista contra la democracia de Venezuela», publicó en Twitter Evo Morales, quien llamó a reiniciar el diálogo entre las fuerzas políticas para que sean los mismos venezolanos quienes resuelvan sus problemas.
En la isla, una declaración de la cancillería leída en la televisión precisó: «Es injustificable que algunos gobiernos y figuras políticas en vez de expresar una oposición directa a estos actos terroristas y golpistas, los presenten como una supuesta rebelión policial».
México, en un texto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó «su enérgico rechazo» a estas acciones, más allá de su autoría y motivación, al tiempo que exhortó a Caracas a restablecer la vigencia de las instituciones democráticas de manera pacífica y a través de la negociación política.
Nicaragua repudió «la irracionalidad, la demencia» de sectores de la sociedad venezolana que encarnan el odio, la mentira y la violencia, mientras Ecuador se manifestó en favor del respeto irrestricto al orden democrático.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/29/mundo/018n1mun