El artículo de Gabriel Hetland, titulado “Capitalism and authoritarianism in Maduro’s Venezuela”, publicado en New Labor Forum y reproducido en LINKS International Journal of Socialist Renewal, presenta una visión sesgada y descontextualizada de Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según Hetland, el gobierno de Maduro carece prácticamente de cualquier rasgo favorable. Hetland cita con aprobación la afirmación de los críticos más duros de Maduro dentro de la izquierda, quienes sostienen que su gobierno y la oposición de derecha son “las dos caras de la misma moneda”.
Sin embargo, cualquier estudio serio sobre Venezuela bajo el gobierno de Maduro debe integrar en el análisis el impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, y no limitarse a hacer menciones superficiales de las mismas. La guerra económica orquestada desde Washington socavó de manera significativa la eficacia de políticas potencialmente acertadas impulsadas por Maduro. Desestimar dichas políticas como prueba de incompetencia —o ignorarlas por completo, como hace Hetland— resulta engañoso.
Más bien, los efectos tóxicos de la relación entre la política gubernamental venezolana y los actos de agresión por parte de Washington deben ocupar un lugar central en el análisis. El enfoque de blanco y negro de Hetland le hace un flaco favor a la compleja y, en muchos aspectos, singular experiencia del chavismo. Un examen más matizado y crítico es esencial si queremos extraer las lecciones necesarias del proceso político en el país.
Guerra contra Venezuela
Para empezar, no se pueden utilizar los mismos criterios para evaluar gobiernos como los de Venezuela (o Cuba) que usan para analizar gobiernos progresistas como el de Brasil bajo Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff o el de Argentina durante los mandatos de los Kirchner (Néstor y Cristina). Las acciones ilegales y semi-legales emprendidas por Washington y por la oposición de derecha venezolana han sido numerosas e implacables casi desde el inicio de la presidencia de Hugo Chávez en 1999. De muchas maneras, estas se intensificaron durante el gobierno de Maduro.
Estas incluyen: golpes de Estado abortados; intentos de asesinato —uno de ellos con drones (1); el reconocimiento de gobiernos de facto; llamados públicos de altos funcionarios estadounidenses instando a los oficiales militares venezolanos a intervenir; invasiones por parte de fuerzas paramilitares provenientes de Colombia; campañas internacionales, tanto encubiertas como abiertas, para aislar a Venezuela; financiamiento extranjero a grupos opositores en una escala muy superior al que se otorgó a países vecinos; violencia callejera generalizada y prolongada con el objetivo de provocar un cambio de régimen; y sanciones secundarias de gran alcance destinadas a presionar a corporaciones y gobiernos de todo el mundo para que eviten relaciones comerciales con Venezuela, lo que equivale a un embargo de facto. Todas estas acciones han sido ampliamente documentadas. (2)
Es necesario incorporar plenamente el alcance total de la guerra contra Venezuela en el análisis. Sin embargo, los lectores de Hetland no llegan a comprender contra qué se está enfrentando Maduro. Los efectos de esta guerra van mucho más allá de ser un asunto de interés académico: constituyen un elemento esencial en el debate sobre si la presidencia de Maduro debe considerarse un fracaso absoluto, una postura defendida por la derecha y por sectores de la izquierda, incluyendo al propio Hetland. Lejos de reconocer la naturaleza multifacética de la agresión contra Venezuela, esta visión la reduce a la cuestión de las sanciones, las cuales son consideradas como no más — y en muchos casos mucho menos — responsables de las penurias económicas del país que los errores y la supuesta incompetencia de Maduro. Estos críticos subestiman el efecto devastador de la guerra contra Venezuela, especialmente si se considera que muchos de los errores de Maduro fueron, en realidad, sobrerreacciones ante provocaciones respaldadas o iniciadas por Washington.
Además, Washington ha contrarrestado sistemáticamente cada iniciativa emprendida por el gobierno de Maduro para hacer frente a las dificultades económicas del país. Por ejemplo, cuando el gobierno de Maduro intentó renegociar su deuda externa en respuesta a la fuerte caída de los precios del petróleo, en agosto de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump prohibió la negociación de bonos venezolanos en los mercados de Estados Unidos. Ante las medidas de Washington contra la industria petrolera venezolana, (3) Maduro recurrió entonces a las exportaciones de oro, pero Trump emitió en 2018 una orden ejecutiva que prohibía la compra de oro venezolano. Paralelamente, el gobierno de Maduro lanzó una criptomoneda, el Petro, con el fin de eludir el sistema SWIFT controlado por Estados Unidos, que había llevado a numerosos bancos a evitar transacciones con Venezuela —lo que Maduro calificó de “bloqueo” financiero. Trump respondió con otra orden ejecutiva que prohibía el uso de Petros en la jurisdicción estadounidense.
Ahora, el segundo gobierno de Trump se ha negado a renovar las “licencias” que la administración Biden había concedido a Chevron y otras corporaciones para operar en Venezuela, justo cuando la industria petrolera del país comenzaba a experimentar una recuperación lenta pero sostenida en los niveles de producción. Maduro había reformulado la política petrolera para facilitar la concesión de estas licencias.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo Washington frustró las iniciativas de Venezuela. Ilustran hasta qué punto estaban limitadas las opciones de Maduro y plantean la cuestión más amplia de cuáles eran las opciones disponibles.
Avances y concesiones
Sin duda, el acercamiento de Maduro al sector privado —lo que Hetland denomina un “pacto interburgués” que involucra a los intereses empresariales tradicionales (agrupados en Fedecámaras) y al sector empresarial emergente (denominado peyorativamente como la boliburguesía)— merece ser objeto de debate. A mi juicio, sin embargo, la discusión debería centrarse en los términos concretos de estas alianzas, y no en si dichas alianzas se justifican o no en las circunstancias actuales. Afirmar que Maduro se “vendió” no contribuye a un debate abierto y libre de dogmatismos sobre el tema. Hetland reconoce que las condiciones imperantes no permitían a Maduro avanzar hacia una “transformación socialista”, como lo proponían algunos sectores más a la izquierda. (4) Pero si se opone a las alianzas con el sector privado, queda por preguntarse: ¿qué curso de acción propone entonces?
La estrategia del “desarrollismo” —que en América Latina se ha basado en una alianza entre gobiernos de orientación progresista y sectores empresariales— puede representar una opción viable no socialista en una situación aguda como la que enfrenta el gobierno de Maduro. Hetland afirma que Maduro “no ha puesto en práctica ninguna forma de desarrollismo”, pero no ofrece evidencia que respalde dicha afirmación. Sin embargo, en su Discurso Anual a la Nación de 2025, Maduro anunció que el 85 % de los alimentos vendidos en los supermercados son ahora “Hechos en Venezuela”, lo que representa lo inverso de la situación de hace diez años. De ser cierto, este cambio se debe en gran medida a una “alianza estratégica” entre intereses agrícolas y el gobierno, actualmente coordinada a través del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Producción Nacional. Un análisis crítico riguroso debería reconocer las afirmaciones de Maduro y presentar evidencia empírica que demuestra lo contrario, o bien identificar fallas específicas en la implementación del desarrollismo. Pero Hetland omite gran parte del panorama y pasa por alto ciertas posiciones dentro de la izquierda que no coinciden con la suya.
Por ejemplo, Hetland no hace ninguna referencia a las comunas (unidades de producción comunitaria) promovidas por el gobierno, cuya existencia contradice la noción de que Maduro es en realidad un neoliberal disfrazado de izquierdista. Aunque durante varios años Maduro restó importancia a las comunas, más recientemente les ha dado un nuevo impulso, declarando 2023 como “el Año de las Comunas”. Chris Gilbert analiza esta revitalización en Commune or Nothing! Venezuela’s Communal Movement and its Socialist Project, basándose ampliamente en observaciones personales y entrevistas realizadas en todo el país. El trabajo de Gilbert arroja luz sobre la postura de apoyo crítico a Maduro, una perspectiva que se manifestó en el congreso fundacional de la Unión Comunera en marzo de 2022. Ese punto de vista fue expresado por Ángel Prado, líder de El Maizal, la comuna más exitosa del país, que fue la anfitriona del evento. (5)
Al año siguiente, Maduro nombró a Prado como ministro de las Comunas. A pesar de su historial de confrontaciones con el gobierno venezolano y el partido gobernante, Prado continúa viendo al Estado como un terreno en disputa, en el que los vestigios del “Estado burgués” se enfrentan a las comunas y otras fuerzas populares. La experiencia de Prado y del movimiento comunal contrasta claramente con la interpretación que Hetland ofrece del gobierno de Maduro. Hetland no menciona a los partidarios críticos —entre ellos escritores y activistas políticos, tanto venezolanos como extranjeros— y se centra, en cambio, en el grupo recientemente formado “Comunes”, compuesto por antiguos chavistas de izquierda que ahora demonizan a Maduro.
Represión y contextualización
De manera similar, en su análisis de las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Hetland pasa por alto un punto de vista de la izquierda que contradice el suyo. Escribe: “El gobierno respondió a las protestas, en su mayoría pacíficas, con una represión brutal, deteniendo a unos dos mil manifestantes”. Sin embargo, desde la izquierda se plantea otra versión de los hechos, aunque ambas perspectivas no necesariamente se excluyen mutuamente.
Tras las jornadas de protesta del 29 y 30 de julio, el fiscal general Tarek William Saab presentó abundantes pruebas en las que alegó que en esos dos días delincuentes, en connivencia con la derecha venezolana, perpetraron ataques contra símbolos del Estado: 11 instalaciones del Metro, 28 metrobuses, 27 vehículos policiales, 27 estatuas, 57 instituciones educativas, 10 sedes del Consejo Nacional Electoral y 10 sedes del partido de gobierno. Antes del ascenso de Chávez al poder, Saab fue un destacado defensor de los derechos humanos, y sus denuncias sobre la violencia instigada por la oposición merecen ser tomadas en serio, incluso si finalmente se refutan.
Otro ejemplo de la falta de objetividad de Hetland es su acusación de que yo justifico la represión política en Venezuela, una afirmación que no logra sustentar. Dada la gravedad del señalamiento, no hay justificación alguna para hacerlo sin un examen riguroso de los hechos. Hetland cita mi uso de la expresión “quitarse los guantes” en referencia a Maduro: “Aunque pueda ser lamentable que Maduro haya recurrido a la represión (‘quitarse los guantes’), esto [según Ellner] está más o menos justificado.” Sin embargo, mi afirmación fue algo muy distinto. Lo que en realidad escribí fue: “Algunos analistas de izquierda critican a Maduro por haberse quitado los guantes y no ajustarse a las normas de la democracia liberal. En algunos casos, las críticas son válidas, pero deben ser contextualizadas”.
Contextualizar no es lo mismo que justificar. Por ejemplo, se puede señalar que la expansión hacia el este de la OTAN ha sido durante mucho tiempo una fuente de gran preocupación para los líderes rusos. Dicha afirmación no implica necesariamente apoyo a la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania.
De hecho, critiqué aspectos importantes de la estrategia de Maduro de “jugar duro” y “quitarse los guantes”. Califiqué el reconocimiento oficial por parte del gobierno a una pequeña facción escindida del Partido Comunista de Venezuela (PCV) —en lugar del partido principal que incluía a todos los líderes comunistas de peso— como “un punto en contra para el gobierno de Maduro”. También señalé que esa misma táctica había sido utilizada anteriormente contra otros partidos de oposición, los cuales, afirmé, “indudablemente… violaron la constitución”. (6)
Apoyo crítico
La manera en que Hetland retrata mis opiniones refleja una tendencia en ciertos sectores de la izquierda de polarizar el debate sobre el gobierno venezolano, caracterizando a Maduro como un villano o bien adoptando una postura acríticamente favorable. Este enfoque binario deja escaso margen para otras posiciones, como la del apoyo crítico a Maduro.
Al comienzo de su artículo, Hetland afirma que defiendo a Maduro, aunque con “salvedades”. A continuación plantea la pregunta: “¿Es Maduro un revolucionario antiimperialista con legitimidad democrática?” El mero planteamiento de la cuestión impide un análisis matizado. En lugar de identificar las “salvedades”, Hetland intenta refutar mis argumentos centrales calificando al gobierno de Maduro como antiobrero y corrupto. Las “salvedades” en mis escritos sobre Venezuela que él omite incluyen mi crítica a Maduro —y, en menor medida, a Chávez— por no haber aprovechado momentos favorables para profundizar el proceso de transformación y asestar golpes decisivos contra la corrupción. (7)
Hetland haría bien en quitarse las anteojeras y leer Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo de Mao Zedong para comprender la distinción entre “contradicciones secundarias” y “contradicciones antagónicas”. A mi juicio, las tensiones entre Maduro y el PCV fueron en un principio de carácter “secundario”, y el sectarismo de Maduro contribuyó a la ruptura final, que hoy resulta claramente irreparable. (8) La incapacidad de los analistas (y de los actores políticos, en el caso de Maduro y el PCV) para apreciar la importancia de los matices y asimilar el principio maoísta sobre enemigos y aliados dificulta el debate y la discusión serios. Esto, a su vez, conduce a errores y a la pérdida de una oportunidad invaluable para extraer lecciones de más de un cuarto de siglo de experiencia chavista.
En resumen, los errores y deficiencias del gobierno de Maduro no pueden ser ocultados ni justificados, pero sí deben ser comprendidos en su contexto. Existe una correlación directa entre la intensidad de la agresión imperialista y la capacidad de un gobierno comprometido con un cambio real para alcanzar sus objetivos sociales, políticos y económicos. Chávez reconoció desde los primeros años de su mandato que forjar alianzas con sectores empresariales era necesario para contrarrestar la agresión proveniente de adversarios tanto internos como externos. Lo que debería haber sido evidente para todos dentro del movimiento era que dichas alianzas eran propicias para la corrupción y generarían presiones por parte de los aliados para frenar o revertir el proceso de transformación.
Desde entonces, la crítica que identifica los aspectos negativos de las políticas del gobierno venezolano y define oportunidades políticas ha sido fundamental. Pero los críticos deben reconocer que los desafíos enfrentados por Maduro son en muchos sentidos mayores que los que tuvo que afrontar Chávez, al menos en los años posteriores a los intentos de cambio de régimen de 2002-2003. Entre esos desafíos se incluyen la abrupta caída de los precios del petróleo (a partir de 2015), la orden ejecutiva de Obama de ese mismo año (que marcó una escalada en la hostilidad por parte de Washington), y el desgaste del entusiasmo popular que inevitablemente ocurre tras largos períodos de sacrificios y dificultades.
Dentro de este contexto se cometieron errores graves. Pero, debido a la extrema polarización que ha caracterizado el período chavista, la lucha por rectificar esos errores tuvo que surgir desde dentro del propio movimiento; es decir, del partido de gobierno y sus aliados. Esto no habría sido necesariamente así en un entorno político menos tenso. Cualquier ataque frontal e incondicional al gobierno desde una perspectiva de izquierda —particularmente si no comprende la gravedad de los desafíos actuales provenientes de la derecha— será, en última instancia, contraproducente.
Este artículo originalmente fue publicado en inglés en Links: International Journal of Socialist Renewal
Notas
1. El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en su libro The Room Where it Happened: A White House Memoir, insinuó que Estados Unidos estuvo detrás del ataque con drones. Bolton escribió que, tras el incidente, “Trump me dijo enfáticamente… ‘Hazlo… Esta es la quinta vez que lo pido.’” https://geopoliticaleconomy.com/2022/07/14/trump-john-bolton-coup-venezuela/
2. Entre los libros relativamente recientes que documentan la guerra contra Venezuela orquestada por Washington se encuentran: Joe Emersberger y Justin Podur, Extraordinary Threat: The U.S. Empire, the Media, and Twenty Years of Coup Attempts in Venezuela (New York: Monthly Review Press, 2021); Anya Parampil, Corporate Coup: Venezuela and the End of US Empire (New York: OR Books, 2024); Timothy M. Gill, Encountering US Empire in Socialist Venezuela: The Legacy of Race, Neocolonialism and Democracy Promotion (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2022); Alan MacLeod, Bad News from Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting (New York, Routledge: 2018).
3. Las publicaciones especializadas en comercio indicaron claramente que la orden ejecutiva de agosto de 2017 de Trump “apuntaba” a la industria petrolera venezolana. Ese mismo año, The Economist señaló que el sector petrolero había “sufrido una desinversión” y predijo que el gobierno de Maduro no permanecería en el poder más allá de 2019. En ese momento, el propio Hetland reconoció el impacto devastador de las medidas de Washington sobre la economía venezolana. Escribió: “Más allá de apoyar a la oposición más radical, las acciones de Estados Unidos han exacerbado directamente la crisis de Venezuela. Estados Unidos ha presionado a bancos estadounidenses y europeos para que eviten hacer negocios con Venezuela, privando al país de los fondos necesarios… Las sanciones estadounidenses (cada vez más respaldadas por otros países) también han exacerbado la crisis”.
La cuestión de los efectos adversos de las acciones de Washington contra Venezuela entre la fecha de la orden ejecutiva de Obama en 2015 —que declaró a Venezuela una “amenaza” para la seguridad nacional de EE. UU.— y la orden de agosto de 2017 es importante. La narrativa de la derecha venezolana, respaldada por analistas que incluyen a algunos de izquierda, sostiene que la crisis económica del país antecede a la principal sanción de EE. UU., emitida en enero de 2019 y diseñada para paralizar las exportaciones de petróleo venezolano. Esta afirmación exime a Estados Unidos de la responsabilidad por las penurias infligidas al pueblo venezolano y culpa exclusivamente a las políticas erradas de Maduro y a la corrupción. Sin embargo, incluso John Bolton admitió que las sanciones impuestas por EE. UU. bajo el gobierno de Trump tenían como objetivo “llevar la producción de la empresa petrolera estatal al nivel más bajo posible”, en un intento de “derribar el régimen de Maduro”.
4. Steve Ellner, “Objective Conditions in Venezuela: Maduro’s Defensive Strategy and Contradictions Among the People.” Science and Society, tomo 87, número 3, p. 389.
5. Chris Gilbert, Commune or Nothing! Venezuela’s Communal Movement and its Socialist Project (New York: Monthly Review Press, 2023), pp. 126-139.
6. Ellner, “Maduro and Machado Play Hardball.” NACLA: Report on the Americas, Spring, 2024, pp. 9, 11.
7. Ellner, “Class Strategies in Chavista Venezuela: Pragmatic and Populist Policies in a Broader Context”, en Ellner (ed.), Latin America’s Pink Tide: Breakthroughs and Shortcomings (Lanhan, MD: Rowman and Littlefield, 2020), pp. 180-184.
8. Ellner, “Objective Conditions in Venezuela,” pp. 401-402, 408, 410.
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